En el combate que se dirime en España para desmantelar los servicios públicos en favor de la iniciativa privada, se ha producido un resultado inesperado y sorprendente. La privatización de la sanidad que pretendía la Comunidad de Madrid, avanzadilla de la intención “externalizadora” que el Partido Popular pensaba extender por todas las comunidades donde gobierna, ha sido frenada.
Y ello ha sido posible gracias al rechazo absoluto mostrado por todos los profesionales afectados –desde celadores hasta gerentes de hospital- y por los usuarios y ciudadanos que se unieron a los primeros en cuantas manifestaciones y actos de rechazo realizaron incansablemente, tras más de un año de lucha.
Nunca antes una “marea blanca”, como expresión de la opinión pública contra una iniciativa política para alterar la titularidad en la gestión de un servicio público como es la sanidad, había conseguido un éxito tan rotundo.
El Tribunal Superior de Justicia da la razón a los oponentes a un proceso que pretendía poner en manos privadas la atención sanitaria de 1,2 millones de madrileños y la gestión de seis hospitales públicos y sus más de 5.000 trabajadores, acordando mantener la suspensión cautelar de un procedimiento plagado de irregularidades.
El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, dimitió nada más conocerse la suspensión del plan de externalización, siendo, por el momento, la única cabeza que ha rodado tras el batacazo judicial a un proyecto que había heredado del Gobierno regional, pero que había defendido con inusitada intransigencia.
Estaba acusado de “ideologizar” un proceso que, de todas maneras, era más una medida ideológica que económica, como puso de manifiesto Patricia Alonso, miembro de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, al comentar la sentencia: “Hemos demostrado que no tenían argumentos económicos ni científicos para la privatización”.
Hay que felicitar a los compañeros sanitarios de Madrid por la victoria en este combate tan desigual, donde una mayoría absoluta intentó imponer el rodillo de su voluntad política contra los deseos expresados por todos los sectores concernidos, pero habría que mantener la alerta porque la guerra neoliberal por transformar lo público en privado no ha acabado, sino que se ha interrumpido a causa de las campañas electorales próximas (elecciones europeas en mayo 2014 y autonómicas en 2015), cuyos primeros pronósticos reflejan ya el deterioro en la confianza de los votantes del Partido Popular, desgastado por los recortes económicos, la eliminación de derechos y el retroceso en libertades individuales y sociales.
Y no hay que bajar la guardia porque la dinámica liberal del Gobierno continúa en otros frentes, aunque también reciba idénticos varapalos en los tribunales, últimos garantes de los derechos pisoteados de los trabajadores.
Otro Tribunal Superior, ésta vez el de Castilla-La Mancha, ha anulado, casi simultáneamente a la sentencia de Madrid, los despidos que el Gobierno regional de María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del PP, había realizado entre funcionarios de la sanidad y de otras áreas de la Administración, al suprimir 700 empleos públicos con la escusa de una supuesta “insostenibilidad” de los servicios públicos.
La “ofensiva” contra el sector público emprendida por el actual Gobierno conservador de Mariano Rajoy, que pasa por “adelgazar” la Administración (despidos de empleados públicos) y privatizaciones tanto de empresas como de servicios y prestaciones públicas (como la de estos hospitales madrileños), no se detendrá con estos “obstáculos” encontrados en los tribunales de justicia, aunque momentáneamente se "ralenticen" por una estrategia electoral partidista.
Convendría, por tanto, continuar muy atentos a todos los ataques que reciba lo público desde las mismísimas instancias gubernamentales, empeñadas en desmontar la red social que garantiza la igualdad de los ciudadanos y contribuye a satisfacer sus necesidades básicas, sin perjuicio del nivel de renta, extracción social, nivel cultural o creencias religiosas.
No siempre la legitimidad de las urnas posibilita el desprecio al interés general, como queda de manifiesto con las protestas de los madrileños contra las iniciativas promovidas en materia sanitaria por los gobernantes que eligieron. Es algo a tener muy en cuenta, tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados, a pesar de que el “enfrentamiento” de esta partida jugada en la sanidad madrileña arroje, hasta el momento, el resultado de Privada 0 - Pública 1. Podría acabar perdiendo.
Y ello ha sido posible gracias al rechazo absoluto mostrado por todos los profesionales afectados –desde celadores hasta gerentes de hospital- y por los usuarios y ciudadanos que se unieron a los primeros en cuantas manifestaciones y actos de rechazo realizaron incansablemente, tras más de un año de lucha.
Nunca antes una “marea blanca”, como expresión de la opinión pública contra una iniciativa política para alterar la titularidad en la gestión de un servicio público como es la sanidad, había conseguido un éxito tan rotundo.
El Tribunal Superior de Justicia da la razón a los oponentes a un proceso que pretendía poner en manos privadas la atención sanitaria de 1,2 millones de madrileños y la gestión de seis hospitales públicos y sus más de 5.000 trabajadores, acordando mantener la suspensión cautelar de un procedimiento plagado de irregularidades.
El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, dimitió nada más conocerse la suspensión del plan de externalización, siendo, por el momento, la única cabeza que ha rodado tras el batacazo judicial a un proyecto que había heredado del Gobierno regional, pero que había defendido con inusitada intransigencia.
Estaba acusado de “ideologizar” un proceso que, de todas maneras, era más una medida ideológica que económica, como puso de manifiesto Patricia Alonso, miembro de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, al comentar la sentencia: “Hemos demostrado que no tenían argumentos económicos ni científicos para la privatización”.
Hay que felicitar a los compañeros sanitarios de Madrid por la victoria en este combate tan desigual, donde una mayoría absoluta intentó imponer el rodillo de su voluntad política contra los deseos expresados por todos los sectores concernidos, pero habría que mantener la alerta porque la guerra neoliberal por transformar lo público en privado no ha acabado, sino que se ha interrumpido a causa de las campañas electorales próximas (elecciones europeas en mayo 2014 y autonómicas en 2015), cuyos primeros pronósticos reflejan ya el deterioro en la confianza de los votantes del Partido Popular, desgastado por los recortes económicos, la eliminación de derechos y el retroceso en libertades individuales y sociales.
Y no hay que bajar la guardia porque la dinámica liberal del Gobierno continúa en otros frentes, aunque también reciba idénticos varapalos en los tribunales, últimos garantes de los derechos pisoteados de los trabajadores.
Otro Tribunal Superior, ésta vez el de Castilla-La Mancha, ha anulado, casi simultáneamente a la sentencia de Madrid, los despidos que el Gobierno regional de María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del PP, había realizado entre funcionarios de la sanidad y de otras áreas de la Administración, al suprimir 700 empleos públicos con la escusa de una supuesta “insostenibilidad” de los servicios públicos.
La “ofensiva” contra el sector público emprendida por el actual Gobierno conservador de Mariano Rajoy, que pasa por “adelgazar” la Administración (despidos de empleados públicos) y privatizaciones tanto de empresas como de servicios y prestaciones públicas (como la de estos hospitales madrileños), no se detendrá con estos “obstáculos” encontrados en los tribunales de justicia, aunque momentáneamente se "ralenticen" por una estrategia electoral partidista.
Convendría, por tanto, continuar muy atentos a todos los ataques que reciba lo público desde las mismísimas instancias gubernamentales, empeñadas en desmontar la red social que garantiza la igualdad de los ciudadanos y contribuye a satisfacer sus necesidades básicas, sin perjuicio del nivel de renta, extracción social, nivel cultural o creencias religiosas.
No siempre la legitimidad de las urnas posibilita el desprecio al interés general, como queda de manifiesto con las protestas de los madrileños contra las iniciativas promovidas en materia sanitaria por los gobernantes que eligieron. Es algo a tener muy en cuenta, tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados, a pesar de que el “enfrentamiento” de esta partida jugada en la sanidad madrileña arroje, hasta el momento, el resultado de Privada 0 - Pública 1. Podría acabar perdiendo.
DANIEL GUERRERO
