Ahora que los casos de corrupción ocupan la atención y despiertan la inquietud de los ciudadanos, según se desprende del sondeo del pasado mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sería bueno contextualizar y delimitar en sus justos términos el que concierne a los ERE de Andalucía, no vaya a ser que, como siempre, acabemos pensando que todo el monte es orégano corrupto.
Lo más grave que puede decirse, para empezar, del escándalo de los ERE es que comenzó hace diez años y perduró hasta 2010, un larguísimo período de tiempo durante el cual se sustrajo fraudulentamente, de las ayudas y subvenciones que la Junta de Andalucía presupuestó para socorrer a empresas en dificultades y prejubilar a trabajadores destinados al paro, la cantidad de 135 millones de euros.
Ese es el importe defraudado de la partida 31L que creó la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno andaluz con el propósito de garantizar la paz social y disponer de un instrumento con el que intervenir de forma rápida en una época en la que la industria de la región expulsaba a miles de obreros a la calle (Astilleros, Puleva, Santana, etc.)
Los despedidos a consecuencia de un ERE disponían, gracias a este programa presupuestario de la Administración andaluza, de una renta en función de la antigüedad laboral hasta que pudieran cobrar una pensión de jubilación. También las empresas podían solicitar diversas subvenciones que buscaban garantizar su viabilidad y el mantenimiento del empleo.
La cuantía total de los créditos otorgados por ambos conceptos, según la Cámara de Cuentas, es durante ese tiempo de 732,2 millones de euros, habiendo compromisos adquiridos hasta un total de 1.217 millones. El porcentaje de lo defraudado asciende, por tanto, al 11,11 por ciento de lo destinado a los ERE, una cifra inadmisible en cualquier caso.
Por otra parte, de las más de 6.400 personas que accedieron legalmente a una prejubilación, 241 son consideradas “intrusas” por percibir estas ayudas sociolaborales sin reunir los requisitos –algunos, incluso, sin que hubieran trabajado nunca en la empresa en la que figuraban vinculados-.
El fraude por este concepto es de 17 millones de euros. Ello supone el 3,7 por ciento de las ayudas por prejubilación que concedió la Junta de Andalucía durante esos diez años, y el 0,29 por ciento de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en el mismo período, según desglosó en la fracasada Comisión Parlamentaria el actual consejero de Economía, Antonio Ávila. En cualquier caso, también cifras inadmisibles.
Además, otros 73 millones de euros se repartieron directamente a empresas, un buen número de ellas concentradas en la Sierra Norte de Sevilla –de donde es natural Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo encarcelado-, sin ningún tipo de control ni justificación, y que correspondían a empresarios afines al PSOE, entre los que figuraban varios exconcejales de ese partido. En este aspecto, el fraude se eleva al 6 por ciento de la partida de los ERE. Algo, insistámoslo, inadmisible.
Por último, las comisiones abusivas que se pagaron por tramitar estos expedientes, y que lucraron a compañías aseguradoras, intermediarios, bufetes de abogados, algunos sindicalistas y ex altos cargos de la Junta, ascienden a 50 millones de euros, unas sobrecomisiones escandalosas y de todo punto inadmisibles.
Es precisamente en este ámbito donde aparece la intervención como “conseguidor” de determinados exsindicalistas que intermediaban para asegurar la concesión de las ayudas de forma fraudulenta, lo que da lugar a insinuaciones de presunta complicidad de los sindicatos, sin aportar ninguna prueba.
Ello ha sido rechazado con rotundidad por el secretario general de UGT de Andalucía, Manuel Pastrana Casado, en un artículo publicado recientemente. La generalización de sospechas e infundios desde interesados sectores sociales y medios políticos es, digámoslo también, algo intolerable e inadmisible, por cuanto tergiversan y persiguen el desprestigio de instituciones creadas al servicio y la protección del trabajador.
Y es que, aparte de las cantidades robadas por delincuentes que la Justicia persigue e investiga, los ERE en Andalucía representan sólo el 5,3 por ciento del total de los más de 81.000 expedientes realizados en España, lo que hace inveraz la insistente insidia de que "Andalucía es la tierra de los ERE".
Solamente un 8 por ciento de los trabajadores andaluces se acogieron a estas prejubilaciones diseñadas por la Junta de Andalucía en esta década, a pesar de las altas cifras de paro y la destrucción de empleo que asola la región. Los ERE son una de las medidas utilizadas para amortiguar la grave situación a la que se ve abocado un trabajador afectado por un cierre, una deslocalización o una reducción de plantilla de una empresa con problemas.
Pero si la existencia y la finalidad de estas ayudas son encomiables, el sistema establecido para su concesión es completamente deplorable, pues facilitaba la arbitrariedad y la discrecionalidad por parte de la Administración, como de hecho sucedía al facultar en el ex director general citado la.concesión de estas ayudas sin ninguna supervisión ni comprobación ulterior.
Así podía este personaje autorizar subvenciones al que fuera su chófer para que las gastara en drogas y fiestas. Los informes de la Intervención alertaban de la "ausencia absoluta de procedimiento administrativo legal" a la hora de pagar estos ERE mediante transferencias de financiación. Sólo se cambió el procedimiento cuando se descubrió el escándalo: demasiado tarde.
La juez Mercedes Alaya ha intentado implicar a las máximas autoridades de la Junta de Andalucía por sospechar que el sistema fue creado para “institucionalizar” el fraude en las ayudas. El Partido Popular señala abiertamente al actual presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, por aumentar el fondo de los ERE cuando desempeñaba el cargo de consejero de Economía, negándose a reconocer que tales modificaciones, realizadas con el visto bueno del interventor, son frecuentes en la Administración y no suponen el conocimiento de lo que pasaba en la Dirección General de Empleo.
Tras meses batallando jurídicamente para conseguir incluso todas las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía de la última década, la magistrada Alaya parece centrarse ahora en investigar el rastro que ha ido dejando el dinero.
Lo cierto es que las responsabilidades políticas no se han depurado en un caso tan inadmisible e inaudito como este, que aún está en proceso judicial y bajo secreto del sumario. Pero, en tanto no se asiente el hábito de dimitir por ética y dignidad política, tan exigible al contrario y tan rechazado en el propio, y no se instaure una verdadera transparencia en todos los ámbitos y procedimientos de la función pública, habrá que aguardar al fallo de la sentencia para exigir las consecuencias políticas de los condenados.
Una prudencia que debería observarse tanto en la trama Gürtel, caso Bárcenas y los ERE, entre otros. Con todo, es de agradecer la franqueza de la actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al estimar que los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, tienen “responsabilidad política, sin duda, porque son responsables de esa Consejería durante ese tiempo” en que se produjeron los hechos.
Pero lo que se debe denunciar como radicalmente inadmisible es la ligera afirmación de que la política es sinónimo de fraude, los políticos de rateros y Andalucía de ser una tierra subvencionada y solar de la vagancia. Ni por las cantidades defraudadas, ni por los trabajadores afectados, ni por los políticos inculpados se justifica el desprecio y la desconsideración que recibe Andalucía desde algunos sectores sociales y medios de comunicación, que en realidad persiguen réditos políticos con el insulto y la ofensa.
Casos como el de los ERE perjudican, pero no invalidan la viabilidad de un instrumento público cuya necesidad sigue siendo innegable, máxime en momentos de crisis y de recesión conómica tan graves como los actuales. Andalucía ni los trabajadores andaluces merecen tales descalificaciones. No las admito.
Si lo desea, puede compartir este contenido: Lo más grave que puede decirse, para empezar, del escándalo de los ERE es que comenzó hace diez años y perduró hasta 2010, un larguísimo período de tiempo durante el cual se sustrajo fraudulentamente, de las ayudas y subvenciones que la Junta de Andalucía presupuestó para socorrer a empresas en dificultades y prejubilar a trabajadores destinados al paro, la cantidad de 135 millones de euros.
Ese es el importe defraudado de la partida 31L que creó la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno andaluz con el propósito de garantizar la paz social y disponer de un instrumento con el que intervenir de forma rápida en una época en la que la industria de la región expulsaba a miles de obreros a la calle (Astilleros, Puleva, Santana, etc.)
Los despedidos a consecuencia de un ERE disponían, gracias a este programa presupuestario de la Administración andaluza, de una renta en función de la antigüedad laboral hasta que pudieran cobrar una pensión de jubilación. También las empresas podían solicitar diversas subvenciones que buscaban garantizar su viabilidad y el mantenimiento del empleo.
La cuantía total de los créditos otorgados por ambos conceptos, según la Cámara de Cuentas, es durante ese tiempo de 732,2 millones de euros, habiendo compromisos adquiridos hasta un total de 1.217 millones. El porcentaje de lo defraudado asciende, por tanto, al 11,11 por ciento de lo destinado a los ERE, una cifra inadmisible en cualquier caso.
Por otra parte, de las más de 6.400 personas que accedieron legalmente a una prejubilación, 241 son consideradas “intrusas” por percibir estas ayudas sociolaborales sin reunir los requisitos –algunos, incluso, sin que hubieran trabajado nunca en la empresa en la que figuraban vinculados-.
El fraude por este concepto es de 17 millones de euros. Ello supone el 3,7 por ciento de las ayudas por prejubilación que concedió la Junta de Andalucía durante esos diez años, y el 0,29 por ciento de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en el mismo período, según desglosó en la fracasada Comisión Parlamentaria el actual consejero de Economía, Antonio Ávila. En cualquier caso, también cifras inadmisibles.
Además, otros 73 millones de euros se repartieron directamente a empresas, un buen número de ellas concentradas en la Sierra Norte de Sevilla –de donde es natural Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo encarcelado-, sin ningún tipo de control ni justificación, y que correspondían a empresarios afines al PSOE, entre los que figuraban varios exconcejales de ese partido. En este aspecto, el fraude se eleva al 6 por ciento de la partida de los ERE. Algo, insistámoslo, inadmisible.
Por último, las comisiones abusivas que se pagaron por tramitar estos expedientes, y que lucraron a compañías aseguradoras, intermediarios, bufetes de abogados, algunos sindicalistas y ex altos cargos de la Junta, ascienden a 50 millones de euros, unas sobrecomisiones escandalosas y de todo punto inadmisibles.
Es precisamente en este ámbito donde aparece la intervención como “conseguidor” de determinados exsindicalistas que intermediaban para asegurar la concesión de las ayudas de forma fraudulenta, lo que da lugar a insinuaciones de presunta complicidad de los sindicatos, sin aportar ninguna prueba.
Ello ha sido rechazado con rotundidad por el secretario general de UGT de Andalucía, Manuel Pastrana Casado, en un artículo publicado recientemente. La generalización de sospechas e infundios desde interesados sectores sociales y medios políticos es, digámoslo también, algo intolerable e inadmisible, por cuanto tergiversan y persiguen el desprestigio de instituciones creadas al servicio y la protección del trabajador.
Y es que, aparte de las cantidades robadas por delincuentes que la Justicia persigue e investiga, los ERE en Andalucía representan sólo el 5,3 por ciento del total de los más de 81.000 expedientes realizados en España, lo que hace inveraz la insistente insidia de que "Andalucía es la tierra de los ERE".
Solamente un 8 por ciento de los trabajadores andaluces se acogieron a estas prejubilaciones diseñadas por la Junta de Andalucía en esta década, a pesar de las altas cifras de paro y la destrucción de empleo que asola la región. Los ERE son una de las medidas utilizadas para amortiguar la grave situación a la que se ve abocado un trabajador afectado por un cierre, una deslocalización o una reducción de plantilla de una empresa con problemas.
Pero si la existencia y la finalidad de estas ayudas son encomiables, el sistema establecido para su concesión es completamente deplorable, pues facilitaba la arbitrariedad y la discrecionalidad por parte de la Administración, como de hecho sucedía al facultar en el ex director general citado la.concesión de estas ayudas sin ninguna supervisión ni comprobación ulterior.
Así podía este personaje autorizar subvenciones al que fuera su chófer para que las gastara en drogas y fiestas. Los informes de la Intervención alertaban de la "ausencia absoluta de procedimiento administrativo legal" a la hora de pagar estos ERE mediante transferencias de financiación. Sólo se cambió el procedimiento cuando se descubrió el escándalo: demasiado tarde.
La juez Mercedes Alaya ha intentado implicar a las máximas autoridades de la Junta de Andalucía por sospechar que el sistema fue creado para “institucionalizar” el fraude en las ayudas. El Partido Popular señala abiertamente al actual presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, por aumentar el fondo de los ERE cuando desempeñaba el cargo de consejero de Economía, negándose a reconocer que tales modificaciones, realizadas con el visto bueno del interventor, son frecuentes en la Administración y no suponen el conocimiento de lo que pasaba en la Dirección General de Empleo.
Tras meses batallando jurídicamente para conseguir incluso todas las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía de la última década, la magistrada Alaya parece centrarse ahora en investigar el rastro que ha ido dejando el dinero.
Lo cierto es que las responsabilidades políticas no se han depurado en un caso tan inadmisible e inaudito como este, que aún está en proceso judicial y bajo secreto del sumario. Pero, en tanto no se asiente el hábito de dimitir por ética y dignidad política, tan exigible al contrario y tan rechazado en el propio, y no se instaure una verdadera transparencia en todos los ámbitos y procedimientos de la función pública, habrá que aguardar al fallo de la sentencia para exigir las consecuencias políticas de los condenados.
Una prudencia que debería observarse tanto en la trama Gürtel, caso Bárcenas y los ERE, entre otros. Con todo, es de agradecer la franqueza de la actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al estimar que los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, tienen “responsabilidad política, sin duda, porque son responsables de esa Consejería durante ese tiempo” en que se produjeron los hechos.
Pero lo que se debe denunciar como radicalmente inadmisible es la ligera afirmación de que la política es sinónimo de fraude, los políticos de rateros y Andalucía de ser una tierra subvencionada y solar de la vagancia. Ni por las cantidades defraudadas, ni por los trabajadores afectados, ni por los políticos inculpados se justifica el desprecio y la desconsideración que recibe Andalucía desde algunos sectores sociales y medios de comunicación, que en realidad persiguen réditos políticos con el insulto y la ofensa.
Casos como el de los ERE perjudican, pero no invalidan la viabilidad de un instrumento público cuya necesidad sigue siendo innegable, máxime en momentos de crisis y de recesión conómica tan graves como los actuales. Andalucía ni los trabajadores andaluces merecen tales descalificaciones. No las admito.
DANIEL GUERRERO
