Hasta hoy pensaba que los abusos del sistema español de desahucios sólo les preocupaban a los españoles que vivimos emparentados con una hipoteca para toda la eternidad que vivamos en esta tierra. Afortunadamente, un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial desvela aspectos descorazonadores y propuestas esperanzadoras. Lo lamentable es que algunos de estos propósitos no hayan salido de la boca de los ministros del ramo.
Proponen los jueces en el citado informe que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados; se habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y de que se debe transformar el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.
El informe plantea la causa por la que se ha llegado a ese drama que atraviesan 350.000 familias que han perdido la vivienda. Y la causa es clara: la banca. Cada procedimiento, señala el mismo informe, encierra un drama que conlleva casi inexorablemente a la exclusión social de las familias, pues estas se ven impotentes para satisfacer las cuotas de los susodichos préstamos con los que se comprometieron en tiempos de vacas gordas.
Para colmo, el procedimiento para el cobro de estos préstamos hipotecarios data de 1909. El banco se adjudica de forma rápida el inmueble por un precio inferior al del mercado y así engrosa el tesoro inconfesable de sus activos inmobiliarios.
Los jueces que han elaborado este informe proponen soluciones excepcionales a una situación excepcional: moratorias en el pago de cuotas, entre otras 18 medidas, en los casos de desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, largas enfermedades u otros motivos que sobran en estos días difíciles a estas familias que no logran ajustar un sueldo de saldo para la manutención de todos sus miembros.
Transferir a los hipotecados las ayudas a la banca para hacer inviable la indefensión de los deudores pasa por ser una de las conclusiones más luminosas y solidarias en estos tiempos grises que nos ha tocado vivir. Es una buena noticia en este maremágnum de la fatalidad.
Pero la moneda tiene su as y su envés. Lo triste es que este Gobierno sólo hable de rescates a bancos, los mismos bancos que indemnizan a sus ejecutivos con cantidades millonarias, mantienen a sus directivos nóminas de infarto en momentos en que la salud de estas entidades es de infarto y, para colmo, la operación quirúrgica hemos de pagarla los demás.
El Gobierno pretende rescatar a los bancos, pero no a las familias. Y no se les escucha una palabra de buena fe ni un gesto que aplaque los ánimos enardecidos de aquellos corazones soliviantados que luchan por no fenecer al desaliento.
Hay en todo este marasmo de confusión un olor a quemado que no le gusta a nadie, que causa un dolor innecesario a muchas familias y que no encuentra consuelo en un Gobierno pertrechado en un resultado electoral que le puede estallar en las manos. No están los tiempos para vanidades ni banalidades.
Más vale que los ministros del ramo se pongan a trabajar a fondo y a buscar otras soluciones que no esquilmen unos bolsillos y acreciente otros patrimonios, porque en acertar en las medidas justas nos jugamos el futuro y la vergüenza (por cierto, quien aún la conserve).
Que devuelvan a sus familias las viviendas que les han robado y que después nos rescate el ángel de la guarda si las alas le han crecido para acogernos a todos. Y si no, que a Bankia lo rescate El Guerrero del Antifaz, si es que da con su paradero. Posiblemente, los jueces también pagan hipotecas y por eso están con nosotros en estos trances sin moratoria.
Proponen los jueces en el citado informe que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados; se habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y de que se debe transformar el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.
El informe plantea la causa por la que se ha llegado a ese drama que atraviesan 350.000 familias que han perdido la vivienda. Y la causa es clara: la banca. Cada procedimiento, señala el mismo informe, encierra un drama que conlleva casi inexorablemente a la exclusión social de las familias, pues estas se ven impotentes para satisfacer las cuotas de los susodichos préstamos con los que se comprometieron en tiempos de vacas gordas.
Para colmo, el procedimiento para el cobro de estos préstamos hipotecarios data de 1909. El banco se adjudica de forma rápida el inmueble por un precio inferior al del mercado y así engrosa el tesoro inconfesable de sus activos inmobiliarios.
Los jueces que han elaborado este informe proponen soluciones excepcionales a una situación excepcional: moratorias en el pago de cuotas, entre otras 18 medidas, en los casos de desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, largas enfermedades u otros motivos que sobran en estos días difíciles a estas familias que no logran ajustar un sueldo de saldo para la manutención de todos sus miembros.
Transferir a los hipotecados las ayudas a la banca para hacer inviable la indefensión de los deudores pasa por ser una de las conclusiones más luminosas y solidarias en estos tiempos grises que nos ha tocado vivir. Es una buena noticia en este maremágnum de la fatalidad.
Pero la moneda tiene su as y su envés. Lo triste es que este Gobierno sólo hable de rescates a bancos, los mismos bancos que indemnizan a sus ejecutivos con cantidades millonarias, mantienen a sus directivos nóminas de infarto en momentos en que la salud de estas entidades es de infarto y, para colmo, la operación quirúrgica hemos de pagarla los demás.
El Gobierno pretende rescatar a los bancos, pero no a las familias. Y no se les escucha una palabra de buena fe ni un gesto que aplaque los ánimos enardecidos de aquellos corazones soliviantados que luchan por no fenecer al desaliento.
Hay en todo este marasmo de confusión un olor a quemado que no le gusta a nadie, que causa un dolor innecesario a muchas familias y que no encuentra consuelo en un Gobierno pertrechado en un resultado electoral que le puede estallar en las manos. No están los tiempos para vanidades ni banalidades.
Más vale que los ministros del ramo se pongan a trabajar a fondo y a buscar otras soluciones que no esquilmen unos bolsillos y acreciente otros patrimonios, porque en acertar en las medidas justas nos jugamos el futuro y la vergüenza (por cierto, quien aún la conserve).
Que devuelvan a sus familias las viviendas que les han robado y que después nos rescate el ángel de la guarda si las alas le han crecido para acogernos a todos. Y si no, que a Bankia lo rescate El Guerrero del Antifaz, si es que da con su paradero. Posiblemente, los jueces también pagan hipotecas y por eso están con nosotros en estos trances sin moratoria.
ANTONIO LÓPEZ HIDALGO
