Una de las mayores perversidades que conlleva el despilfarro de dinero público es la de hacer creer a los ciudadanos que se hace por su propio beneficio. “Vale, sí, para realizar esto he contratado a la empresa de mi primo, ¡pero es que es por tu bien!”.
Es este ambiente de despilfarro humanitario, hace unos días, se han llevado a cabo las pruebas de diagnóstico educativas en los centros andaluces. Pruebas elaboradas, por supuesto, por una empresa concesionaria que vive del dinero público, del que emplea, cada año, cerca de medio millón de euros en estos exámenes.
Las pruebas de diagnóstico se materializan en un cuadernillo con muchas preguntas sobre las competencias educativas básicas (lingüística, matemática, científica y artística) que los alumnos han de contestar voluntariamente, en otro cuaderno, con las indicaciones necesarias para el profesorado corrector y en una hoja de evaluación donde calificar, de 1 a 5, las respuestas del alumno.
Del análisis de las calificaciones se obtiene una serie de informes que, año tras año, delatan el estado y eficacia del sistema educativo español sin que se propongan una serie de mejoras que se puedan realizar y que, al menos, intenten paliar los pésimos resultados obtenidos.
Este año, incluso, las preguntas del cuestionario fueron filtradas por Internet, de modo que los centros que las preparan para, llámenlo "falsear", llámenlo "obtener mejores resultados", no sólo contaban con modelos de preguntas, sino con las preguntas reales; así que no se extrañen si dentro de unos meses escuchan en las noticias que los resultados educativos han mejorado notablemente.
Con medio millón de euros cada año se pueden contratar muchos profesores, se pueden dotar las bibliotecas de los centros escolares de muchos libros y se pueden crear muchos programas de apoyo educativo al alumnado que lo necesita.
Pero los primos de los políticos también tienen derecho a un sueldo digno, y es mucho más lucrativo realizar unas pruebas absurdas, que obtener todos esos datos de las tres evaluaciones que, anualmente, se realizan en todos los centros educativos públicos y privados. Pero claro, eso sería hacer las cosas bien.
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Las pruebas de diagnóstico se materializan en un cuadernillo con muchas preguntas sobre las competencias educativas básicas (lingüística, matemática, científica y artística) que los alumnos han de contestar voluntariamente, en otro cuaderno, con las indicaciones necesarias para el profesorado corrector y en una hoja de evaluación donde calificar, de 1 a 5, las respuestas del alumno.
Del análisis de las calificaciones se obtiene una serie de informes que, año tras año, delatan el estado y eficacia del sistema educativo español sin que se propongan una serie de mejoras que se puedan realizar y que, al menos, intenten paliar los pésimos resultados obtenidos.
Este año, incluso, las preguntas del cuestionario fueron filtradas por Internet, de modo que los centros que las preparan para, llámenlo "falsear", llámenlo "obtener mejores resultados", no sólo contaban con modelos de preguntas, sino con las preguntas reales; así que no se extrañen si dentro de unos meses escuchan en las noticias que los resultados educativos han mejorado notablemente.
Con medio millón de euros cada año se pueden contratar muchos profesores, se pueden dotar las bibliotecas de los centros escolares de muchos libros y se pueden crear muchos programas de apoyo educativo al alumnado que lo necesita.
Pero los primos de los políticos también tienen derecho a un sueldo digno, y es mucho más lucrativo realizar unas pruebas absurdas, que obtener todos esos datos de las tres evaluaciones que, anualmente, se realizan en todos los centros educativos públicos y privados. Pero claro, eso sería hacer las cosas bien.
PABLO POÓ
