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La paradoja de la concertada

Dicen, aunque es un hecho que tengo aún pendiente de contrastar, que cuando el dedo señala al cielo el tonto mira el dedo. Es la única explicación posible que me queda, descartando la alevosía, para entender por qué los debates políticos sobre educación se centran en Educación para la Ciudadanía sí, Educación para la Ciudadanía no... Sí, pero con matices... No, con algunas salvedades... y así un largo etcétera que los (y nos) desvía de los principales problemas de este desastroso sistema educativo y llena las áridas horas vespertinas de debates radiofónicos o televisivos con expertos (palabra de moda donde las haya) que nunca se han manchado los dedos de tiza.

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Como el fango que cubre la enseñanza en España es espeso y no tengo a mano mis botas de agua, trataré simplemente de bosquejar una curiosa paradoja que se produce en estos días de vuelta a las aulas: en las arcas de la Junta hay dinero para pagar a los profesores de la concertada, pero no para los interinos de la pública.

La enseñanza concertada es un especie de híbrido público-privado, ya que al profesorado le abona una parte de su sueldo el Estado y otra la entidad que rige el centro; aunque es cierto que no gozan de los mismos derechos laborales que los funcionarios docentes (salario, horas de clase, etc...) existen diversos colectivos, como la plataforma Igual a Igual, que luchan por la equiparación laboral.

Sin embargo, la situación de partida es, hasta cierto punto, discriminante a favor de la concertada: para ejercer como profesor en un centro público has de pasar por el trámite de aprobar unas oposiciones (que no es, ni de lejos, el método óptimo para la selección de los mejores preparados, pero recuerden, no tengo a mano las botas de agua) no obstante, para ejercer como docente en un centro concertado y que parte de tu sueldo corra a cargo de las arcas públicas, sólo necesitas una entrevista de trabajo, conocer al director o haber sido catequista juvenil.

En un momento donde están desapareciendo los derechos sociales al mismo ritmo que la selva amazónica, y considerando a España un país laico, es curioso que ningún Gobierno, sea cual fuere su color, le haya metido mano al asunto de la subvención de la enseñanza privada religiosa (dado que la mayoría de estos centros escolares están regidos por órdenes religiosas).

¿Es necesaria, realmente, una enseñanza intermedia entre lo público y lo privado? Mejor nos iría invirtiendo los fondos destinados al hibridismo en la mejora de las dotaciones de los centros públicos y en calidad de la formación del profesorado. El que quiera privada, que se la pague, del mismo modo que el Estado no me paga una parte de la cuota de Sanitas, no veo por qué tiene que subvencionar que mi hijo acuda al Santo Ángel a formarse.

PABLO POÓ
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