Mira que hay controles y normas para saber lo que ganas y gastas, mecanismos para que Hacienda te retenga sin que puedas evitarlo e impuestos y tasas que gravan cualquier operación dineraria que realices incluso por recibir la triste herencia de la casa de tus padres, que encima viene ahora el Gobierno y, con la excusa de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, va a crear un mastodóntico fichero de datos con los nombres y movimientos de todas las cuentas corrientes o de ahorro, activos y depósitos a plazos que dispongan el conjunto de las entidades financieras existentes en España.
En total, se estiman unos 34 millones de datos bancarios que estas entidades estarán obligadas a facilitar a una Secretaría de Estado del Ministerio de Economía, es decir, al Gobierno.
Lo más grave de todo ello es que dicho archivo servirá para que sea consultado por jueces, fiscales, policías y agentes del servicio secreto español (CNI) al objeto, presuntamente, de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, finalidad en sí misma loable pero que se antoja, más que absurda, sospechosa e inquietante por cuanto supone fisgonear en el bolsillo no sólo de los delincuentes, sino de todos los ciudadanos sin distinción, sean inocentes o ladrones, por el mero hecho de poseer una cuenta bancaria.
Absurda, además, porque parece improbable que ETA, Grapo, Al Qaeda o la mafia china tengan cuentas corrientes a su nombre o al de cualquiera de sus miembros, ni que Bárcenas o algún otro de nuestros ilustres delincuentes de “cuello blanco” cometa la estupidez de guardar sus “ahorrillos” en bancos españoles a su nombre, al de su pareja o al de alguna de sus “empresas”, donde un juez avispado podría recabar información y abrir una investigación.
Todos los personajes enriquecidos con la auténtica corrupción lo primero que aprenden es a escamotear estos controles depositando sus “ganancias” en Suiza o en cualesquiera paraísos fiscales que abundan precisamente en Europa, sin que ninguna legislación se haya atrevido a regularlos, controlarlos o cerrarlos.
Tampoco esta ley que ahora se pone en marcha en España pretende importunar la prosperidad de tales paraísos de la evasión que se refugia en sus cámaras blindadas. Más bien parece completar un cerco policial, ahora a través de las entidades bancarias donde obligatoriamente domiciliamos la nómina y abonamos las facturas, completamente inútil para los fines descritos, pero que nos hace vulnerables a los ojos que fisgonean desde el Gobierno nuestro derecho –ya de por sí regulado y controlado- a disponer de nuestro dinero.
Hay que tener en cuenta que se trata de la creación de un Fichero de Titulares Financieros que viene a unirse a todos los demás instrumentos que limitan y cuestionan la libertad de los ciudadanos, presuponiendo que todos son presuntos sospechosos de actividades ilícitas financiadas gracias a sus ahorros particulares.
Una medida propia del Gran Hermano que fisgonea hasta tu calderilla para detectar cualquier movimiento de capitales injustificado, facultad que ya tienen los bancos y cajas de ahorro cuando realizas un depósito o el reintegro de dinero superior a 3.000 euros en efectivo, como medida de prevención del fraude fiscal. De ahí que sean tan escasos los billetes de 500 euros: no están en los bancos, sino en portafolios particulares con los que se hacen transacciones opacas al fisco o cruzan fronteras.
Pero ahora se da un paso más, propio de un Estado policial: todo titular de una cuenta bancaria, sea defraudador, terrorista, evasor fiscal o, en su inmensa mayoría, simple ciudadano cumplidor con las leyes, podrá ser “escrutado” financieramente y el movimiento de sus ahorros analizado concienzudamente por cualquier agente secreto, policía, fiscal o juez de nuestro país, sin más motivo o indicio que el de poseer una cartilla de ahorros.
Con esta ley, a los ojos de ese Gran Hermano, todos somos igual de sospechosos y presuntos delincuentes. Y será el Gobierno, a través del órgano subordinado correspondiente, el que decidirá quién se constituirá en objeto de una investigación que transgrede derechos constitucionales.
Menos mal que, ante las advertencias del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, el Ministerio de Economía ha corregido en el último momento su intención inicial para supeditar cualquier consulta a una previa autorización judicial. Ya representantes sociales y asociaciones de consumidores habían alertado del uso torticero de la ley: “¿quién vigilará al vigilante?”.
Cuando la obsesión por la seguridad nos obliga a recortar libertades es que estamos sucumbiendo a los miedos que nos coartan y paralizan. Existen instrumentos eficaces para combatir el blanqueo de capitales, la evasión de divisas y las cañerías financieras del terrorismo, sin tener que convertir a todos los ciudadanos en presuntos sospechosos ni cercenar sus derechos y libertades.
Máxime cuando ya estamos plenamente controlados mediante el carnet de identidad, que nos lo requieren incluso en la más humilde y cochambrosa pensión; nuestros haberes son comunicados pertinentemente a Hacienda por el propio pagador para que nos aplique las retenciones a que haya lugar; todo movimiento bancario de importancia que hagamos es informado a la autoridad por el banco antes de darnos el saldo; y hasta manifestarse se ha convertido en un acto de radical herejía que atenta contra el “orden” social de los que están perfectamente acomodados controlando a los demás.
Ahora, además, la cuenta del banco de la que eres titular, el último refugio de tus “perras”, en las que confiabas para administrar tu futuro sin más cortapisas que las que pudieran brindarte –pocas, por cierto-, será objeto de vigilancia. Eres sospechoso de ser un mero perdedor por no poder depositar tus ahorros en Suiza, pardillo.
En total, se estiman unos 34 millones de datos bancarios que estas entidades estarán obligadas a facilitar a una Secretaría de Estado del Ministerio de Economía, es decir, al Gobierno.
Lo más grave de todo ello es que dicho archivo servirá para que sea consultado por jueces, fiscales, policías y agentes del servicio secreto español (CNI) al objeto, presuntamente, de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, finalidad en sí misma loable pero que se antoja, más que absurda, sospechosa e inquietante por cuanto supone fisgonear en el bolsillo no sólo de los delincuentes, sino de todos los ciudadanos sin distinción, sean inocentes o ladrones, por el mero hecho de poseer una cuenta bancaria.
Absurda, además, porque parece improbable que ETA, Grapo, Al Qaeda o la mafia china tengan cuentas corrientes a su nombre o al de cualquiera de sus miembros, ni que Bárcenas o algún otro de nuestros ilustres delincuentes de “cuello blanco” cometa la estupidez de guardar sus “ahorrillos” en bancos españoles a su nombre, al de su pareja o al de alguna de sus “empresas”, donde un juez avispado podría recabar información y abrir una investigación.
Todos los personajes enriquecidos con la auténtica corrupción lo primero que aprenden es a escamotear estos controles depositando sus “ganancias” en Suiza o en cualesquiera paraísos fiscales que abundan precisamente en Europa, sin que ninguna legislación se haya atrevido a regularlos, controlarlos o cerrarlos.
Tampoco esta ley que ahora se pone en marcha en España pretende importunar la prosperidad de tales paraísos de la evasión que se refugia en sus cámaras blindadas. Más bien parece completar un cerco policial, ahora a través de las entidades bancarias donde obligatoriamente domiciliamos la nómina y abonamos las facturas, completamente inútil para los fines descritos, pero que nos hace vulnerables a los ojos que fisgonean desde el Gobierno nuestro derecho –ya de por sí regulado y controlado- a disponer de nuestro dinero.
Hay que tener en cuenta que se trata de la creación de un Fichero de Titulares Financieros que viene a unirse a todos los demás instrumentos que limitan y cuestionan la libertad de los ciudadanos, presuponiendo que todos son presuntos sospechosos de actividades ilícitas financiadas gracias a sus ahorros particulares.
Una medida propia del Gran Hermano que fisgonea hasta tu calderilla para detectar cualquier movimiento de capitales injustificado, facultad que ya tienen los bancos y cajas de ahorro cuando realizas un depósito o el reintegro de dinero superior a 3.000 euros en efectivo, como medida de prevención del fraude fiscal. De ahí que sean tan escasos los billetes de 500 euros: no están en los bancos, sino en portafolios particulares con los que se hacen transacciones opacas al fisco o cruzan fronteras.
Pero ahora se da un paso más, propio de un Estado policial: todo titular de una cuenta bancaria, sea defraudador, terrorista, evasor fiscal o, en su inmensa mayoría, simple ciudadano cumplidor con las leyes, podrá ser “escrutado” financieramente y el movimiento de sus ahorros analizado concienzudamente por cualquier agente secreto, policía, fiscal o juez de nuestro país, sin más motivo o indicio que el de poseer una cartilla de ahorros.
Con esta ley, a los ojos de ese Gran Hermano, todos somos igual de sospechosos y presuntos delincuentes. Y será el Gobierno, a través del órgano subordinado correspondiente, el que decidirá quién se constituirá en objeto de una investigación que transgrede derechos constitucionales.
Menos mal que, ante las advertencias del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, el Ministerio de Economía ha corregido en el último momento su intención inicial para supeditar cualquier consulta a una previa autorización judicial. Ya representantes sociales y asociaciones de consumidores habían alertado del uso torticero de la ley: “¿quién vigilará al vigilante?”.
Cuando la obsesión por la seguridad nos obliga a recortar libertades es que estamos sucumbiendo a los miedos que nos coartan y paralizan. Existen instrumentos eficaces para combatir el blanqueo de capitales, la evasión de divisas y las cañerías financieras del terrorismo, sin tener que convertir a todos los ciudadanos en presuntos sospechosos ni cercenar sus derechos y libertades.
Máxime cuando ya estamos plenamente controlados mediante el carnet de identidad, que nos lo requieren incluso en la más humilde y cochambrosa pensión; nuestros haberes son comunicados pertinentemente a Hacienda por el propio pagador para que nos aplique las retenciones a que haya lugar; todo movimiento bancario de importancia que hagamos es informado a la autoridad por el banco antes de darnos el saldo; y hasta manifestarse se ha convertido en un acto de radical herejía que atenta contra el “orden” social de los que están perfectamente acomodados controlando a los demás.
Ahora, además, la cuenta del banco de la que eres titular, el último refugio de tus “perras”, en las que confiabas para administrar tu futuro sin más cortapisas que las que pudieran brindarte –pocas, por cierto-, será objeto de vigilancia. Eres sospechoso de ser un mero perdedor por no poder depositar tus ahorros en Suiza, pardillo.
DANIEL GUERRERO
