La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha servido para el objetivo con el que estaba convocada: calmar a los mercados y lanzar un mensaje inequívoco del compromiso del Estado y las comunidades autónomas para cumplir con el objetivo de déficit. Acuerdo que contribuye a ahuyentar el discurso de quienes han encontrado en el modelo autónomico a su chivo expiatorio para arañar votos de la indignación. Con sus luces y sombras, las autonomías han servido para minimizar las desigualdades sociales entre un ciudadano de Badalona y otro de Estepa.
Ni siquiera Artur Mas, aficionado como el que más a la ideología de los recortes sin límites, planteó a los demás presidentes autonómicos su soberanismo electoral. Todos los presidentes autonómicos parecen haber salido contentos pero todos obvian que el documento pactado significa más dolor social a los ya muy castigados ciudadanos que deambulan a través de la incertidumbre que habita fuera del Salón de Pasos Perdidos del Senado, lugar donde se reunieron las administraciones autonómica y central del Estado.
Los gobiernos autonómicos han hecho piña con el central para que, si nos despeñamos, al menos podamos salvar alguna parte del cuerpo. La situación es tan caótica que, honestamente, es entendible que no haya otra alternativa que renunciar a los maximalismos y al mercadeo electoral.
Una vez que la autonomía presupuestaria de España está en manos de la troika, a su vez, la autonomía de la troika está depositada en los consejos de administración de las grandes corporaciones empresariales globales que gobiernan el mundo sin necesidad de concurrir a simulacros electorales.
Es hasta comprensible que el apoyo parlamentario que UPyD presta al presidente de Asturias, Javier Fernández, sea la causa por la que éste defienda en el Principado la recentralización del Estado, se niegue a debatir un nuevo sistema de financiación autonómica y busque la confrontación con el también socialista andaluz José Antonio Griñán. También es entendible que el presidente del Ejecutivo andaluz dé por bueno el documento pactado que condena a Andalucía a reducir el déficit.
Esto significa recortar en Sanidad, Educación, Atención a la Dependencia y dignidad social, en una mayor proporción que otras comunidades autónomas con mayor deuda pública pero tratadas por el Ejecutivo central con mayor benevolencia que Andalucía por la sencilla razón de estar gobernadas por compañeros de partido de Mariano Rajoy.
Ante la grave situación de bancarrota de las cuentas autonómicas y estatales, son entendibles los pactos, las declaraciones bienintencionadas y la responsabilidad que la derecha no tuvo cuando fue oposición.
Si por el PP hubiera sido, España estaría intervenida desde mayo de 2010, cuando los conservadores votaron en contra del primer Plan de Austeridad que presentó José Luis Rodríguez Zapatero. “Que caiga España que ya la levantaremos nosotros”, dijo el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando la responsabilidad que ahora exige a la oposición era un impedimento para la estrategia electoral conservadora.
Fueron entonces, paradójicamente, los nacionalistas catalanes y canarios, junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) quienes salvaron a España de caer en las garras de la troika gracias a su abstención.
Es más, en la última Conferencia de Presidentes, con Rodríguez Zapatero aún de presidente del Ejecutivo central, los barones del PP unieron sus fuerzas para actuar con la irresponsabilidad económica, política y social con la que no han actuado los presidentes autonómicos socialistas de Andalucía o Euskadi o los gobernantes nacionalistas de Canarias o Cataluña.
Todo es entendible: lo contrario sería sacar a pasear un populismo y un desconocimiento de la situación imperdonables para quien aún quiera evitar un conflicto social de consecuencias impredecibles.
Todo es entendible menos que el Gobierno andaluz, compuesto por PSOE-A e IU, se haya rendido a liderar una alternativa ideológica que explique a los ciudadanos que la izquierda con representación parlamentaria tiene un plan alternativo para librar a las víctimas de la crisis de la insensibilidad de una ideología que se resiste a aceptar que lo que falla no es la dosis de la medicina de la austeridad, sino el medicamento propiamente dicho.
En democracia, todo es entendible menos la sensación de que no hay más alternativa que el sufrimiento. Los andaluces que votaron para desobedecer los mandamientos de la derecha centralista andan buscando su voto que, visto el resultado, fue a parar a la marca blanca y amable de la ideología de la austeridad.
Nada es más peligroso para la supervivencia del sistema democrático, y nada le gusta más al populismo que todo lo soluciona con eliminar políticos y “duplicidades”, que la ausencia de una narrativa que ilumine el final del túnel de la austeridad.
Ni siquiera Artur Mas, aficionado como el que más a la ideología de los recortes sin límites, planteó a los demás presidentes autonómicos su soberanismo electoral. Todos los presidentes autonómicos parecen haber salido contentos pero todos obvian que el documento pactado significa más dolor social a los ya muy castigados ciudadanos que deambulan a través de la incertidumbre que habita fuera del Salón de Pasos Perdidos del Senado, lugar donde se reunieron las administraciones autonómica y central del Estado.
Los gobiernos autonómicos han hecho piña con el central para que, si nos despeñamos, al menos podamos salvar alguna parte del cuerpo. La situación es tan caótica que, honestamente, es entendible que no haya otra alternativa que renunciar a los maximalismos y al mercadeo electoral.
Una vez que la autonomía presupuestaria de España está en manos de la troika, a su vez, la autonomía de la troika está depositada en los consejos de administración de las grandes corporaciones empresariales globales que gobiernan el mundo sin necesidad de concurrir a simulacros electorales.
Es hasta comprensible que el apoyo parlamentario que UPyD presta al presidente de Asturias, Javier Fernández, sea la causa por la que éste defienda en el Principado la recentralización del Estado, se niegue a debatir un nuevo sistema de financiación autonómica y busque la confrontación con el también socialista andaluz José Antonio Griñán. También es entendible que el presidente del Ejecutivo andaluz dé por bueno el documento pactado que condena a Andalucía a reducir el déficit.
Esto significa recortar en Sanidad, Educación, Atención a la Dependencia y dignidad social, en una mayor proporción que otras comunidades autónomas con mayor deuda pública pero tratadas por el Ejecutivo central con mayor benevolencia que Andalucía por la sencilla razón de estar gobernadas por compañeros de partido de Mariano Rajoy.
Ante la grave situación de bancarrota de las cuentas autonómicas y estatales, son entendibles los pactos, las declaraciones bienintencionadas y la responsabilidad que la derecha no tuvo cuando fue oposición.
Si por el PP hubiera sido, España estaría intervenida desde mayo de 2010, cuando los conservadores votaron en contra del primer Plan de Austeridad que presentó José Luis Rodríguez Zapatero. “Que caiga España que ya la levantaremos nosotros”, dijo el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando la responsabilidad que ahora exige a la oposición era un impedimento para la estrategia electoral conservadora.
Fueron entonces, paradójicamente, los nacionalistas catalanes y canarios, junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) quienes salvaron a España de caer en las garras de la troika gracias a su abstención.
Es más, en la última Conferencia de Presidentes, con Rodríguez Zapatero aún de presidente del Ejecutivo central, los barones del PP unieron sus fuerzas para actuar con la irresponsabilidad económica, política y social con la que no han actuado los presidentes autonómicos socialistas de Andalucía o Euskadi o los gobernantes nacionalistas de Canarias o Cataluña.
Todo es entendible: lo contrario sería sacar a pasear un populismo y un desconocimiento de la situación imperdonables para quien aún quiera evitar un conflicto social de consecuencias impredecibles.
Todo es entendible menos que el Gobierno andaluz, compuesto por PSOE-A e IU, se haya rendido a liderar una alternativa ideológica que explique a los ciudadanos que la izquierda con representación parlamentaria tiene un plan alternativo para librar a las víctimas de la crisis de la insensibilidad de una ideología que se resiste a aceptar que lo que falla no es la dosis de la medicina de la austeridad, sino el medicamento propiamente dicho.
En democracia, todo es entendible menos la sensación de que no hay más alternativa que el sufrimiento. Los andaluces que votaron para desobedecer los mandamientos de la derecha centralista andan buscando su voto que, visto el resultado, fue a parar a la marca blanca y amable de la ideología de la austeridad.
Nada es más peligroso para la supervivencia del sistema democrático, y nada le gusta más al populismo que todo lo soluciona con eliminar políticos y “duplicidades”, que la ausencia de una narrativa que ilumine el final del túnel de la austeridad.
RAÚL SOLÍS
