Conozco a Juan José Güemes desde 1993, año en que accedió a la Asesoría Parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso como responsable de Economía. A partir de ahí, ha venido desarrollando diversas labores, bien de asesoramiento en el Ministerio de Economía y Hacienda de Rodrigo Rato –para pasar posteriormente a la Secretaría General de Turismo-, bien como integrante, ya en 2003, de los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid: en el Área de Empleo y Mujer, primero; y, posteriormente, como consejero de Sanidad hasta que, en 2010, abandonó la política, dando el salto a la empresa privada de manos del Instituto de la Empresa.
El recuerdo que de él tengo es el de un asesor eficaz, generalmente dispuesto a aclararnos dudas a los parlamentarios y con una clara y legítima ambición política que le fue abriendo caminos en muy poco espacio de tiempo.
Salta ahora Güemes a los medios de comunicación porque una empresa de la que hasta hace unas horas era consejero, Unilabs, se ha hecho con el contrato que la Comunidad de Madrid tiene suscrito para la realización de los análisis clínicos en seis hospitales madrileños: Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo. Centros que, hasta ahora, eran atendidos en este área asistencial por una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por el Grupo Balagué y Ribera Salud, que habían tenido importantes problemas en la gestión que habían asumido.
Y Juan José Güemes queda ahora en entredicho porque fue precisamente él, en su etapa de consejero de Salud, quien centralizó los laboratorios de estos seis hospitales, adjudicando el concurso a la UTE antes aludida, en detrimento de Unilabs.
Sólo a los tres meses de incorporarse Juanjo Güemes como consejero de Unilabs, en agosto del pasado año, esta empresa se hace con el 55 por ciento de las acciones de la UTE y, por tanto, con el contrato de gestión de los laboratorios.
Es cierto que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha manifestado que la ley establece un plazo de dos años para incurrir en incompatibilidad a los consejeros que abandonen el Gobierno y en agosto se había superado en unos cinco meses ese plazo –no en dos años, como apuntaba González en sus declaraciones-.
Pero no es menos cierto que, en momentos como éste, las formas hay que cuidarlas mucho más allá de lo que establezca la rigidez de las normas. Y a nadie escapa que el acceso del exconsejero de la Comunidad de Madrid a Unilabs haya tenido mucho que ver con los cambios accionariales que se han producido y el acceso de nuevos gestores a la concesión del servicio de Análisis Clínicos en los citados centros sanitarios.
En política, el tráfico de influencias juega un papel que nadie creo que vaya a atreverse a negar. Será legal, pero no deja de ser una práctica determinante a la hora de establecer relaciones entre las instituciones del Estado y las empresas, y entre estas mismas.
Una práctica de la que las propias empresas vienen haciendo uso –¿cuántos expolíticos acceden a cargos de relevancia dentro de los consejos de administración de las empresas basándose en su capacidad para tocar ciertos sectores?- y que, finalmente, determinan que se establezcan monopolios con los que es difícil competir, que gozan de un trato de favor allá donde actúan.
No sé si hoy por hoy existirá algún otro macrolaboratorio que pueda hacerse cargo, con garantías, de la analítica de los hospitales madrileños, pero pienso que la Comunidad debería abrir nuevamente el concurso por mucho que me tema que, en cualquiera de los casos, Unilabs seguiría siendo la adjudicataria. No están las cosas en la Sanidad madrileña para que se le den este tipo de puntadas cuando hay heridas aún mayores que necesitan de suturas.
El recuerdo que de él tengo es el de un asesor eficaz, generalmente dispuesto a aclararnos dudas a los parlamentarios y con una clara y legítima ambición política que le fue abriendo caminos en muy poco espacio de tiempo.
Salta ahora Güemes a los medios de comunicación porque una empresa de la que hasta hace unas horas era consejero, Unilabs, se ha hecho con el contrato que la Comunidad de Madrid tiene suscrito para la realización de los análisis clínicos en seis hospitales madrileños: Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo. Centros que, hasta ahora, eran atendidos en este área asistencial por una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por el Grupo Balagué y Ribera Salud, que habían tenido importantes problemas en la gestión que habían asumido.
Y Juan José Güemes queda ahora en entredicho porque fue precisamente él, en su etapa de consejero de Salud, quien centralizó los laboratorios de estos seis hospitales, adjudicando el concurso a la UTE antes aludida, en detrimento de Unilabs.
Sólo a los tres meses de incorporarse Juanjo Güemes como consejero de Unilabs, en agosto del pasado año, esta empresa se hace con el 55 por ciento de las acciones de la UTE y, por tanto, con el contrato de gestión de los laboratorios.
Es cierto que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha manifestado que la ley establece un plazo de dos años para incurrir en incompatibilidad a los consejeros que abandonen el Gobierno y en agosto se había superado en unos cinco meses ese plazo –no en dos años, como apuntaba González en sus declaraciones-.
Pero no es menos cierto que, en momentos como éste, las formas hay que cuidarlas mucho más allá de lo que establezca la rigidez de las normas. Y a nadie escapa que el acceso del exconsejero de la Comunidad de Madrid a Unilabs haya tenido mucho que ver con los cambios accionariales que se han producido y el acceso de nuevos gestores a la concesión del servicio de Análisis Clínicos en los citados centros sanitarios.
En política, el tráfico de influencias juega un papel que nadie creo que vaya a atreverse a negar. Será legal, pero no deja de ser una práctica determinante a la hora de establecer relaciones entre las instituciones del Estado y las empresas, y entre estas mismas.
Una práctica de la que las propias empresas vienen haciendo uso –¿cuántos expolíticos acceden a cargos de relevancia dentro de los consejos de administración de las empresas basándose en su capacidad para tocar ciertos sectores?- y que, finalmente, determinan que se establezcan monopolios con los que es difícil competir, que gozan de un trato de favor allá donde actúan.
No sé si hoy por hoy existirá algún otro macrolaboratorio que pueda hacerse cargo, con garantías, de la analítica de los hospitales madrileños, pero pienso que la Comunidad debería abrir nuevamente el concurso por mucho que me tema que, en cualquiera de los casos, Unilabs seguiría siendo la adjudicataria. No están las cosas en la Sanidad madrileña para que se le den este tipo de puntadas cuando hay heridas aún mayores que necesitan de suturas.
ENRIQUE BELLIDO
