Si estando sujetas a control legal y debiendo respetar los derechos y libertades de los ciudadanos –reconocidos en la Constitución-, la Policía y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son capaces de excederse a la hora de reprimir y disolver manifestaciones y protestas públicas, persiguiendo incluso vestidos de paisano a manifestantes para aporrearlos y detenerlos, ¿qué no harán con la “manga ancha” que les confiere ahora el Gobierno de Mariano Rajoy, al criminalizar con fuertes multas administrativas cualquier expresión colectiva de los ciudadanos? ¡Imagínenselo!
Se trata de una auténtica mordaza a la democracia lo que este Gobierno, descaradamente autoritario, pretende aplicar al derecho de manifestación con la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio de Interior está elaborando y cuyo anteproyecto ya ha recibido luz verde por parte del Consejo de Ministros.
Es una normativa que contempla sanciones económicas a quienes participen en los escraches, acudan a convocatorias y rodeen instituciones públicas o levanten obstáculos que impidan la libre circulación. También castiga a los que usen capuchas que dificulten su identificación en las manifestaciones, profieran amenazas e insultos a los policías que emplean la fuerza y a los que tomen imágenes o vídeos de las actuaciones policiales.
Hasta con 600.000 euros de multa está previsto castigar a quien pretenda ejercer su derecho a la discrepancia y el reproche públicos. Ya no se podrá rebatir a las Fuerzas de Seguridad de ningún atropello contra la libertad, como sucedió por ejemplo en el Raval de Barcelona, porque estará prohibido tomar pruebas en forma de fotos y películas de vídeo, ya que serán consideradas mofa o agresiones hacia ellos.
Y sin pruebas documentales, no existirá el exceso ni el atropello. Será tu palabra contra la de un agente de la autoridad, la cual prevalece aunque te salten un ojo de un pelotazo de goma o declares en un juzgado con el cuerpo cubierto de moratones por los golpes.
Y es que, después de castigar a la población con el mayor retroceso en derechos y políticas sociales jamás ejecutado en la historia reciente de este país, el empobrecimiento económico y un paro como nunca antes y unas imposiciones dogmáticas y religiosas que nos retrotraen a épocas preconstitucionales, la reacción de rechazo y disenso frente a esa acción de gobierno, realizada de forma pública y colectiva, pero pacífica, estará vetada no sólo con el Código Penal sino también con esta normativa administrativa nueva, fuertemente disuasoria y obstaculizadora.
No es de extrañar. Si las huelgas siempre son tachadas de “salvajes”; las protestas, de “insultos” a la autoridad, y las manifestaciones como “amenazas” a la seguridad ciudadana, ¿qué espacio deja la derecha gobernante a la libre expresión pública que no motive su recelo y afán coercitivo?
No es un "recorte" más. Aparte de representar un grave atentado a las libertades, este anteproyecto de ley que ya ha aprobado el Consejo de Ministros denota la actitud represora de un Gobierno que se parapeta tras los muros de un Estado policial para combatir con represión el derecho de los ciudadanos a manifestarse, discrepar y participar en actos colectivos de repudio a cuántas medidas gubernamentales consideren lesivas a sus intereses mayoritarios.
Evidencia un Gobierno que recela de las libertades, de la democracia y de los ciudadanos, y que no está dispuesto a que se le discuta en la calle ni se muestre oposición a sus políticas de forma multitudinaria.
Sin embargo, esa intransigencia penal, sumamente inflexible con el débil que sale a la calle a mostrar su hartazgo, no se aplica a los grandes defraudadores de la Hacienda pública, a los evasores fiscales, a los autores de la financiación irregular de los partidos políticos (donantes y receptores), a las agresiones medioambientales (como la del Prestige), a los corruptos que proliferan en todas las administraciones públicas o a los gestores que administran con deslealtad y arruinan bancos e entidades financieras, etc.
Para este Gobierno que reprende derechos y libertades, es la opinión y las ideas las que son peligrosas, no el robo, el abuso y el engaño. Se castiga a la gente por protestar, por exigir cambios en la forma de gobernar, no a los ladrones que malversan capitales ni a quienes actúan en contra del interés público a sabiendas.
Esta ley es inadmisible porque su intención es impedir la crítica a las iniciativas ideológicas (en materia económica, social, religiosa y cultural) del Gobierno y quiere silenciar cualquier atisbo de discrepancia. Es un paso que no se puede tolerar ya que los siguientes nos conducirán directamente al desprecio de la democracia como forma de convivencia en España y a una sociedad vigilada y maniatada en sus expresiones públicas y en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
No hay que dejar que nos amordacen porque, guiados por esa obsesión de callar al pueblo, ya sólo resta prohibir el derecho al voto para determinadas opciones políticas, requerir permiso previo para cualquier actividad derivada de la libertad de expresión y manifestación, e incluso volver a la censura encubierta contra cualquier libelo que se presuma atentatorio a los intereses que representa el partido en el Gobierno.
En definitiva, hay que frenar esta deriva autoritaria y represora del Gobierno conservador de Mariano Rajoy para impedir que acabemos conducidos a un Estado policial, formalmente democrático, pero en la práctica dominado por un Poder que coacciona libertades, cercena la democracia y desconfía de los ciudadanos. Está en juego nuestra salud democrática.
Se trata de una auténtica mordaza a la democracia lo que este Gobierno, descaradamente autoritario, pretende aplicar al derecho de manifestación con la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio de Interior está elaborando y cuyo anteproyecto ya ha recibido luz verde por parte del Consejo de Ministros.
Es una normativa que contempla sanciones económicas a quienes participen en los escraches, acudan a convocatorias y rodeen instituciones públicas o levanten obstáculos que impidan la libre circulación. También castiga a los que usen capuchas que dificulten su identificación en las manifestaciones, profieran amenazas e insultos a los policías que emplean la fuerza y a los que tomen imágenes o vídeos de las actuaciones policiales.
Hasta con 600.000 euros de multa está previsto castigar a quien pretenda ejercer su derecho a la discrepancia y el reproche públicos. Ya no se podrá rebatir a las Fuerzas de Seguridad de ningún atropello contra la libertad, como sucedió por ejemplo en el Raval de Barcelona, porque estará prohibido tomar pruebas en forma de fotos y películas de vídeo, ya que serán consideradas mofa o agresiones hacia ellos.
Y sin pruebas documentales, no existirá el exceso ni el atropello. Será tu palabra contra la de un agente de la autoridad, la cual prevalece aunque te salten un ojo de un pelotazo de goma o declares en un juzgado con el cuerpo cubierto de moratones por los golpes.
Y es que, después de castigar a la población con el mayor retroceso en derechos y políticas sociales jamás ejecutado en la historia reciente de este país, el empobrecimiento económico y un paro como nunca antes y unas imposiciones dogmáticas y religiosas que nos retrotraen a épocas preconstitucionales, la reacción de rechazo y disenso frente a esa acción de gobierno, realizada de forma pública y colectiva, pero pacífica, estará vetada no sólo con el Código Penal sino también con esta normativa administrativa nueva, fuertemente disuasoria y obstaculizadora.
No es de extrañar. Si las huelgas siempre son tachadas de “salvajes”; las protestas, de “insultos” a la autoridad, y las manifestaciones como “amenazas” a la seguridad ciudadana, ¿qué espacio deja la derecha gobernante a la libre expresión pública que no motive su recelo y afán coercitivo?
No es un "recorte" más. Aparte de representar un grave atentado a las libertades, este anteproyecto de ley que ya ha aprobado el Consejo de Ministros denota la actitud represora de un Gobierno que se parapeta tras los muros de un Estado policial para combatir con represión el derecho de los ciudadanos a manifestarse, discrepar y participar en actos colectivos de repudio a cuántas medidas gubernamentales consideren lesivas a sus intereses mayoritarios.
Evidencia un Gobierno que recela de las libertades, de la democracia y de los ciudadanos, y que no está dispuesto a que se le discuta en la calle ni se muestre oposición a sus políticas de forma multitudinaria.
Sin embargo, esa intransigencia penal, sumamente inflexible con el débil que sale a la calle a mostrar su hartazgo, no se aplica a los grandes defraudadores de la Hacienda pública, a los evasores fiscales, a los autores de la financiación irregular de los partidos políticos (donantes y receptores), a las agresiones medioambientales (como la del Prestige), a los corruptos que proliferan en todas las administraciones públicas o a los gestores que administran con deslealtad y arruinan bancos e entidades financieras, etc.
Para este Gobierno que reprende derechos y libertades, es la opinión y las ideas las que son peligrosas, no el robo, el abuso y el engaño. Se castiga a la gente por protestar, por exigir cambios en la forma de gobernar, no a los ladrones que malversan capitales ni a quienes actúan en contra del interés público a sabiendas.
Esta ley es inadmisible porque su intención es impedir la crítica a las iniciativas ideológicas (en materia económica, social, religiosa y cultural) del Gobierno y quiere silenciar cualquier atisbo de discrepancia. Es un paso que no se puede tolerar ya que los siguientes nos conducirán directamente al desprecio de la democracia como forma de convivencia en España y a una sociedad vigilada y maniatada en sus expresiones públicas y en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
No hay que dejar que nos amordacen porque, guiados por esa obsesión de callar al pueblo, ya sólo resta prohibir el derecho al voto para determinadas opciones políticas, requerir permiso previo para cualquier actividad derivada de la libertad de expresión y manifestación, e incluso volver a la censura encubierta contra cualquier libelo que se presuma atentatorio a los intereses que representa el partido en el Gobierno.
En definitiva, hay que frenar esta deriva autoritaria y represora del Gobierno conservador de Mariano Rajoy para impedir que acabemos conducidos a un Estado policial, formalmente democrático, pero en la práctica dominado por un Poder que coacciona libertades, cercena la democracia y desconfía de los ciudadanos. Está en juego nuestra salud democrática.
DANIEL GUERRERO
