Si analizamos uno por uno los casos de corrupción política que en Cataluña se vienen produciendo en todos y cada uno de los tres principales partidos que hasta ahora han asumido competencias de gobierno –CiU, PSOE y ERC-, uno no puede extrañarse demasiado de las declaraciones del ex director adjunto de Marca España, Juan Carlos Gafo, o del alcalde de Callosa de Segura, Francisco Javier Pérez Trigueros, en contra del independentismo oficialista catalán que es al que, sin lugar alguno a la duda, han querido referirse con su comentario escatológico contra los catalanes.
Un independentismo, vestido en algún caso de federalismo –por no romper del todo los lazos entre el socialismo catalán y el español-, que poco a poco va calando en la población y que, a menudo, vemos expresarse en actos oficiales en los que se rechaza todo aquello que suena a España.
Entiendo que ambos representantes hayan vuelto sobre sus palabras, rectificando o matizando las mismas, pero me atrevería a afirmar que a la mayoría de los españoles les habrá pedido el cuerpo en alguna ocasión “mandar a la mierda” –es lo que han hecho ambos representantes- a quienes están generando un grave problema de convivencia en España y poniendo en grave riesgo una unidad territorial y constitucional que en modo alguno podemos permitir que se rompa en 17 estallidos independentistas.
Porque, concedida la independencia a Cataluña, ¿qué motivo impediría que el País Vasco, Galicia, Madrid, Melilla o Andalucía optasen también a ella? Ninguno. Es más, estarían en su pleno derecho constitucional una vez que se hubiese violado, con el caso catalán, la Carta Magna.
Por ello que al margen de los antecedentes históricos, que si motivan a la Cataluña oficialista del fraude y la corrupción más lo hacen a la España de la integración y el respeto mutuo, no es de recibo que pretendan pivotar semejante dislate independentista quienes han estado o están inmersos en casos de corrupción como el Banca Catalana, Palau, ITV, Pallerols, Pretoria o Método3 y así hasta un largo etcétera, que más que buscar el beneficio para los ciudadanos desde el integrismo y el fundamentalismo nacionalista, persiguen el beneficio propio como los tribunales de justicia vienen aclarando.
Ello genera indignación, claro que genera indignación, en quienes creen, y creemos, que Cataluña, como el resto de España, no se ha hecho a sí misma sino que resulta de un proyecto común y solidario en el que, a lo largo de los tiempos, no lo olvidemos, se ha visto más beneficiada que otras regiones o comunidades autónomas, precisamente por su “singularidad”.
Sé que políticamente no es correcto, pero castellanamente se trata de una expresión que si bien es vulgar y malsonante no encierra sino “el rechazo a una persona o una cosa, especialmente con enfado y desprecio”. Por ello que no me tiemble la boca al “mandar a la mierda” a quienes, desde el poder político catalán, no merecen sino el rechazo y el desprecio del resto de los españoles, incluidos los catalanes.
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Entiendo que ambos representantes hayan vuelto sobre sus palabras, rectificando o matizando las mismas, pero me atrevería a afirmar que a la mayoría de los españoles les habrá pedido el cuerpo en alguna ocasión “mandar a la mierda” –es lo que han hecho ambos representantes- a quienes están generando un grave problema de convivencia en España y poniendo en grave riesgo una unidad territorial y constitucional que en modo alguno podemos permitir que se rompa en 17 estallidos independentistas.
Porque, concedida la independencia a Cataluña, ¿qué motivo impediría que el País Vasco, Galicia, Madrid, Melilla o Andalucía optasen también a ella? Ninguno. Es más, estarían en su pleno derecho constitucional una vez que se hubiese violado, con el caso catalán, la Carta Magna.
Por ello que al margen de los antecedentes históricos, que si motivan a la Cataluña oficialista del fraude y la corrupción más lo hacen a la España de la integración y el respeto mutuo, no es de recibo que pretendan pivotar semejante dislate independentista quienes han estado o están inmersos en casos de corrupción como el Banca Catalana, Palau, ITV, Pallerols, Pretoria o Método3 y así hasta un largo etcétera, que más que buscar el beneficio para los ciudadanos desde el integrismo y el fundamentalismo nacionalista, persiguen el beneficio propio como los tribunales de justicia vienen aclarando.
Ello genera indignación, claro que genera indignación, en quienes creen, y creemos, que Cataluña, como el resto de España, no se ha hecho a sí misma sino que resulta de un proyecto común y solidario en el que, a lo largo de los tiempos, no lo olvidemos, se ha visto más beneficiada que otras regiones o comunidades autónomas, precisamente por su “singularidad”.
Sé que políticamente no es correcto, pero castellanamente se trata de una expresión que si bien es vulgar y malsonante no encierra sino “el rechazo a una persona o una cosa, especialmente con enfado y desprecio”. Por ello que no me tiemble la boca al “mandar a la mierda” a quienes, desde el poder político catalán, no merecen sino el rechazo y el desprecio del resto de los españoles, incluidos los catalanes.
ENRIQUE BELLIDO
