Comienza el período de mayor número de desplazamientos de vehículos por carretera, debido a las vacaciones, y el precio de la gasolina vuelve, como de costumbre, a experimentar una subida no justificada por ningún problema de abastecimiento ni de escasez en los países suministradores de petróleo. La única explicación para alzas instantáneas y descensos lentísimos en los precios de los carburantes es que el Estado y las empresas del sector aprovechan la fuerte demanda para hacer caja.
El fin de semana que enlaza julio con agosto, momento para el retorno de muchos veraneantes y de partida para un número aun mayor de ellos, en el que se prevén millones de desplazamientos por carretera, siempre acusa un aumento considerable del precio de las gasolinas.
En esta ocasión, la gasolina y el gasóleo han registrado subidas del 1,9 y del 2,9 por ciento respectivamente, hasta alcanzar prácticamente máximos históricos. Y salvo esa circunstancia de mayor consumo de energía, nada explica las razones del incremento de los precios. Ni siquiera las oscilaciones en el valor de compra de los barriles de crudo en origen, que se efectúa con seis meses de antelación.
Los automovilistas se ven obligados, en una situación de grandes dificultades económicas, a hacer mayores desembolsos para llenar los depósitos de sus vehículos, hasta un 10 por ciento más caro el litro de gasolina con respecto a la misma semana del año anterior, y un 7,4 por ciento de encarecimiento el gasoil, combustible consumido por el 80 por ciento del parque automovilístico español.
Las patronales del sector y el Gobierno arguyen que los precios de las gasolinas en España son inferiores a la media comunitaria, un argumento que se reitera cuando no se encuentran excusas que justifiquen el aumento de los precios. Se trata de una comparativa parcial porque sólo ofrece valores absolutos y no relativos, que reflejen la incidencia real de los carburantes en el poder adquisitivo de cada país.
En España, esta subida se produce en un contexto económico que exige grandes sacrificios a la población, como es la subida de impuestos, el recorte de salarios, el copago de las medicinas, parálisis de la actividad económica y unas tasas de paro nunca vistas en el país.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número total de desempleados se halla en 5.693.100 personas, lo que eleva la tasa de paro hasta el 24,63 por ciento, el nivel más alto de la serie histórica, evidenciando una situación de deterioro y recesión de la economía española.
Aun así, Repsol, la mayor empresa petrolera española, hace balance de su negocio durante el primer semestre del año, en el que obtiene una cifra de beneficios (inferiores a los del año pasado, pero beneficios al fin y al cabo) de 1.036 millones de euros, un 22,9 por ciento menos que el mismo período del año anterior.
Pero lo curioso es que achaca estos “malos” resultados al descenso de los precios del petróleo –lo que no es óbice para subir las gasolinas- y a la enajenación de su filial YPF por parte del Gobierno de Argentina. La compañía, incluso, ha explicado que excluyendo la actividad de YPF y descontando el efecto de inventario, habría ganado 894 millones de euros, un 3 por ciento más que en los primeros seis meses de 2011.
Es decir, ni una mala racha del negocio ni problemas de suministros justifican la fuerte subida del precio de las gasolinas, sino el abuso al que se somete a unos consumidores cautivos por la avaricia de rentabilidad de unas empresas que actúan en régimen de oligopolio (pocos oferentes y muchos demandantes, por lo que acuerdan precios) y el afán recaudatorio del Gobierno, (más del 50 por ciento de impuestos gravan cada litro).
Petroleras y Gobierno forman un “cártel” que esquilma a los ciudadanos cada vez que acuden a una gasolinera, sin importarles que usted use su vehículo por necesidad o placer. Un abuso en toda regla.
El fin de semana que enlaza julio con agosto, momento para el retorno de muchos veraneantes y de partida para un número aun mayor de ellos, en el que se prevén millones de desplazamientos por carretera, siempre acusa un aumento considerable del precio de las gasolinas.
En esta ocasión, la gasolina y el gasóleo han registrado subidas del 1,9 y del 2,9 por ciento respectivamente, hasta alcanzar prácticamente máximos históricos. Y salvo esa circunstancia de mayor consumo de energía, nada explica las razones del incremento de los precios. Ni siquiera las oscilaciones en el valor de compra de los barriles de crudo en origen, que se efectúa con seis meses de antelación.
Los automovilistas se ven obligados, en una situación de grandes dificultades económicas, a hacer mayores desembolsos para llenar los depósitos de sus vehículos, hasta un 10 por ciento más caro el litro de gasolina con respecto a la misma semana del año anterior, y un 7,4 por ciento de encarecimiento el gasoil, combustible consumido por el 80 por ciento del parque automovilístico español.
Las patronales del sector y el Gobierno arguyen que los precios de las gasolinas en España son inferiores a la media comunitaria, un argumento que se reitera cuando no se encuentran excusas que justifiquen el aumento de los precios. Se trata de una comparativa parcial porque sólo ofrece valores absolutos y no relativos, que reflejen la incidencia real de los carburantes en el poder adquisitivo de cada país.
En España, esta subida se produce en un contexto económico que exige grandes sacrificios a la población, como es la subida de impuestos, el recorte de salarios, el copago de las medicinas, parálisis de la actividad económica y unas tasas de paro nunca vistas en el país.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número total de desempleados se halla en 5.693.100 personas, lo que eleva la tasa de paro hasta el 24,63 por ciento, el nivel más alto de la serie histórica, evidenciando una situación de deterioro y recesión de la economía española.
Aun así, Repsol, la mayor empresa petrolera española, hace balance de su negocio durante el primer semestre del año, en el que obtiene una cifra de beneficios (inferiores a los del año pasado, pero beneficios al fin y al cabo) de 1.036 millones de euros, un 22,9 por ciento menos que el mismo período del año anterior.
Pero lo curioso es que achaca estos “malos” resultados al descenso de los precios del petróleo –lo que no es óbice para subir las gasolinas- y a la enajenación de su filial YPF por parte del Gobierno de Argentina. La compañía, incluso, ha explicado que excluyendo la actividad de YPF y descontando el efecto de inventario, habría ganado 894 millones de euros, un 3 por ciento más que en los primeros seis meses de 2011.
Es decir, ni una mala racha del negocio ni problemas de suministros justifican la fuerte subida del precio de las gasolinas, sino el abuso al que se somete a unos consumidores cautivos por la avaricia de rentabilidad de unas empresas que actúan en régimen de oligopolio (pocos oferentes y muchos demandantes, por lo que acuerdan precios) y el afán recaudatorio del Gobierno, (más del 50 por ciento de impuestos gravan cada litro).
Petroleras y Gobierno forman un “cártel” que esquilma a los ciudadanos cada vez que acuden a una gasolinera, sin importarles que usted use su vehículo por necesidad o placer. Un abuso en toda regla.
DANIEL GUERRERO
