C.G.M. tardó exactamente 4,36 segundos en recorrer las cinco plantas que separaban el balcón del piso del que iba a ser desahuciado del suelo del patio interior del edificio. El hijo de un vecino, que se asomó para comprobar la causa de ese estruendo sonoro y hueco que provocan los huesos humanos al chocar contra el pavimento, le preguntó al funcionario judicial que acudió a efectuar la orden de desahucio con esa impertinencia que caracteriza en ocasiones las intervenciones infantiles, que por qué habían dejado que ese señor muriera.
El apesadumbrado y enchaquetado funcionario le explicó que él sólo cumplía con su trabajo, que consistía en llevar a la práctica (pensó en utilizar “ejecutar”, pero le sonó demasiado inoportuno para el momento que estaban viviendo) los desalojos de las viviendas que se habían dejado de pagar al banco y que él, un simple trabajador público, no tenía autoridad ninguna. “Quizás –añadió- se habrá asustado al ver a los cuatro policías nacionales”.
Los agentes de la ley argumentaron que ellos habían sido destinados por sus superiores a realizar ese trabajo tan detestable y que, cuando se trata de órdenes, no tenían alternativa a su cumplimiento. Uno de ellos señaló que también tenía hipoteca por pagar y que la culpa, con toda seguridad, era de los bancos y cajas de ahorro que practican políticas de usura.
El director del banco que le concedió la hipoteca a C.G.M. comentó que únicamente se limitó a ofrecer a su cliente la mejor de las opciones que el mercado hipotecario le brindaba. Que él, de buena gana, aceptaría la dación en pago de la vivienda o la suspensión, por un plazo determinado, del pago de las cuotas hipotecarias, pero que la ley que diseñaron los políticos le dejaban las manos atadas al respecto.
Por su parte, los portavoces del Gobierno y del principal partido de la oposición, reunidos en comisión extraordinaria para tratar el tema de los desahucios, explicaron que la propuesta de ley que presentaban era, no sólo el mejor pacto que habían podido alcanzar dadas sus diferencias ideológicas, sino el único posible habida cuenta del vasallaje al que la Eurozona había sometido a los países con problemas más agudos de desaceleración económica. Añadieron, para finalizar, que se sentían satisfechos por la total legitimidad democrática, expresada en las urnas, con la que contaban todas y cada una de sus decisiones.
Un votante que pasaba por allí explicó que no, que él tampoco estaba dispuesto a cargar con la culpa de otra muerte más de una persona que, agobiada hasta el extremo por la idea de verse en la calle, hubiera decidido acabar con su vida ante la falta de soluciones posibles. Que él, en definitiva, había sido engañado con un programa electoral del que no se estaba cumpliendo un solo punto.
Mientras tanto, en otra ciudad, P.L.H. recibía en su domicilio, de manos del cartero, una nueva orden de desahucio.
El apesadumbrado y enchaquetado funcionario le explicó que él sólo cumplía con su trabajo, que consistía en llevar a la práctica (pensó en utilizar “ejecutar”, pero le sonó demasiado inoportuno para el momento que estaban viviendo) los desalojos de las viviendas que se habían dejado de pagar al banco y que él, un simple trabajador público, no tenía autoridad ninguna. “Quizás –añadió- se habrá asustado al ver a los cuatro policías nacionales”.
Los agentes de la ley argumentaron que ellos habían sido destinados por sus superiores a realizar ese trabajo tan detestable y que, cuando se trata de órdenes, no tenían alternativa a su cumplimiento. Uno de ellos señaló que también tenía hipoteca por pagar y que la culpa, con toda seguridad, era de los bancos y cajas de ahorro que practican políticas de usura.
El director del banco que le concedió la hipoteca a C.G.M. comentó que únicamente se limitó a ofrecer a su cliente la mejor de las opciones que el mercado hipotecario le brindaba. Que él, de buena gana, aceptaría la dación en pago de la vivienda o la suspensión, por un plazo determinado, del pago de las cuotas hipotecarias, pero que la ley que diseñaron los políticos le dejaban las manos atadas al respecto.
Por su parte, los portavoces del Gobierno y del principal partido de la oposición, reunidos en comisión extraordinaria para tratar el tema de los desahucios, explicaron que la propuesta de ley que presentaban era, no sólo el mejor pacto que habían podido alcanzar dadas sus diferencias ideológicas, sino el único posible habida cuenta del vasallaje al que la Eurozona había sometido a los países con problemas más agudos de desaceleración económica. Añadieron, para finalizar, que se sentían satisfechos por la total legitimidad democrática, expresada en las urnas, con la que contaban todas y cada una de sus decisiones.
Un votante que pasaba por allí explicó que no, que él tampoco estaba dispuesto a cargar con la culpa de otra muerte más de una persona que, agobiada hasta el extremo por la idea de verse en la calle, hubiera decidido acabar con su vida ante la falta de soluciones posibles. Que él, en definitiva, había sido engañado con un programa electoral del que no se estaba cumpliendo un solo punto.
Mientras tanto, en otra ciudad, P.L.H. recibía en su domicilio, de manos del cartero, una nueva orden de desahucio.
PABLO POÓ
