Llama la atención la poca cobertura mediática que está recibiendo el caso de las mensalão en Brasil. Se trata de un proceso histórico para el país que puede influir notablemente en su futuro político. El caso tiene su origen en 2005, si bien ya había rumores un año antes. Algunas publicaciones brasileñas empezaron a acusar a ciertos miembros del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernaba Brasil bajo la dirección de Lula da Silva, de pagar lo que ha venido a denominarse mensalão a aforados de partidos de la oposición para sacar adelante sus políticas.
Estas acusaciones serían confirmadas por el acusado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño, lo que obligó al Gobierno a llevar a cabo una comisión de investigación en la que incluso hay bancos implicados, como Banco Rural o BMG.
El expresidente Lula da Silva no está implicado directamente en el caso, pero puso en juego su prestigio al defender la inocencia de los acusados. Y eso es decir mucho, porque da Silva es el presidente más popular de la historia de Brasil. Tanto es así, que su sucesora Dilma Rousseff aún bebe de su influencia.
Aparte, también va en su contra el hecho de que se considere como cerebro de la trama al mismísimo José Dirceu, que llegó a tener a su cargo la Casa Civil brasileña (cargo equivalente al de jefe de Gabinete, ministro de la Presidencia o similar).
La gravedad del asunto a nivel político es enorme. Sin duda alguna, uno de los mayores problemas de Brasil es la corrupción, contra la que Rousseff ha llevado a cabo una auténtica cruzada. De hecho, hay analistas que apuntan la posibilidad de que esta lucha "sin cuartel" sea consecuencia de este proceso de las mensalão, en un intento de distanciarse del caso.
Sea como sea, las primeras consecuencias políticas del escándalo se pueden apreciar en el Partido de los Trabajadores. Rui Falcão, presidente del PT y representante de su línea más dura, ha llegado a desafiar al Tribunal Supremo en el caso de que su sentencia sea contraria a los intereses del partido.
Sin embargo, Tarso Genro, exministro de Educación de da Silva y actual gobernador de Rio Grande do Sul, pide respeto a la Justicia y defiende la necesidad de depurar responsabilidades. Este último personaje mantiene buenas relaciones con todas las facciones y es uno de los políticos más populares y respetados en el país carioca.
En la división interna del partido también contribuye la posición de Lula da Silva, que denuncia que se trata de una conspiración de las elites y de los medios reaccionarios para socavar su popularidad y, con ella, los logros alcanzados por este país en los últimos años. Hay que insistir, no está directamente implicado, pero moralmente está en entredicho.
La gravedad del asunto para Rousseff es evidente. Una sentencia contraria deslegitimaría la labor de su partido durante años, aparte de que restaría credibilidad a su cruzada contra la corrupción.
Los analistas no esperan consecuencias electorales para el partido por la debilidad y mala fama de la oposición, pero la popularidad de Rousseff emana en buena medida de Lula da Silva. Si él es condenado, aunque sea moralmente, ella quedará parcialmente estigmatizada.
La estrategia de la presidenta para evitar un efecto contagio ha sido endurecer la lucha contra la corrupción, desmarcarse de los supuestos corruptos e, incluso, apoyar la investigación. Estas tácticas, unidas a la acción mediática, deberían de bastar por el momento.
Un gesto muy significativo ha sido el nombrar para el Tribunal Supremo a Toeri Zavascki, en sustitución de Cezas Peluso, que acaba de cumplir 70 años, el límite de edad para seguir en el ejercicio del cargo. Se trata de un magistrado "técnico", y no cercano al partido. Un gesto político en medio del juicio.
Todos los indicios parecen presagiar una sentencia poco favorable al PT y a miembros de los demás partidos implicados. Dilma Rousseff ha mostrado su posición y está por ver la reacción de una pieza clave en el proceso a nivel político y moral: Lula da Silva. ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo influirá ese revés en la propia Rousseff? Las incógnitas se resolverán en las próximas semanas.
Estas acusaciones serían confirmadas por el acusado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño, lo que obligó al Gobierno a llevar a cabo una comisión de investigación en la que incluso hay bancos implicados, como Banco Rural o BMG.
El expresidente Lula da Silva no está implicado directamente en el caso, pero puso en juego su prestigio al defender la inocencia de los acusados. Y eso es decir mucho, porque da Silva es el presidente más popular de la historia de Brasil. Tanto es así, que su sucesora Dilma Rousseff aún bebe de su influencia.
Aparte, también va en su contra el hecho de que se considere como cerebro de la trama al mismísimo José Dirceu, que llegó a tener a su cargo la Casa Civil brasileña (cargo equivalente al de jefe de Gabinete, ministro de la Presidencia o similar).
La gravedad del asunto a nivel político es enorme. Sin duda alguna, uno de los mayores problemas de Brasil es la corrupción, contra la que Rousseff ha llevado a cabo una auténtica cruzada. De hecho, hay analistas que apuntan la posibilidad de que esta lucha "sin cuartel" sea consecuencia de este proceso de las mensalão, en un intento de distanciarse del caso.
Sea como sea, las primeras consecuencias políticas del escándalo se pueden apreciar en el Partido de los Trabajadores. Rui Falcão, presidente del PT y representante de su línea más dura, ha llegado a desafiar al Tribunal Supremo en el caso de que su sentencia sea contraria a los intereses del partido.
Sin embargo, Tarso Genro, exministro de Educación de da Silva y actual gobernador de Rio Grande do Sul, pide respeto a la Justicia y defiende la necesidad de depurar responsabilidades. Este último personaje mantiene buenas relaciones con todas las facciones y es uno de los políticos más populares y respetados en el país carioca.
En la división interna del partido también contribuye la posición de Lula da Silva, que denuncia que se trata de una conspiración de las elites y de los medios reaccionarios para socavar su popularidad y, con ella, los logros alcanzados por este país en los últimos años. Hay que insistir, no está directamente implicado, pero moralmente está en entredicho.
La gravedad del asunto para Rousseff es evidente. Una sentencia contraria deslegitimaría la labor de su partido durante años, aparte de que restaría credibilidad a su cruzada contra la corrupción.
Los analistas no esperan consecuencias electorales para el partido por la debilidad y mala fama de la oposición, pero la popularidad de Rousseff emana en buena medida de Lula da Silva. Si él es condenado, aunque sea moralmente, ella quedará parcialmente estigmatizada.
La estrategia de la presidenta para evitar un efecto contagio ha sido endurecer la lucha contra la corrupción, desmarcarse de los supuestos corruptos e, incluso, apoyar la investigación. Estas tácticas, unidas a la acción mediática, deberían de bastar por el momento.
Un gesto muy significativo ha sido el nombrar para el Tribunal Supremo a Toeri Zavascki, en sustitución de Cezas Peluso, que acaba de cumplir 70 años, el límite de edad para seguir en el ejercicio del cargo. Se trata de un magistrado "técnico", y no cercano al partido. Un gesto político en medio del juicio.
Todos los indicios parecen presagiar una sentencia poco favorable al PT y a miembros de los demás partidos implicados. Dilma Rousseff ha mostrado su posición y está por ver la reacción de una pieza clave en el proceso a nivel político y moral: Lula da Silva. ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo influirá ese revés en la propia Rousseff? Las incógnitas se resolverán en las próximas semanas.
RAFAEL SOTO
