El periodismo está indefenso en muchos pueblos de Andalucía. Numerosos profesionales que llevan a cabo su labor en pequeños y medianos municipios de esta región padecen cada día la desidia de unas autoridades políticas hábiles en el escamoteo de la información e impúdicas a la hora de vetar a aquellos medios de comunicación que no les bailan el agua. Ejemplos de este tipo de políticas lesivas los encontramos, por desgracia, a lo largo y ancho de la geografía andaluza. Algunos más cerca, incluso, de lo que imaginan –si es que necesitan imaginar-.
Pero, sin duda, uno de los casos más sangrantes de los últimos meses lo protagoniza el Ayuntamiento de Espartinas, en la provincia de Sevilla. El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por mayoría absoluta un reglamento que constata el carácter antidemocrático que han tomado muchas de nuestras instituciones. Capaces, incluso, de prohibir el acceso de la ciudadanía al máximo órgano de representación de la Administración local: el Pleno de la Corporación.
Sesiones que debieran convocarse con semanas de antelación e informar a la ciudadanía a través de todos los medios para propiciar debates de los ámbitos que les son comunes en el seno de la opinión pública, son convocadas en las tinieblas de la Junta de Gobierno, sin antelación ni información pública.
En localidades como Castilblanco de los Arroyos, en la Sierra Norte de Sevilla, es norma habitual convocar estas sesiones a primera hora de la mañana para, de esta forma, dificultar la posibilidad de asistir a estas sesiones plenarias a amplios colectivos sociales como empresarios, trabajadores o estudiantes.
El derecho de la información, en la base de nuestro sistema democrático, está en el centro de una diana donde van a parar los dardos de las autoridades que debieran tutelar, salvaguardar o garantizar un bien público y universal para la ciudadanía.
El artículo 20 de la Constitución española reconoce el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.
La realidad en el ámbito local dista mucho de asemejarse a lo establecido en la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico. Los dardos restrictivos a los derechos fundamentales en muchos ayuntamientos andaluces impactan desde las siglas más diversas. Y es que PP, PSOE, IU y UPyD aprobaron en Espartinas la primera normativa que limitaba el derecho a informar de los plenos.
Con tan buena base, la mayoría popular que regenta el Consistorio de esta localidad de algo más de 14.000 habitantes no tuvo oposición para asestar el golpe definitivo dos plenos más tarde y dejar la grabación audiovisual en exclusividad para los operarios municipales y a discreción de los intereses políticos del partido de gobierno en cuanto a su edición y difusión.
Esta práctica no es ni mucho menos aislada, más bien por el contrario la padecen los profesionales del periodismo en su labor diaria. El Ayuntamiento de Castilblanco, con mayoría absoluta de PSOE, mantiene las emisiones de una televisión municipal ajena a la legalidad desde la que ofrece visiones muy particulares de la realidad local.
El canal, costeado con recursos públicos desde 2007, carece de permisos para operar en la TDT y ha sido objeto de denuncias por censurar a asociaciones, partidos políticos y entidades locales. El Consejo Audiovisual Andaluz emitió un informe constatando que “el 82,95 por ciento del tiempo de voz de los actores que aparecieron en los informativos de la cadena en las fechas de análisis correspondió a miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento”.
El sesgo y la falta de pluralismo político de la emisora municipal puso de manifiesto “la inexistencia de debate democrático en los informativos y la ausencia de libertad de expresión de opiniones en dicho espacio, en detrimento del derecho de información de los ciudadanos”, según el informe del Consejo remitido al Pleno de la Corporación en junio de 2011. Pero la situación no ha variado año y medio después, pese a las advertencias. La emisión irregular continúa y no ha habido sanción o apercibimiento al Ayuntamiento desde los órganos competentes.
Sin periodismo no hay Democracia: debemos denunciar cada derecho fundamental que irresponsablemente pretenden negar a la ciudadanía o modular a su gusto. Las asociaciones de la prensa y los colectivos de periodistas deberían hacer una radiografía de las administraciones locales que coartan a la ciudadanía el derecho a la información. Y romper de una vez por todas este silencio tolerante en un escenario de retroceso y de desigualdad ante quienes administran el poder, en defensa de la libertad de información y del ejercicio del periodismo.
Pero, sin duda, uno de los casos más sangrantes de los últimos meses lo protagoniza el Ayuntamiento de Espartinas, en la provincia de Sevilla. El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por mayoría absoluta un reglamento que constata el carácter antidemocrático que han tomado muchas de nuestras instituciones. Capaces, incluso, de prohibir el acceso de la ciudadanía al máximo órgano de representación de la Administración local: el Pleno de la Corporación.
Sesiones que debieran convocarse con semanas de antelación e informar a la ciudadanía a través de todos los medios para propiciar debates de los ámbitos que les son comunes en el seno de la opinión pública, son convocadas en las tinieblas de la Junta de Gobierno, sin antelación ni información pública.
En localidades como Castilblanco de los Arroyos, en la Sierra Norte de Sevilla, es norma habitual convocar estas sesiones a primera hora de la mañana para, de esta forma, dificultar la posibilidad de asistir a estas sesiones plenarias a amplios colectivos sociales como empresarios, trabajadores o estudiantes.
El derecho de la información, en la base de nuestro sistema democrático, está en el centro de una diana donde van a parar los dardos de las autoridades que debieran tutelar, salvaguardar o garantizar un bien público y universal para la ciudadanía.
El artículo 20 de la Constitución española reconoce el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.
La realidad en el ámbito local dista mucho de asemejarse a lo establecido en la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico. Los dardos restrictivos a los derechos fundamentales en muchos ayuntamientos andaluces impactan desde las siglas más diversas. Y es que PP, PSOE, IU y UPyD aprobaron en Espartinas la primera normativa que limitaba el derecho a informar de los plenos.
Con tan buena base, la mayoría popular que regenta el Consistorio de esta localidad de algo más de 14.000 habitantes no tuvo oposición para asestar el golpe definitivo dos plenos más tarde y dejar la grabación audiovisual en exclusividad para los operarios municipales y a discreción de los intereses políticos del partido de gobierno en cuanto a su edición y difusión.
Esta práctica no es ni mucho menos aislada, más bien por el contrario la padecen los profesionales del periodismo en su labor diaria. El Ayuntamiento de Castilblanco, con mayoría absoluta de PSOE, mantiene las emisiones de una televisión municipal ajena a la legalidad desde la que ofrece visiones muy particulares de la realidad local.
El canal, costeado con recursos públicos desde 2007, carece de permisos para operar en la TDT y ha sido objeto de denuncias por censurar a asociaciones, partidos políticos y entidades locales. El Consejo Audiovisual Andaluz emitió un informe constatando que “el 82,95 por ciento del tiempo de voz de los actores que aparecieron en los informativos de la cadena en las fechas de análisis correspondió a miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento”.
El sesgo y la falta de pluralismo político de la emisora municipal puso de manifiesto “la inexistencia de debate democrático en los informativos y la ausencia de libertad de expresión de opiniones en dicho espacio, en detrimento del derecho de información de los ciudadanos”, según el informe del Consejo remitido al Pleno de la Corporación en junio de 2011. Pero la situación no ha variado año y medio después, pese a las advertencias. La emisión irregular continúa y no ha habido sanción o apercibimiento al Ayuntamiento desde los órganos competentes.
Sin periodismo no hay Democracia: debemos denunciar cada derecho fundamental que irresponsablemente pretenden negar a la ciudadanía o modular a su gusto. Las asociaciones de la prensa y los colectivos de periodistas deberían hacer una radiografía de las administraciones locales que coartan a la ciudadanía el derecho a la información. Y romper de una vez por todas este silencio tolerante en un escenario de retroceso y de desigualdad ante quienes administran el poder, en defensa de la libertad de información y del ejercicio del periodismo.
JUAN C. ROMERO
