Los presupuestos de 2013 sientan las bases para el crecimiento y hacen gala de la primera acepción de "presupuesto" en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Con la excusa de la crisis, se enmienda la fuga de inversores abriendo nuevos espacios al concierto o participación del capital privado.
Instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o la Unión Europea liderada por la canciller Angela Merkel, demandan más valentía en los ajustes al ejecutivo español de cara al rescate final. "Valentía" es sinónimo de "quitarse la careta" y "ajustes" significa "desarticular el Estado de Bienestar" con todas sus letras.
El líder del principal partido de la oposición no lo tiene fácil para presentarse como alternativa a estas políticas. Las grandes movilizaciones del 25 y 29 de septiembre exigiendo un proceso constituyente en España, con el plus de conciencia cívica y social testado en las protestas del 15-M en 2011, no las lideran los socialistas.
Es más, la propia Elena Valenciano marcaba distancias con los indignados a propósito de la iniciativa Rodea el Congreso. Y es que como vicepresidente del Gobierno en la etapa de Zapatero, Rubalcaba fue el artífice de fijar las bases que permiten unos presupuestos agresivos para el concepto –precisamente alemán- de Estado social que consagra la Constitución de 1978. La misma Carta Magna que durante años garantizó la paz social tras la dictadura franquista, y que, por acuerdo de PSOE y PP, fue subordinada a los intereses del capital, rompiendo el consenso que garantizaba su vigencia.
La modificación del artículo 135 en agosto de 2011 introduce una clave que pone en evidencia la incoherencia del discurso del PSOE en estos momentos, y la incapacidad de Rubalcaba para liderar la oposición a Rajoy.
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”, dice el punto tercero del artículo modificado en aras de la estabilidad presupuestaria.
Su cumplimiento se ha traducido en que una cuarta parte del presupuesto se destina a hacer frente a la deuda, y sus intereses se igualan a la inversión de los ministerios en 2013. Deuda transferida al Estado, entre otros conceptos, por la inyección de dinero público a entidades privadas cuyo saneamiento y cese de sus "malos gestores" (indemnizaciones y cláusulas especiales incluidas) corrieron a cargo de las arcas públicas.
Rajoy hace lo que tiene que hacer, sienta las bases para el crecimiento futuro. La crisis es simplemente un presupuesto para cambiar las reglas del juego. "Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo", según el Diccionario de la RAE.
La reforma laboral abarató el despido y dejó al descubierto a la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, cuando, pañuelo palestino al cuello, gritaba en campaña electoral ante flashes y cámaras que su partido era "el de los trabajadores".
Hasta 2008, las inversiones en suelo español se concentraron en el ladrillazo. Una vez que el sector inmobiliario ha caído, los inversores buscan nichos de mercado. La desarticulación del sector público a través de la precarización o de la privatización viene a abrir espacios para la inversión privada.
La austeridad de las cuentas públicas supone que no se convoquen oposiciones para cubrir plazas por jubilaciones y bajas, y en el peor escenario, el despido directo o indirecto de miles de trabajadores de entidades públicas. Más desempleados para optar a una oferta escasa de empleos. Más gasto, menos ingresos para la Seguridad Social.
A falta de ladrillo, la Administración busca atraer al inversor con la promesa de rentabilidad en sectores clave. Así sea a costa de desproteger a la ciudadanía: de mercantilizar prestaciones y derechos. El Estado entrega una cartera de servicios y prestaciones públicas a inversores privados para que éstos obtengan rentabilidad de ellos.
Si se sacrifican las inversiones destinadas al sistema público de salud, las prestaciones serán más precarias. El colapso por los recortes conduce a una atención más deficiente y con tiempos de espera inadmisibles, como los que ya denuncia el Sindicato de Enfermería (SATSE).
El ciudadano con recursos se verá abocado a acceder a una cartera de servicios privados por el costo económico que se ajuste a sus necesidades. Si se sacrifican las inversiones destinadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el ciudadano con recursos atenderá a la alarma social y a la publicidad de los medios para contratar servicios de alarmas y de seguridad privada.
Si suben las tasas universitarias y retiran o restringen las becas, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya ha anunciado que promoverá unos créditos para estudiantes. Lo prometido, en efecto, es deuda… Así sea para formarse o para tener acceso a derechos fundamentales como la Educación o la Sanidad.
En anteriores crisis, los espacios que se abrieron a la libre competencia no fueron menos importantes: se privatizó la energía eléctrica o la telefonía. Después de unos años beneficiándose de la "libre competencia" del mercado, ya habrán tenido ocasión de analizar cómo han bajado las facturas en estos conceptos.
Con el objetivo de desviar la atención y evitar la creciente toma de conciencia, en España se promueven espacios para la confrontación. Entre nacionales e inmigrantes (el Gobierno señala con el dedo inquisidor al inmigrante como causante de la "crisis" para retirarles la Sanidad y la Educación), o entre territorios (con el desafío soberanista del conservador Artur Mas para silenciar los recortes de su Administración, replicado por otros territorios agraviados).
La carta del rey Juan Carlos llamando a los españoles a no “perseguir quimeras” y apostando por superar las dificultades “actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez”, en lugar de apaciguar ánimos, suma leña a la caldera del malestar social.
España se rompe. No por la pugna territorial ni por la inducida confrontación entre nacionales e inmigrantes, sino por la desigualdad entre el rico y el pobre, y por la degradación de sus instituciones. Desde las altas magistraturas a las Administraciones más cercanas se pone de manifiesto que no son capaces de anteponer el interés público a otros intereses sean de clase, partidistas, de los lobbies o directamente privados.
Instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o la Unión Europea liderada por la canciller Angela Merkel, demandan más valentía en los ajustes al ejecutivo español de cara al rescate final. "Valentía" es sinónimo de "quitarse la careta" y "ajustes" significa "desarticular el Estado de Bienestar" con todas sus letras.
El líder del principal partido de la oposición no lo tiene fácil para presentarse como alternativa a estas políticas. Las grandes movilizaciones del 25 y 29 de septiembre exigiendo un proceso constituyente en España, con el plus de conciencia cívica y social testado en las protestas del 15-M en 2011, no las lideran los socialistas.
Es más, la propia Elena Valenciano marcaba distancias con los indignados a propósito de la iniciativa Rodea el Congreso. Y es que como vicepresidente del Gobierno en la etapa de Zapatero, Rubalcaba fue el artífice de fijar las bases que permiten unos presupuestos agresivos para el concepto –precisamente alemán- de Estado social que consagra la Constitución de 1978. La misma Carta Magna que durante años garantizó la paz social tras la dictadura franquista, y que, por acuerdo de PSOE y PP, fue subordinada a los intereses del capital, rompiendo el consenso que garantizaba su vigencia.
La modificación del artículo 135 en agosto de 2011 introduce una clave que pone en evidencia la incoherencia del discurso del PSOE en estos momentos, y la incapacidad de Rubalcaba para liderar la oposición a Rajoy.
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”, dice el punto tercero del artículo modificado en aras de la estabilidad presupuestaria.
Su cumplimiento se ha traducido en que una cuarta parte del presupuesto se destina a hacer frente a la deuda, y sus intereses se igualan a la inversión de los ministerios en 2013. Deuda transferida al Estado, entre otros conceptos, por la inyección de dinero público a entidades privadas cuyo saneamiento y cese de sus "malos gestores" (indemnizaciones y cláusulas especiales incluidas) corrieron a cargo de las arcas públicas.
Rajoy hace lo que tiene que hacer, sienta las bases para el crecimiento futuro. La crisis es simplemente un presupuesto para cambiar las reglas del juego. "Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo", según el Diccionario de la RAE.
La reforma laboral abarató el despido y dejó al descubierto a la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, cuando, pañuelo palestino al cuello, gritaba en campaña electoral ante flashes y cámaras que su partido era "el de los trabajadores".
Hasta 2008, las inversiones en suelo español se concentraron en el ladrillazo. Una vez que el sector inmobiliario ha caído, los inversores buscan nichos de mercado. La desarticulación del sector público a través de la precarización o de la privatización viene a abrir espacios para la inversión privada.
La austeridad de las cuentas públicas supone que no se convoquen oposiciones para cubrir plazas por jubilaciones y bajas, y en el peor escenario, el despido directo o indirecto de miles de trabajadores de entidades públicas. Más desempleados para optar a una oferta escasa de empleos. Más gasto, menos ingresos para la Seguridad Social.
A falta de ladrillo, la Administración busca atraer al inversor con la promesa de rentabilidad en sectores clave. Así sea a costa de desproteger a la ciudadanía: de mercantilizar prestaciones y derechos. El Estado entrega una cartera de servicios y prestaciones públicas a inversores privados para que éstos obtengan rentabilidad de ellos.
Si se sacrifican las inversiones destinadas al sistema público de salud, las prestaciones serán más precarias. El colapso por los recortes conduce a una atención más deficiente y con tiempos de espera inadmisibles, como los que ya denuncia el Sindicato de Enfermería (SATSE).
El ciudadano con recursos se verá abocado a acceder a una cartera de servicios privados por el costo económico que se ajuste a sus necesidades. Si se sacrifican las inversiones destinadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el ciudadano con recursos atenderá a la alarma social y a la publicidad de los medios para contratar servicios de alarmas y de seguridad privada.
Si suben las tasas universitarias y retiran o restringen las becas, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya ha anunciado que promoverá unos créditos para estudiantes. Lo prometido, en efecto, es deuda… Así sea para formarse o para tener acceso a derechos fundamentales como la Educación o la Sanidad.
En anteriores crisis, los espacios que se abrieron a la libre competencia no fueron menos importantes: se privatizó la energía eléctrica o la telefonía. Después de unos años beneficiándose de la "libre competencia" del mercado, ya habrán tenido ocasión de analizar cómo han bajado las facturas en estos conceptos.
Con el objetivo de desviar la atención y evitar la creciente toma de conciencia, en España se promueven espacios para la confrontación. Entre nacionales e inmigrantes (el Gobierno señala con el dedo inquisidor al inmigrante como causante de la "crisis" para retirarles la Sanidad y la Educación), o entre territorios (con el desafío soberanista del conservador Artur Mas para silenciar los recortes de su Administración, replicado por otros territorios agraviados).
La carta del rey Juan Carlos llamando a los españoles a no “perseguir quimeras” y apostando por superar las dificultades “actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez”, en lugar de apaciguar ánimos, suma leña a la caldera del malestar social.
España se rompe. No por la pugna territorial ni por la inducida confrontación entre nacionales e inmigrantes, sino por la desigualdad entre el rico y el pobre, y por la degradación de sus instituciones. Desde las altas magistraturas a las Administraciones más cercanas se pone de manifiesto que no son capaces de anteponer el interés público a otros intereses sean de clase, partidistas, de los lobbies o directamente privados.
JUAN C. ROMERO
