No podía el Gobierno demostrar lo que mejor le caracteriza que aprovechar estas Navidades para propinar un nuevo recorte a los ciudadanos: encarecer el recibo de la luz. Si ya estábamos “tiesos” anteriormente, ahora vamos a pasar más frío que nunca. Y no es una figura retórica.
Tan dramática es la situación que se ha acuñado, incluso, el término de “pobreza energética” para designar a aquellas familias que no pueden pagar las facturas del agua, la luz y el gas y, por tanto, no podrán calentar sus hogares durante el invierno.
Ello ha dado lugar a iniciativas parlamentarias que instan al Gobierno a negociar con las compañías energéticas y suministradoras una “tregua invernal” para que no corten, cuando más falta hace, la luz a estos domicilios con dificultades insalvables para abonar las facturas.
Hasta el Defensor del Pueblo catalán ha defendido esta propuesta en un informe sobre la pobreza energética presentado en el Parlament de aquella comunidad, en el que destaca la magnitud de un problema que ya afecta al 26,7 por ciento de los catalanes, quienes se hallan en riesgo grave de pobreza y exclusión social.
El precio resultante de la subasta de energía practicada por las compañías es insultante en las actuales circunstancias, al apuntar a un incremento superior al 10 por ciento en el recibo de la luz. Tan insultante como la actitud del Gobierno de no llegar a ningún compromiso con las productoras de energía durante las negociaciones que venían desarrollando para afrontar lo que se denomina “deuda tarifaria”, un concepto al menos discutible.
Sin embargo, en esta ocasión la reacción al alza de las tarifas parece más bien una “venganza” de las compañías al no ver atendidas las compensaciones prometidas por parte del Gobierno de ir rebajando dicha deuda tarifaria. Se trata de una especie de concertación empresarial para pujar por el encarecimiento de la energía, como si actuaran en régimen de monopolio.
Precisamente, eso es lo más llamativo de este pulso que enfrenta aparentemente al Gobierno con las eléctricas: la sorpresa y las veladas acusaciones que manifiesta el Ejecutivo por la forma en que éstas se reparten la tarta eléctrica nacional. Actúan con la voracidad incontrolada de quien no tiene competencia e impone sus condiciones en un mercado cautivo y desarmado, aunque en teoría esté regulado, sólo en parte.
Es la misma posición de fuerza que gozan las petroleras que distribuyen las gasolinas en España. Unas pocas compañías que también se reparten el mercado nacional y conciertan cuando quieren los precios de los carburantes, atendiendo exclusivamente sus cuentas de resultados, no las necesidades y los sacrificios de una población machacada por parte del Gobierno y las empresas con impuestos, tasas y precios abusivos.
Mostrar ahora sorpresa por una subasta amañada y por el comportamiento de unas empresas que de hecho ejercen su actividad como si se tratase de un monopolio, no tiene ningún sentido, salvo que se pretenda hacer una actuación teatral para mostrar ante la opinión pública que el Gobierno no autoriza dicha subida, cuando ya está perfectamente pactada.
Seguro que se consigue reducir mínimamente el porcentaje de esa subida, vendiéndolo como un triunfo de la voluntad del Gobierno por impedir un incremento desmesurado. Pero ello forma parte de la representación.
Calmados los ánimos, dentro de pocos meses se volverá hablar del coste de la producción de energía y se procederá a una nueva subasta que encarecerá y compensará lo que ahora se amortigua de la subida de la luz. Puro teatro para propinar un nuevo recorte a los ciudadanos a favor de empresas que, en plena crisis, consiguen pingües beneficios.
Una luz sospechosa de no iluminar los intereses que se esconden entre las sombras que produce y un nuevo ejemplo de las bondades de la privatización de sectores estratégicos del país, única meta de quien se hace hoy el ofendido porque el mercado imponga sus normas.
Tan dramática es la situación que se ha acuñado, incluso, el término de “pobreza energética” para designar a aquellas familias que no pueden pagar las facturas del agua, la luz y el gas y, por tanto, no podrán calentar sus hogares durante el invierno.
Ello ha dado lugar a iniciativas parlamentarias que instan al Gobierno a negociar con las compañías energéticas y suministradoras una “tregua invernal” para que no corten, cuando más falta hace, la luz a estos domicilios con dificultades insalvables para abonar las facturas.
Hasta el Defensor del Pueblo catalán ha defendido esta propuesta en un informe sobre la pobreza energética presentado en el Parlament de aquella comunidad, en el que destaca la magnitud de un problema que ya afecta al 26,7 por ciento de los catalanes, quienes se hallan en riesgo grave de pobreza y exclusión social.
El precio resultante de la subasta de energía practicada por las compañías es insultante en las actuales circunstancias, al apuntar a un incremento superior al 10 por ciento en el recibo de la luz. Tan insultante como la actitud del Gobierno de no llegar a ningún compromiso con las productoras de energía durante las negociaciones que venían desarrollando para afrontar lo que se denomina “deuda tarifaria”, un concepto al menos discutible.
Sin embargo, en esta ocasión la reacción al alza de las tarifas parece más bien una “venganza” de las compañías al no ver atendidas las compensaciones prometidas por parte del Gobierno de ir rebajando dicha deuda tarifaria. Se trata de una especie de concertación empresarial para pujar por el encarecimiento de la energía, como si actuaran en régimen de monopolio.
Precisamente, eso es lo más llamativo de este pulso que enfrenta aparentemente al Gobierno con las eléctricas: la sorpresa y las veladas acusaciones que manifiesta el Ejecutivo por la forma en que éstas se reparten la tarta eléctrica nacional. Actúan con la voracidad incontrolada de quien no tiene competencia e impone sus condiciones en un mercado cautivo y desarmado, aunque en teoría esté regulado, sólo en parte.
Es la misma posición de fuerza que gozan las petroleras que distribuyen las gasolinas en España. Unas pocas compañías que también se reparten el mercado nacional y conciertan cuando quieren los precios de los carburantes, atendiendo exclusivamente sus cuentas de resultados, no las necesidades y los sacrificios de una población machacada por parte del Gobierno y las empresas con impuestos, tasas y precios abusivos.
Mostrar ahora sorpresa por una subasta amañada y por el comportamiento de unas empresas que de hecho ejercen su actividad como si se tratase de un monopolio, no tiene ningún sentido, salvo que se pretenda hacer una actuación teatral para mostrar ante la opinión pública que el Gobierno no autoriza dicha subida, cuando ya está perfectamente pactada.
Seguro que se consigue reducir mínimamente el porcentaje de esa subida, vendiéndolo como un triunfo de la voluntad del Gobierno por impedir un incremento desmesurado. Pero ello forma parte de la representación.
Calmados los ánimos, dentro de pocos meses se volverá hablar del coste de la producción de energía y se procederá a una nueva subasta que encarecerá y compensará lo que ahora se amortigua de la subida de la luz. Puro teatro para propinar un nuevo recorte a los ciudadanos a favor de empresas que, en plena crisis, consiguen pingües beneficios.
Una luz sospechosa de no iluminar los intereses que se esconden entre las sombras que produce y un nuevo ejemplo de las bondades de la privatización de sectores estratégicos del país, única meta de quien se hace hoy el ofendido porque el mercado imponga sus normas.
DANIEL GUERRERO
