Diego Valderas, este personaje que tenemos de vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, ahí es nada, el mismo en el que Javier Arenas descubrió no sé qué valores para encumbrarlo, en julio de 1994, a la Presidencia del Parlamento de Andalucía, se deja caer ahora acusando a la jueza Alaya de “no distinguirse por su celeridad y prontitud” en la investigación del caso ERE, apelando a que Andalucía necesita ya “pasar página” “y pasarla conociendo el alcance y las responsabilidades políticas y penales”.
Se nota que a Valderas le está escociendo el verse en el ojo del huracán de un escándalo de dimensiones mayúsculas, sustentando a un Gobierno, el socialista, que está siendo investigado judicialmente por su participación en el mismo y, por tanto, comiéndose un plato de lentejas, con tal de estar sentado a la mesa del poder, que de seguro se le van a indigestar.
Ya le gustaría a él que la instrucción se hubiese cerrado, sin tirar de los hilos, los enrevesados hilos, que la jueza está obteniendo de esta madeja de corrupción en la que se había convertido el Gobierno de la Junta de Andalucía.
Le encantaría, no lo dudo, a Diego Valderas, que se pasase página, como si aquí nada hubiese sucedido, aunque la celeridad parece estar reñida con el conocimiento de todas y cada una de las responsabilidades políticas y penales a que hubiere lugar en un caso como este, con ramificaciones de todo tipo: políticas, sindicales, laborales, empresariales, etc.
Resulta bochornoso –no, mucho más: resulta bananero, propio de la Cuba castrista- que un vicepresidente de la Junta y el consejero de Justicia e Interior “acosen” políticamente a la Justicia intentando dirigir los pasos de la misma en beneficio de –vamos a silenciarlos- espurios intereses.
La reciente imputación de dos de los hijos de Ruiz-Mateos, las artimañas que desde el sindicato UGT se han venido poniendo en práctica, según delatan las investigaciones para, ahora sí, poner de acuerdo a empresarios y trabajadores a fin de repartirse los beneficios de los falsos ERE, justifican de sobra una investigación pausada y meticulosa que ponga en evidencia todas las conexiones existentes, por mucho que electoralmente le afecte al partido en el Gobierno de la Junta y ponga en peligro el futuro laboral de un Valderas que, al menos, no se encontrará sin techo que lo cobije: el que en su día perteneció a un desahuciado.
Andalucía debe conocer el alcance de las responsabilidades políticas y penales de este caso, pero debe conocerlo al completo, no como algunos parecen pretender de forma parcial y sesgada, lo que sería muy al gusto de algunos políticos.
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Ya le gustaría a él que la instrucción se hubiese cerrado, sin tirar de los hilos, los enrevesados hilos, que la jueza está obteniendo de esta madeja de corrupción en la que se había convertido el Gobierno de la Junta de Andalucía.
Le encantaría, no lo dudo, a Diego Valderas, que se pasase página, como si aquí nada hubiese sucedido, aunque la celeridad parece estar reñida con el conocimiento de todas y cada una de las responsabilidades políticas y penales a que hubiere lugar en un caso como este, con ramificaciones de todo tipo: políticas, sindicales, laborales, empresariales, etc.
Resulta bochornoso –no, mucho más: resulta bananero, propio de la Cuba castrista- que un vicepresidente de la Junta y el consejero de Justicia e Interior “acosen” políticamente a la Justicia intentando dirigir los pasos de la misma en beneficio de –vamos a silenciarlos- espurios intereses.
La reciente imputación de dos de los hijos de Ruiz-Mateos, las artimañas que desde el sindicato UGT se han venido poniendo en práctica, según delatan las investigaciones para, ahora sí, poner de acuerdo a empresarios y trabajadores a fin de repartirse los beneficios de los falsos ERE, justifican de sobra una investigación pausada y meticulosa que ponga en evidencia todas las conexiones existentes, por mucho que electoralmente le afecte al partido en el Gobierno de la Junta y ponga en peligro el futuro laboral de un Valderas que, al menos, no se encontrará sin techo que lo cobije: el que en su día perteneció a un desahuciado.
Andalucía debe conocer el alcance de las responsabilidades políticas y penales de este caso, pero debe conocerlo al completo, no como algunos parecen pretender de forma parcial y sesgada, lo que sería muy al gusto de algunos políticos.
ENRIQUE BELLIDO
