La presión en las sedes de los partidos mayoritarios en España, PP y PSOE, pone de manifiesto la ruptura social de unas políticas impuestas que pretenden de facto y sin refrendo cambiar el modelo de convivencia y las normas del juego del Estado. No hay lugar para la enmienda, ni desde las bases de los dos grandes partidos contrarias a las imposiciones y a un modelo social que debe construirse entre todos.
Rubalcaba puso de manifiesto la connivencia de los dirigentes del PSOE con los poderes fácticos del que vienen, y al que van –con referencias- cuando cesan en su función pública (véase a Elena Salgado, exvicepresidenta de Zapatero, o al expresidente socialista Felipe González).
Joaquín Almunia desde su condición de comisario europeo es otro ejemplo claro: viene del sindicato UGT, fue secretario general de PSOE y no le genera incompatibilidad con su discurso instar al Gobierno a subir el IVA cuanto antes. ¿Dónde ha dejado su ideología y su vocación de servicio público? Al fin y al cabo, la Ejecutiva de los socialistas actualmente viene de la misma casta de los líderes y dirigentes del Partido Popular.
Así lo perciben quienes se concentran diariamente frente a las sedes del partido de Mariano Rajoy y del partido que debería –conforme a la voluntad de sus votantes- hacer una oposición proporcional a los recortes más injustos que recaen sobre la ciudadanía del Estado español.
Compadézcase estos días, y los que están por venir, de las fuerzas del orden público. Mírelos en su condición de funcionarios y de ciudadanos. Sepa que son doblemente víctimas de la acción de unos gobiernos (PP y PSOE) que gobiernan para mantener su estatus, para los inversores que financian sus extravagancias (aeropuertos sin aviones o embalses como el de Melonares sin conducciones para llevar el agua a la metrópoli) y para los intereses de una abstracción que vienen a llamar "mercado", a la que benefician, y de la que se benefician.
Los agentes del orden público en primer lugar han visto cómo pierden poder adquisitivo de manera directa con la reducción de su salario e indirecta con la subida del coste de la vida por el incremento del IVA, la subida de las tarifas de la energía o la creación de nuevos impuestos.
En segundo lugar, se ven en la obligación de luchar en la calle contra sus familias y contra sus propios intereses, actuando como escudo de esta casta política. Unos dirigentes desprovistos de humanidad, que no se ruborizan ante el agravio. No tienen inconvenientes para espetar un sonoro "¡Qué se jodan!" a sus sacrificados gobernados; precisamente desde el Congreso de los Diputados, la cámara suprema desde donde debiera su señoría defender con todas sus fuerzas la soberanía popular frente a cualquier tipo de injerencia.
El Consejo de Ministros deliberativo que tuvo lugar el pasado viernes 13 de julio presidido por su majestad el rey Juan Carlos de Borbón sitúa a la Casa Real en la punta de lanza de un sistema contra el que se salen a la calle los manifestantes.
La Moncloa ha visto conveniente que, una vez que el PSOE se ha posicionado nítidamente del lado de las medidas de Rajoy, sea la más alta institución del Estado la que soporte parte de la responsabilidad y salga a apoyarlas sin fisuras.
Quien haya visto al rey Juan Carlos de Borbón hablar de “solidaridad”, de “esfuerzo” y de “sacrificios” en aras del “crecimiento económico” se habrá llevado las manos a la cabeza, y con razón, ante la falta de ejemplaridad y la incoherencia hiriente de su discurso.
Es la misma persona que mandó a su yerno Iñaki Urdangarin al consejo de administración de Telefónica Internacional en Washington para evadir las investigaciones de sus corruptelas. Es la misma persona que con casi seis millones de desempleados se permite la extravagancia de viajar a un país del Sur a cazar elefantes mientras su esposa, la reina Sofía, celebra la pascua ortodoxa en Grecia, o su hija mayor, la infanta Elena, se prodiga ociosa en Londres.
La Casa Real, la Iglesia y el gran capital amnistiado salen reforzados de esta estafa a la que llaman "crisis". Con una violencia inusitada en sus palabras y en sus acciones políticas, los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista en España pretenden pasar la factura de sus excesos a los trabajadores, cueste lo que cueste.
Los medios de comunicación en España cierran filas del lado de los intereses del mercado. Tras el Golpe de Estado que el Gobierno de Rajoy ha dado a la cadena pública, RTVE, y con la integración de La Sexta a partir del mes de septiembre en el Grupo Planeta (Antena 3, Onda Cero, La Razón), el periodismo desaparece de la esfera pública. El mercado no interpela al poder. Y no hay periodismo sumiso porque si hay sumisión es propaganda. Los medios no atienden a la función social por la que obtuvieron sus licencias estatales para emitir.
El entretenimiento en grandes dosis toma las parrillas. La producción enlatada elaborada años atrás iguala al mínimo exponente la oferta en decenas de canales de la TDT, y los informativos se llenan de contenidos que sustituyen a la información: la espectacular persecución en Texas, la milagrosa habilidad de un niño para tocar el piano en China, el estreno de la serie más cara de la historia justo después del informativo... o cualquier tema que le impida posicionarse o hacer una reflexión de la realidad que vive.
Las grandes corporaciones reproducen el discurso único. En favor de los intereses de los consejos de administración de las empresas de la comunicación. Sin información, el sistema democrático está en jaque. Las redacciones han quedado vacías de periodistas y el derecho a la información que la Constitución de 1978 consagra se ve amenazado. Precisamente por el duopolio Mediaset – Antena3/LaSexta, y por la nueva RTVE al servicio de la propaganda gubernamental.
La acción, por tanto, está en la calle. En los espacios públicos. Los medios juegan la baza de la desinformación. Del miedo. No veremos disidencia a la política del mercado por televisión porque la televisión es de mercado: ¿conectaron en directo durante la noche minera que sacó a miles de personas a las calles de Madrid?
Las redes sociales tratan de salvar la censura de múltiples formas para informar de las acciones cada vez más coordinadas de los colectivos sociales que constituyen el Estado español. La base generadora de riqueza se rebela contra la élite administradora de la riqueza. Exigen el fin de la impunidad de los malos gestores, quieren que terminen los privilegios y que devuelvan cuanto han tomado de la Administración pública.
En Ferraz o en Génova, contra el discurso de PP y PSOE. O en la Puerta del Sol para decir que la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emana el poder de esta casta dirigente. Sus pancartas en las ciudades del Estado español dejan claro que las políticas que pretenden imponer no han sido refrendadas.
La ruptura social es evidente: la brecha que se abre entre los que padecen la crisis y los que se benefician de ella hace imposible para la base social compartir una misma norma que consideran injusta. Los discursos, diversos, multidisciplinares, convergentes: no vienen de un gabinete. Impactan y retumban en los acomodados despachos.
Ni los sindicatos de clase tienen la capacidad de canalizar con sus banderas la creciente radicalización social. Son los mineros, es el profesor de la escuela, es la hija de esa señora dependiente a la que recortan un 15 por ciento de su ayuda, el estudiante que verá limitado el acceso a un derecho fundamental como es la Educación su potencial de crecimiento personal y profesional.
Es el desempleado de 60 años que ve con incertidumbre cómo se le empuja sin mediar palabra al precipicio, o son los de las batas blancas que cada día tratan con unos enfermos y con sus familias y temen que los recortes puedan traducirse en precipitar o provocar víctimas mortales en los centros sanitarios... Todos ellos son los que, a juicio de una niña malcriada, diputada en el Congreso, tienen que joderse.
Es el propósito de una casta que sigue viviendo por encima de sus posibilidades a costa del erario, poco o nada sabe de sacrificios o esfuerzos, y hasta hace tres semanas animaba a celebrar el rescate financiero.
Ahora han subido hasta las tasas aeroportuarias para sacar unos euros extra de la estampida de quienes, forzados por la injusticia, salen de su país a buscar una oportunidad para vivir con dignidad de su trabajo.
¿En qué programa electoral aparecía la amnistía fiscal para los defraudadores, la desarticulación de la Educación pública, la precarización de los trabajadores, la puntilla a la pequeña y mediana empresa o el acoso y derribo a las personas más desprotegidas como los dependientes y los desempleados?
El cerco a la irresponsabilidad de los responsables políticos (PSOE-PP) y económicos (Bankia, Novagalicia, CaixaNova...) y las represiones a los manifestantes van camino de abrir una nueva página llena de interrogantes en la sociedad española.
Un mártir en este contexto puede incendiar las calles y marcar un indeseable antes y después en las manifestaciones hasta ahora pacíficas de los sacrificados. El pacto que exige la población pasa por una salida a esta crisis proporcional a la responsabilidad que cada colectivo ha tenido en ella. Y, de momento, las protestas indican que no está siendo así.
Rubalcaba puso de manifiesto la connivencia de los dirigentes del PSOE con los poderes fácticos del que vienen, y al que van –con referencias- cuando cesan en su función pública (véase a Elena Salgado, exvicepresidenta de Zapatero, o al expresidente socialista Felipe González).
Joaquín Almunia desde su condición de comisario europeo es otro ejemplo claro: viene del sindicato UGT, fue secretario general de PSOE y no le genera incompatibilidad con su discurso instar al Gobierno a subir el IVA cuanto antes. ¿Dónde ha dejado su ideología y su vocación de servicio público? Al fin y al cabo, la Ejecutiva de los socialistas actualmente viene de la misma casta de los líderes y dirigentes del Partido Popular.
Así lo perciben quienes se concentran diariamente frente a las sedes del partido de Mariano Rajoy y del partido que debería –conforme a la voluntad de sus votantes- hacer una oposición proporcional a los recortes más injustos que recaen sobre la ciudadanía del Estado español.
El doble agravio
Compadézcase estos días, y los que están por venir, de las fuerzas del orden público. Mírelos en su condición de funcionarios y de ciudadanos. Sepa que son doblemente víctimas de la acción de unos gobiernos (PP y PSOE) que gobiernan para mantener su estatus, para los inversores que financian sus extravagancias (aeropuertos sin aviones o embalses como el de Melonares sin conducciones para llevar el agua a la metrópoli) y para los intereses de una abstracción que vienen a llamar "mercado", a la que benefician, y de la que se benefician.
Los agentes del orden público en primer lugar han visto cómo pierden poder adquisitivo de manera directa con la reducción de su salario e indirecta con la subida del coste de la vida por el incremento del IVA, la subida de las tarifas de la energía o la creación de nuevos impuestos.
En segundo lugar, se ven en la obligación de luchar en la calle contra sus familias y contra sus propios intereses, actuando como escudo de esta casta política. Unos dirigentes desprovistos de humanidad, que no se ruborizan ante el agravio. No tienen inconvenientes para espetar un sonoro "¡Qué se jodan!" a sus sacrificados gobernados; precisamente desde el Congreso de los Diputados, la cámara suprema desde donde debiera su señoría defender con todas sus fuerzas la soberanía popular frente a cualquier tipo de injerencia.
La intercesión del rey
El Consejo de Ministros deliberativo que tuvo lugar el pasado viernes 13 de julio presidido por su majestad el rey Juan Carlos de Borbón sitúa a la Casa Real en la punta de lanza de un sistema contra el que se salen a la calle los manifestantes.
La Moncloa ha visto conveniente que, una vez que el PSOE se ha posicionado nítidamente del lado de las medidas de Rajoy, sea la más alta institución del Estado la que soporte parte de la responsabilidad y salga a apoyarlas sin fisuras.
Quien haya visto al rey Juan Carlos de Borbón hablar de “solidaridad”, de “esfuerzo” y de “sacrificios” en aras del “crecimiento económico” se habrá llevado las manos a la cabeza, y con razón, ante la falta de ejemplaridad y la incoherencia hiriente de su discurso.
Es la misma persona que mandó a su yerno Iñaki Urdangarin al consejo de administración de Telefónica Internacional en Washington para evadir las investigaciones de sus corruptelas. Es la misma persona que con casi seis millones de desempleados se permite la extravagancia de viajar a un país del Sur a cazar elefantes mientras su esposa, la reina Sofía, celebra la pascua ortodoxa en Grecia, o su hija mayor, la infanta Elena, se prodiga ociosa en Londres.
La Casa Real, la Iglesia y el gran capital amnistiado salen reforzados de esta estafa a la que llaman "crisis". Con una violencia inusitada en sus palabras y en sus acciones políticas, los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista en España pretenden pasar la factura de sus excesos a los trabajadores, cueste lo que cueste.
El discurso único
Los medios de comunicación en España cierran filas del lado de los intereses del mercado. Tras el Golpe de Estado que el Gobierno de Rajoy ha dado a la cadena pública, RTVE, y con la integración de La Sexta a partir del mes de septiembre en el Grupo Planeta (Antena 3, Onda Cero, La Razón), el periodismo desaparece de la esfera pública. El mercado no interpela al poder. Y no hay periodismo sumiso porque si hay sumisión es propaganda. Los medios no atienden a la función social por la que obtuvieron sus licencias estatales para emitir.
El entretenimiento en grandes dosis toma las parrillas. La producción enlatada elaborada años atrás iguala al mínimo exponente la oferta en decenas de canales de la TDT, y los informativos se llenan de contenidos que sustituyen a la información: la espectacular persecución en Texas, la milagrosa habilidad de un niño para tocar el piano en China, el estreno de la serie más cara de la historia justo después del informativo... o cualquier tema que le impida posicionarse o hacer una reflexión de la realidad que vive.
Las grandes corporaciones reproducen el discurso único. En favor de los intereses de los consejos de administración de las empresas de la comunicación. Sin información, el sistema democrático está en jaque. Las redacciones han quedado vacías de periodistas y el derecho a la información que la Constitución de 1978 consagra se ve amenazado. Precisamente por el duopolio Mediaset – Antena3/LaSexta, y por la nueva RTVE al servicio de la propaganda gubernamental.
Los espacios públicos
La acción, por tanto, está en la calle. En los espacios públicos. Los medios juegan la baza de la desinformación. Del miedo. No veremos disidencia a la política del mercado por televisión porque la televisión es de mercado: ¿conectaron en directo durante la noche minera que sacó a miles de personas a las calles de Madrid?
Las redes sociales tratan de salvar la censura de múltiples formas para informar de las acciones cada vez más coordinadas de los colectivos sociales que constituyen el Estado español. La base generadora de riqueza se rebela contra la élite administradora de la riqueza. Exigen el fin de la impunidad de los malos gestores, quieren que terminen los privilegios y que devuelvan cuanto han tomado de la Administración pública.
En Ferraz o en Génova, contra el discurso de PP y PSOE. O en la Puerta del Sol para decir que la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emana el poder de esta casta dirigente. Sus pancartas en las ciudades del Estado español dejan claro que las políticas que pretenden imponer no han sido refrendadas.
Ruptura social
La ruptura social es evidente: la brecha que se abre entre los que padecen la crisis y los que se benefician de ella hace imposible para la base social compartir una misma norma que consideran injusta. Los discursos, diversos, multidisciplinares, convergentes: no vienen de un gabinete. Impactan y retumban en los acomodados despachos.
Ni los sindicatos de clase tienen la capacidad de canalizar con sus banderas la creciente radicalización social. Son los mineros, es el profesor de la escuela, es la hija de esa señora dependiente a la que recortan un 15 por ciento de su ayuda, el estudiante que verá limitado el acceso a un derecho fundamental como es la Educación su potencial de crecimiento personal y profesional.
Es el desempleado de 60 años que ve con incertidumbre cómo se le empuja sin mediar palabra al precipicio, o son los de las batas blancas que cada día tratan con unos enfermos y con sus familias y temen que los recortes puedan traducirse en precipitar o provocar víctimas mortales en los centros sanitarios... Todos ellos son los que, a juicio de una niña malcriada, diputada en el Congreso, tienen que joderse.
Es el propósito de una casta que sigue viviendo por encima de sus posibilidades a costa del erario, poco o nada sabe de sacrificios o esfuerzos, y hasta hace tres semanas animaba a celebrar el rescate financiero.
Ahora han subido hasta las tasas aeroportuarias para sacar unos euros extra de la estampida de quienes, forzados por la injusticia, salen de su país a buscar una oportunidad para vivir con dignidad de su trabajo.
¿En qué programa electoral aparecía la amnistía fiscal para los defraudadores, la desarticulación de la Educación pública, la precarización de los trabajadores, la puntilla a la pequeña y mediana empresa o el acoso y derribo a las personas más desprotegidas como los dependientes y los desempleados?
El cerco a la irresponsabilidad de los responsables políticos (PSOE-PP) y económicos (Bankia, Novagalicia, CaixaNova...) y las represiones a los manifestantes van camino de abrir una nueva página llena de interrogantes en la sociedad española.
Un mártir en este contexto puede incendiar las calles y marcar un indeseable antes y después en las manifestaciones hasta ahora pacíficas de los sacrificados. El pacto que exige la población pasa por una salida a esta crisis proporcional a la responsabilidad que cada colectivo ha tenido en ella. Y, de momento, las protestas indican que no está siendo así.
JUAN C. ROMERO
