La pasada semana concluyeron en Madrid las diversas marchas de mineros que, desde Asturias, Aragón, León y Andalucía, se habían convocado para expresar así su protesta por el recorte de cerca de un 64 por ciento en las ayudas a la minería del carbón. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya había advertido que es obligado cumplir con la reducción de subvenciones al sector impuesta por la Unión Europea, sobre todo este año en que hay que ajustar el déficit a lo acordado con Bruselas.
Este recorte del 64 por ciento en las partidas destinadas a la producción de carbón en los Presupuestos Generales del Estado es lo que ha encendido la mecha de las protestas, encierros, manifestaciones, enfrentamientos, altercados, paro indefinido y las marchas de unos trabajadores que ven que el Gobierno, con esta medida, los condena al paro y al cierre de las cuencas mineras. Según el secretario de Industrias Extractivas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Juan Carlos Álvarez Liébana, ello conlleva “la condena del sector y el cierre de la actividad”.
La industria minera del carbón genera en España 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, y su producción se destina casi exclusivamente a la generación de electricidad en centrales térmicas. No es un problema nuevo, sino que siempre ha sido una actividad que ha necesitado aranceles para ser rentable y competitiva.
Su consideración como "servicio público" por el problema social que afectaría a regiones sin otra alternativa productiva ha motivado que los distintos Gobiernos hayan extendido las ayudas al sector hasta el último plazo en 2018 autorizado por Europa, cuya Directiva que regula el funcionamiento del mercado de la electricidad permitía a los Estados miembros instaurar este tipo de obligaciones de servicio público por razones de seguridad en el abastecimiento.
Ese compromiso de reducción progresiva de las subvenciones al carbón, por motivos medioambientales dada la contaminación por gases de efecto invernadero que genera, es lo que ahora ha incumplido el Gobierno del Partido Popular, acortando los plazos y aplicando recortes de mayor cuantía a causa de la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit en las cuentas nacionales.
A ello se añade que las vetas de carbón están prácticamente agotadas y el precio de producción es más caro que el de otros países. Además, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación atmosférica, de aguas y suelos, y las alteraciones paisajísticas, todo en su conjunto determina que el futuro del carbón autóctono es más negro que el propio mineral.
Sin embargo, no sólo con recortes se aborda un problema del que son ajenos los trabajadores. Los mineros son víctimas de una mala política energética, de una deplorable gestión de las ayudas y subvenciones y de una carente capacidad gubernamental para generar alternativas de economía productiva en las regiones de las cuencas afectadas por la reconversión de la minería del carbón.
Reconducir la situación es lo que exigen al Gobierno los mineros que llegaron tras días de marcha a Madrid. Deploran el certificado de defunción que el ministro les quiere aplicar y, con su presencia en la capital y las caras tiznadas, pretendían presionar para que se les prometa un plan viable de reconversión y reubicación que garantice el trabajo.
No quieren subvenciones, pero tampoco recortes: aspiran a tener trabajo. Y aunque el carbón sólo representa el 7 por ciento de la energía eléctrica, y ésta es mucho más barata quemando carbón importado del exterior, los mineros son españoles a los que el Gobierno no puede abandonar a su suerte sin preocuparse por buscar soluciones y alternativas. Es su obligación y así se lo demandan los ciudadanos, sean mineros o no.
Este recorte del 64 por ciento en las partidas destinadas a la producción de carbón en los Presupuestos Generales del Estado es lo que ha encendido la mecha de las protestas, encierros, manifestaciones, enfrentamientos, altercados, paro indefinido y las marchas de unos trabajadores que ven que el Gobierno, con esta medida, los condena al paro y al cierre de las cuencas mineras. Según el secretario de Industrias Extractivas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Juan Carlos Álvarez Liébana, ello conlleva “la condena del sector y el cierre de la actividad”.
La industria minera del carbón genera en España 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, y su producción se destina casi exclusivamente a la generación de electricidad en centrales térmicas. No es un problema nuevo, sino que siempre ha sido una actividad que ha necesitado aranceles para ser rentable y competitiva.
Su consideración como "servicio público" por el problema social que afectaría a regiones sin otra alternativa productiva ha motivado que los distintos Gobiernos hayan extendido las ayudas al sector hasta el último plazo en 2018 autorizado por Europa, cuya Directiva que regula el funcionamiento del mercado de la electricidad permitía a los Estados miembros instaurar este tipo de obligaciones de servicio público por razones de seguridad en el abastecimiento.
Ese compromiso de reducción progresiva de las subvenciones al carbón, por motivos medioambientales dada la contaminación por gases de efecto invernadero que genera, es lo que ahora ha incumplido el Gobierno del Partido Popular, acortando los plazos y aplicando recortes de mayor cuantía a causa de la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit en las cuentas nacionales.
A ello se añade que las vetas de carbón están prácticamente agotadas y el precio de producción es más caro que el de otros países. Además, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación atmosférica, de aguas y suelos, y las alteraciones paisajísticas, todo en su conjunto determina que el futuro del carbón autóctono es más negro que el propio mineral.
Sin embargo, no sólo con recortes se aborda un problema del que son ajenos los trabajadores. Los mineros son víctimas de una mala política energética, de una deplorable gestión de las ayudas y subvenciones y de una carente capacidad gubernamental para generar alternativas de economía productiva en las regiones de las cuencas afectadas por la reconversión de la minería del carbón.
Reconducir la situación es lo que exigen al Gobierno los mineros que llegaron tras días de marcha a Madrid. Deploran el certificado de defunción que el ministro les quiere aplicar y, con su presencia en la capital y las caras tiznadas, pretendían presionar para que se les prometa un plan viable de reconversión y reubicación que garantice el trabajo.
No quieren subvenciones, pero tampoco recortes: aspiran a tener trabajo. Y aunque el carbón sólo representa el 7 por ciento de la energía eléctrica, y ésta es mucho más barata quemando carbón importado del exterior, los mineros son españoles a los que el Gobierno no puede abandonar a su suerte sin preocuparse por buscar soluciones y alternativas. Es su obligación y así se lo demandan los ciudadanos, sean mineros o no.
DANIEL GUERRERO
