Del 6 al 8 de diciembre, España vive el puente festivo de los dos dogmas: el de la Constitución Española y el de la Inmaculada Concepción de María. El primero es político; el segundo, de carácter religioso. El diccionario define el dogma religioso como la “doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia”, y la Iglesia Católica celebra el 8 de diciembre que Jesús fue concebido por María por obra del Espíritu Santo, sin pecado original de por medio.
El dogma político cobra otro matiz que reconoce el diccionario al definirlo como “fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión”. El dogma político español por excelencia ha sido la Constitución de 1978.
Pero si puede el Papa Benedicto XVI romper con la arraigada tradición que situaba al buey y a la mula en el portal de Belén, también pudieron los dos grandes partidos políticos romper nada más y nada menos que con el dogma político por excelencia. Así lo hicieron en agosto de 2011.
De lo poco que se puede celebrar este año con motivo de la Constitución será, precisamente, el día de hoy, 7 de diciembre, jornada festiva a caballo entre dos efemérides. Y si se puede celebrar algo es, precisamente, gracias a que mañana se celebra la festividad de la Inmaculada.
Es lo que queda después de que PSOE y PP decidieran remozar el artículo 135 para subordinar la Carta Magna nacida del consenso de la Transición a los intereses de la banca privada. "No anteponer nada al pago de la deuda". Visto así suena a revelación, a mandamiento –no divino, más bien del capital- asumido por el bipartidismo como nuevo dogma.
Al Partido Popular, como partido conservador que gobierna hoy en España, se le suponían políticas de derechas. Y a pesar de ello, caminan estos días por los clavos de su programa electoral incumpliendo una a una las promesas con las que obtuvieron la mayoría absoluta de la que gozan. Defraudan a sus votantes llevando a cabo políticas frontalmente opuestas a las presentaron a la ciudadanía para acceder al Gobierno de España.
Del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero –y con Alfredo Pérez Rubalcaba como mano derecha en la etapa final- se esperaba otra cosa. Y sin embargo, promovieron el pacto para adulterar la norma fundamental a instancias de la Troika. Luego, lejos de plantear una alternativa socialista a la austeridad, optaron por el adelanto electoral.
Dejaban el terreno abonado a los populares, que se beneficiaron del divorcio del electorado socialista con su partido, y pueden señalar sin remordimiento a los socialistas como cómplices de las políticas de recortes que ejecutan. De aquellos barros, estos lodos.
El Partido Popular y los medios de comunicación afines se presentan como defensores de la Constitución Española, salvaguarda de la unidad de España, y la anteponen a cualquier posicionamiento político. Demandan poco menos que la reverencia del conjunto de la ciudadanía y de las fuerzas políticas ante un texto a su juicio intocable.
En un ejercicio de cinismo, eluden su deber de cumplir y hacer cumplir el artículo primero, que dice lo siguiente: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Desde 2011 el Gobierno central abomina del Estado Social con un programa de "ajustes" encaminado a desproteger a los trabajadores, a los pensionistas o a los dependientes, al tiempo que se saltan a la torera derechos fundamentales inherentes a la persona al no garantizar el acceso universal a la Educación o a la Sanidad.
“Las gentes sin casa y las casas sin gentes” evidencian el incumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna. La intervención del servicio público de RTVE para someter el criterio periodístico a las directrices gubernamentales ponen en jaque el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz.
Si algo faltaba, rompen con el Estado de Derecho definitivamente, gracias a la ley de tasas judiciales, en un último envite que está llamado a configurar un sistema donde los derechos son definitivamente del capital y las obligaciones de las personas.
Entretanto, el liderazgo de la oposición no está escorado tras las siglas de PSOE que en el XXXVIII Congreso celebrado en Sevilla apostó por la continuidad de la mano de Rubalcaba, sino que nace de la convergencia de diferentes movimientos sociales que tienen en común una máxima: cuestionan abiertamente el dogma político que sentó las bases de las últimas décadas de convivencia en el Estado, y del que han quedado ahora al margen.
El dogma político cobra otro matiz que reconoce el diccionario al definirlo como “fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión”. El dogma político español por excelencia ha sido la Constitución de 1978.
Pero si puede el Papa Benedicto XVI romper con la arraigada tradición que situaba al buey y a la mula en el portal de Belén, también pudieron los dos grandes partidos políticos romper nada más y nada menos que con el dogma político por excelencia. Así lo hicieron en agosto de 2011.
De lo poco que se puede celebrar este año con motivo de la Constitución será, precisamente, el día de hoy, 7 de diciembre, jornada festiva a caballo entre dos efemérides. Y si se puede celebrar algo es, precisamente, gracias a que mañana se celebra la festividad de la Inmaculada.
Es lo que queda después de que PSOE y PP decidieran remozar el artículo 135 para subordinar la Carta Magna nacida del consenso de la Transición a los intereses de la banca privada. "No anteponer nada al pago de la deuda". Visto así suena a revelación, a mandamiento –no divino, más bien del capital- asumido por el bipartidismo como nuevo dogma.
Al Partido Popular, como partido conservador que gobierna hoy en España, se le suponían políticas de derechas. Y a pesar de ello, caminan estos días por los clavos de su programa electoral incumpliendo una a una las promesas con las que obtuvieron la mayoría absoluta de la que gozan. Defraudan a sus votantes llevando a cabo políticas frontalmente opuestas a las presentaron a la ciudadanía para acceder al Gobierno de España.
Del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero –y con Alfredo Pérez Rubalcaba como mano derecha en la etapa final- se esperaba otra cosa. Y sin embargo, promovieron el pacto para adulterar la norma fundamental a instancias de la Troika. Luego, lejos de plantear una alternativa socialista a la austeridad, optaron por el adelanto electoral.
Dejaban el terreno abonado a los populares, que se beneficiaron del divorcio del electorado socialista con su partido, y pueden señalar sin remordimiento a los socialistas como cómplices de las políticas de recortes que ejecutan. De aquellos barros, estos lodos.
El Partido Popular y los medios de comunicación afines se presentan como defensores de la Constitución Española, salvaguarda de la unidad de España, y la anteponen a cualquier posicionamiento político. Demandan poco menos que la reverencia del conjunto de la ciudadanía y de las fuerzas políticas ante un texto a su juicio intocable.
En un ejercicio de cinismo, eluden su deber de cumplir y hacer cumplir el artículo primero, que dice lo siguiente: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Desde 2011 el Gobierno central abomina del Estado Social con un programa de "ajustes" encaminado a desproteger a los trabajadores, a los pensionistas o a los dependientes, al tiempo que se saltan a la torera derechos fundamentales inherentes a la persona al no garantizar el acceso universal a la Educación o a la Sanidad.
“Las gentes sin casa y las casas sin gentes” evidencian el incumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna. La intervención del servicio público de RTVE para someter el criterio periodístico a las directrices gubernamentales ponen en jaque el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz.
Si algo faltaba, rompen con el Estado de Derecho definitivamente, gracias a la ley de tasas judiciales, en un último envite que está llamado a configurar un sistema donde los derechos son definitivamente del capital y las obligaciones de las personas.
Entretanto, el liderazgo de la oposición no está escorado tras las siglas de PSOE que en el XXXVIII Congreso celebrado en Sevilla apostó por la continuidad de la mano de Rubalcaba, sino que nace de la convergencia de diferentes movimientos sociales que tienen en común una máxima: cuestionan abiertamente el dogma político que sentó las bases de las últimas décadas de convivencia en el Estado, y del que han quedado ahora al margen.
JUAN C. ROMERO
