Se repiten en los últimos tiempos innumerables anuncios de que avanzamos hacia la salida de la crisis, hacia la recuperación de la economía y, más tarde que pronto, la creación de empleo. Son voces empeñadas en avisar que se atisba luz al final del túnel. Otra vez aparecen aquellos brotes verdes en boca de cualquier miembro del Gobierno, como demostración de un “argumentario” bien memorizado.
Conteniendo el optimismo, aseguran esos portavoces de la buena nueva que las cifras macroeconómicas muestran que ya se ha enderezado el rumbo, que los desequilibrios se han corregido y que el ansiado crecimiento, aunque tímido, será posible incluso este mismo año.
Pero nos advierten, por si fallan los pronósticos, que no se podrá bajar la guardia y se deberán profundizar las “reformas” emprendidas. Que habrá que seguir ajustando el gasto y “conteniendo” los salarios, únicos causantes, al parecer, de cuantas desgracias económicas nos han sucedido. Cuando escucho estos mensajes de satisfacción en quienes dirigen la economía desde la política, alucino. Sinceramente, no sé a qué se refieren ni a quién se dirigen.
En primer lugar, porque no me fío en absoluto de tales certezas ni de las promesas. Las profieren expertos en ocultar sus verdaderas intenciones y hasta de postergar acciones con tal de priorizar un interés partidista al bien general.
Fue, justamente, lo que hizo el Gobierno con los primeros Presupuestos del Estado de la Legislatura, que se demoraron hasta la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía porque convenía a la estrategia electoral del partido que gobierna el país. Si, de entrada, anteponen lo “suyo” a lo de todos: mal empezamos. Eso no es andar recto.
Como tampoco es andar recto que todas las medidas adoptadas hayan supuesto un aumento del paro en contra de lo prometido. Por mucho que lo achaquen a la “herencia recibida”, alguna responsabilidad tendrán que admitir de los efectos provocados con sus iniciativas en el mercado laboral, en el aumento de las contrataciones temporales en detrimento de las indefinidas, en el abandono del convenio colectivo para la negociación sectorial y en la potestad omnímoda otorgada a la patronal para “ajustar” plantillas a precio de saldo o reducir unilateralmente las retribuciones salariales de sus trabajadores si estiman no ya pérdidas sino simplemente un estancamiento de los beneficios.
Es posible que muchas empresas comiencen a sentir la esperada recuperación de la actividad, pero la mayoría de sus empleados no pueden compartirla ni disfrutarla. Antes al contrario, se les exige mayores sacrificios en aras de una “luz” que sólo vislumbra el Gobierno e ilumina a los grandes directivos.
Porque si esos contratos temporales y unas condiciones infinitamente peores constituyen la esperanza de empleo de la que hablan, mejor sería encomendarse a la Virgen del Rocío, como ya hiciera la ministra de Empleo, no por un trabajo, sino para que nos procure políticos menos demagogos.
No es precarizando el trabajo y eliminando derechos de los trabajadores como se consigue la recuperación económica y el dinamismo en el mercado laboral. Una mano de obra menospreciada, sin cualificar y empobrecida sólo redunda en un consumo interno deprimido.
Tampoco esa supuesta “competitividad”, en cuyo nombre se cometen tantos atropellos y sólo sirve para desproteger al trabajador, permitirá a nuestras empresas y sus productos competir en un mercado globalizado si sólo se hace depender de los costes salariales.
Siempre habrá países tercermundistas con sueldos de miseria que nos harán la competencia en cuanto a mano de obra barata, de menos de un euro la hora, y atraerán la deslocalización de las empresas. Emularlos no es, por tanto, la solución. Así sólo “avanzamos” para atrás, como los cangrejos.
Puede, también, que fluya el dinero, pero no hacia quién lo pide prestado. La “sequía” de créditos y la falta de liquidez del mercado financiero, motivos por los que el Gobierno concedió ingentes ayudas a los bancos y determinaron el “rescate” que Bruselas impuso a España a cambio de condiciones severas en la contención del “gasto” (desmantelamiento del Estado de bienestar), probablemente estén siendo solventados, permitiendo la recuperación de los damnificados, todos ellos pertenecientes a la fuerza del Capital.
Pero no trasladan ningún alivio a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas, que siguen sufriendo la escasez del crédito y dificultades para la financiación de su actividad. Es una consecuencia injusta. Lo que se detrae del “gasto” en la provisión de servicios públicos, restándolo de la atención de las necesidades de una población que nada tiene ver con la crisis, se presta generosamente a unas entidades privadas cuya insolvencia, ambición o mala gestión contribuyeron, en buena medida, a la generación de la crisis económica.
Es hiriente que gran parte del dinero público prestado sea a fondo perdido, por lo que correrá a cuenta de los contribuyentes, pero resulta dramático que el Gobierno haya preferido premiar a los responsables de la crisis que socorrer a las víctimas, a las que inflige un castigo añadido con todos los recortes realizados hasta la fecha.
Es ignominioso que la cuantía de estos “ajustes” sea equivalente a las ayudas concedidas al sistema financiero. Otra vez se opta por lo particular en vez del bien general. Si así se “avanza” hacia la recuperación, no será en línea recta, sino siguiendo un tortuoso camino que favorece únicamente a los poderosos. Poderosos cangrejos.
Existen mil ejemplos de este “avanzar” como los crustáceos en el camino hacia la presunta recuperación y el crecimiento. Y todos castigan al mismo perjudicado, a los ciudadanos de a pie que pagan sus impuestos a cambio de unos servicios públicos en constante mengua y deterioro.
Si “recuperación” significa renunciar a conquistas sociales que contrarrestan desigualdades, protegen a los desfavorecidos y proporcionan libertades y derechos a todos, entonces el camino hacia esa recuperación es erróneo. Una equivocación que parece constatarse cuando Alemania, país que dicta la política económica de Europa e impone las restricciones que España asume sin rechistar, adoptará la implantación de un salario mínimo que aquí los empresarios han denostado, aunque no sea el más alto del continente, por ser referente de la tabla salarial.
Una senda tortuosa que nos han hecho recorrer quienes han acabado reconociendo fallos en sus calificaciones financieras de nuestra deuda soberana o esas entidades internacionales que han sido multadas por actuar como un cartel y usar prácticas anticompetitivas para manipular los tipos de interés –como el euríbor- del mercado financiero.
Tanto deambular errático sólo es concebible en un cangrejo. Los que pertenecen a esa especie animal de pétrea coraza y pinzas temibles para proteger exclusivamente lo “suyo”, están encantados con la marcha. Obtienen pingües beneficios al ir para atrás, atropellando cuanto encuentran en su camino y sin respetar más norma que la que les conviene.
Tal parece ser la trayectoria por la que el Gobierno conduce nuestra economía hacia la repetida “recuperación” y en la que atisba luz al final de una pesadilla que condena a cerca de seis millones de personas al paro, expulsa alumnos de la universidad, destruye a las clases medias, niega prestaciones públicas y elimina libertades y derechos de los ciudadanos, además de criminalizar las manifestaciones y protestas públicas y poner cuchillas en la frontera. Pero avanzamos, como los cangrejos.
Conteniendo el optimismo, aseguran esos portavoces de la buena nueva que las cifras macroeconómicas muestran que ya se ha enderezado el rumbo, que los desequilibrios se han corregido y que el ansiado crecimiento, aunque tímido, será posible incluso este mismo año.
Pero nos advierten, por si fallan los pronósticos, que no se podrá bajar la guardia y se deberán profundizar las “reformas” emprendidas. Que habrá que seguir ajustando el gasto y “conteniendo” los salarios, únicos causantes, al parecer, de cuantas desgracias económicas nos han sucedido. Cuando escucho estos mensajes de satisfacción en quienes dirigen la economía desde la política, alucino. Sinceramente, no sé a qué se refieren ni a quién se dirigen.
En primer lugar, porque no me fío en absoluto de tales certezas ni de las promesas. Las profieren expertos en ocultar sus verdaderas intenciones y hasta de postergar acciones con tal de priorizar un interés partidista al bien general.
Fue, justamente, lo que hizo el Gobierno con los primeros Presupuestos del Estado de la Legislatura, que se demoraron hasta la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía porque convenía a la estrategia electoral del partido que gobierna el país. Si, de entrada, anteponen lo “suyo” a lo de todos: mal empezamos. Eso no es andar recto.
Como tampoco es andar recto que todas las medidas adoptadas hayan supuesto un aumento del paro en contra de lo prometido. Por mucho que lo achaquen a la “herencia recibida”, alguna responsabilidad tendrán que admitir de los efectos provocados con sus iniciativas en el mercado laboral, en el aumento de las contrataciones temporales en detrimento de las indefinidas, en el abandono del convenio colectivo para la negociación sectorial y en la potestad omnímoda otorgada a la patronal para “ajustar” plantillas a precio de saldo o reducir unilateralmente las retribuciones salariales de sus trabajadores si estiman no ya pérdidas sino simplemente un estancamiento de los beneficios.
Es posible que muchas empresas comiencen a sentir la esperada recuperación de la actividad, pero la mayoría de sus empleados no pueden compartirla ni disfrutarla. Antes al contrario, se les exige mayores sacrificios en aras de una “luz” que sólo vislumbra el Gobierno e ilumina a los grandes directivos.
Porque si esos contratos temporales y unas condiciones infinitamente peores constituyen la esperanza de empleo de la que hablan, mejor sería encomendarse a la Virgen del Rocío, como ya hiciera la ministra de Empleo, no por un trabajo, sino para que nos procure políticos menos demagogos.
No es precarizando el trabajo y eliminando derechos de los trabajadores como se consigue la recuperación económica y el dinamismo en el mercado laboral. Una mano de obra menospreciada, sin cualificar y empobrecida sólo redunda en un consumo interno deprimido.
Tampoco esa supuesta “competitividad”, en cuyo nombre se cometen tantos atropellos y sólo sirve para desproteger al trabajador, permitirá a nuestras empresas y sus productos competir en un mercado globalizado si sólo se hace depender de los costes salariales.
Siempre habrá países tercermundistas con sueldos de miseria que nos harán la competencia en cuanto a mano de obra barata, de menos de un euro la hora, y atraerán la deslocalización de las empresas. Emularlos no es, por tanto, la solución. Así sólo “avanzamos” para atrás, como los cangrejos.
Puede, también, que fluya el dinero, pero no hacia quién lo pide prestado. La “sequía” de créditos y la falta de liquidez del mercado financiero, motivos por los que el Gobierno concedió ingentes ayudas a los bancos y determinaron el “rescate” que Bruselas impuso a España a cambio de condiciones severas en la contención del “gasto” (desmantelamiento del Estado de bienestar), probablemente estén siendo solventados, permitiendo la recuperación de los damnificados, todos ellos pertenecientes a la fuerza del Capital.
Pero no trasladan ningún alivio a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas, que siguen sufriendo la escasez del crédito y dificultades para la financiación de su actividad. Es una consecuencia injusta. Lo que se detrae del “gasto” en la provisión de servicios públicos, restándolo de la atención de las necesidades de una población que nada tiene ver con la crisis, se presta generosamente a unas entidades privadas cuya insolvencia, ambición o mala gestión contribuyeron, en buena medida, a la generación de la crisis económica.
Es hiriente que gran parte del dinero público prestado sea a fondo perdido, por lo que correrá a cuenta de los contribuyentes, pero resulta dramático que el Gobierno haya preferido premiar a los responsables de la crisis que socorrer a las víctimas, a las que inflige un castigo añadido con todos los recortes realizados hasta la fecha.
Es ignominioso que la cuantía de estos “ajustes” sea equivalente a las ayudas concedidas al sistema financiero. Otra vez se opta por lo particular en vez del bien general. Si así se “avanza” hacia la recuperación, no será en línea recta, sino siguiendo un tortuoso camino que favorece únicamente a los poderosos. Poderosos cangrejos.
Existen mil ejemplos de este “avanzar” como los crustáceos en el camino hacia la presunta recuperación y el crecimiento. Y todos castigan al mismo perjudicado, a los ciudadanos de a pie que pagan sus impuestos a cambio de unos servicios públicos en constante mengua y deterioro.
Si “recuperación” significa renunciar a conquistas sociales que contrarrestan desigualdades, protegen a los desfavorecidos y proporcionan libertades y derechos a todos, entonces el camino hacia esa recuperación es erróneo. Una equivocación que parece constatarse cuando Alemania, país que dicta la política económica de Europa e impone las restricciones que España asume sin rechistar, adoptará la implantación de un salario mínimo que aquí los empresarios han denostado, aunque no sea el más alto del continente, por ser referente de la tabla salarial.
Una senda tortuosa que nos han hecho recorrer quienes han acabado reconociendo fallos en sus calificaciones financieras de nuestra deuda soberana o esas entidades internacionales que han sido multadas por actuar como un cartel y usar prácticas anticompetitivas para manipular los tipos de interés –como el euríbor- del mercado financiero.
Tanto deambular errático sólo es concebible en un cangrejo. Los que pertenecen a esa especie animal de pétrea coraza y pinzas temibles para proteger exclusivamente lo “suyo”, están encantados con la marcha. Obtienen pingües beneficios al ir para atrás, atropellando cuanto encuentran en su camino y sin respetar más norma que la que les conviene.
Tal parece ser la trayectoria por la que el Gobierno conduce nuestra economía hacia la repetida “recuperación” y en la que atisba luz al final de una pesadilla que condena a cerca de seis millones de personas al paro, expulsa alumnos de la universidad, destruye a las clases medias, niega prestaciones públicas y elimina libertades y derechos de los ciudadanos, además de criminalizar las manifestaciones y protestas públicas y poner cuchillas en la frontera. Pero avanzamos, como los cangrejos.
DANIEL GUERRERO
