Aprovechando que en mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha recordado que, en lo va de año, 25 periodistas han sido asesinados y más de 340 continúan encarcelados. ¿De qué delito se les acusa? De informar con libertad desde países que condicionan el derecho a la información y castigan a quienes no censuran su trabajo según la voluntad de regímenes dictatoriales y autoritarios, incluso de algunos formalmente democráticos.
En España tampoco la libertad de informar se respeta escrupulosamente, aunque sin llegar al extremo de meter en prisión al periodista, ni mucho menos matarlo. Se buscan subterfugios para obstaculizar su labor, negarle el acceso a las fuentes de información, limitar la posibilidad de documentar los hechos o, en algunos casos, denunciarlo por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de informar con veracidad y diligencia de aquellos asuntos que interesan a la opinión pública.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, perdió recientemente una querella contra el diario El País por informar de que había recibido sobresueldos, como otros dirigentes del Partido Popular, durante la época del tesorero Luis Bárcenas, actualmente en prisión a raíz, precisamente, de una investigación judicial por financiación ilegal de este partido, derivada de la trama Gürtel. Plantear querellas por supuestos atentados al honor, la intimidad y la propia imagen es uno de los recursos utilizados para coaccionar la libertad de prensa.
Otro de los más vergonzantes instrumentos que limitan el derecho a la información es la negativa a formular preguntas durante las ruedas de prensa que convocan algunos personajes políticos en la actualidad.
Se trata de transmitir literalmente un mensaje a través de periodistas que actúan simplemente como aparatos reproductores del sonido y la imagen, sin posibilidad de indagar las intenciones, el contexto y las consecuencias que se derivan para los ciudadanos de los asuntos comentados por estos líderes.
La forma más burda de este tipo de convocatorias ha sido la protagonizada por el actual inquilino de La Moncloa, Mariano Rajoy, al ofrecer una rueda de prensa a través de una pantalla de plasma, sin necesidad siquiera de estar físicamente presente en la sala.
En estos casos, los medios y los periodistas participan de la farsa al asistir a tales encuentros, pudiendo negarse a ello si no se garantiza la libertad de ejercer su trabajo dignamente. Un acuerdo corporativo para no difundir ninguna información transmitida a través de ruedas de prensa sin preguntas sería suficiente para que tal obstrucción a la libertad de prensa no se volviera a cometer. Es preferible no informar que hacerlo condicionado por el Poder.
Es evidente que la verdad escuece a quien desea ocultarla. Durante la manifestación en Madrid convocada por la Coordinadora 25S, los agentes antidisturbios golpearon a siete periodistas gráficos que estaban tomando imágenes de su actuación.
No obstante, los excesos y el abuso violento de autoridad no son, dentro de su gravedad, los elementos más preocupantes de un gobierno que puede ser cuestionado desde los medios de comunicación. Sino la deriva autoritaria que cercena la libertad de informar al legislar leyes que impiden, por ejemplo, captar imágenes y grabar vídeos de tales excesos por parte de los profesionales del periodismo e incluso de cualquier ciudadano. Es la declarada intención del proyecto de Ley antimanifestación que está tramitando el Gobierno de España.
Tener capacidad de comprobar y fijar la realidad para disentir de una versión oficial tergiversada no gusta a los manipuladores de los hechos y a un Poder que recela de las libertades. No hace falta, pues, a la hora de luchar por la libertad de prensa, esperar a que encarcelen o asesinen periodistas.
A tales extremos se llega previa desconfianza de su labor y de la necesidad social del derecho a la información en cualquier sociedad democrática. Es lamentable que, en pleno siglo XXI, haya muertos y prisioneros por informar, pero también que se pongan zancadillas legales a lo que vela precisamente por la transparencia y la calidad de una democracia: el periodismo libre e independiente. De ahí la conveniencia de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
En España tampoco la libertad de informar se respeta escrupulosamente, aunque sin llegar al extremo de meter en prisión al periodista, ni mucho menos matarlo. Se buscan subterfugios para obstaculizar su labor, negarle el acceso a las fuentes de información, limitar la posibilidad de documentar los hechos o, en algunos casos, denunciarlo por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de informar con veracidad y diligencia de aquellos asuntos que interesan a la opinión pública.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, perdió recientemente una querella contra el diario El País por informar de que había recibido sobresueldos, como otros dirigentes del Partido Popular, durante la época del tesorero Luis Bárcenas, actualmente en prisión a raíz, precisamente, de una investigación judicial por financiación ilegal de este partido, derivada de la trama Gürtel. Plantear querellas por supuestos atentados al honor, la intimidad y la propia imagen es uno de los recursos utilizados para coaccionar la libertad de prensa.
Otro de los más vergonzantes instrumentos que limitan el derecho a la información es la negativa a formular preguntas durante las ruedas de prensa que convocan algunos personajes políticos en la actualidad.
Se trata de transmitir literalmente un mensaje a través de periodistas que actúan simplemente como aparatos reproductores del sonido y la imagen, sin posibilidad de indagar las intenciones, el contexto y las consecuencias que se derivan para los ciudadanos de los asuntos comentados por estos líderes.
La forma más burda de este tipo de convocatorias ha sido la protagonizada por el actual inquilino de La Moncloa, Mariano Rajoy, al ofrecer una rueda de prensa a través de una pantalla de plasma, sin necesidad siquiera de estar físicamente presente en la sala.
En estos casos, los medios y los periodistas participan de la farsa al asistir a tales encuentros, pudiendo negarse a ello si no se garantiza la libertad de ejercer su trabajo dignamente. Un acuerdo corporativo para no difundir ninguna información transmitida a través de ruedas de prensa sin preguntas sería suficiente para que tal obstrucción a la libertad de prensa no se volviera a cometer. Es preferible no informar que hacerlo condicionado por el Poder.
Es evidente que la verdad escuece a quien desea ocultarla. Durante la manifestación en Madrid convocada por la Coordinadora 25S, los agentes antidisturbios golpearon a siete periodistas gráficos que estaban tomando imágenes de su actuación.
No obstante, los excesos y el abuso violento de autoridad no son, dentro de su gravedad, los elementos más preocupantes de un gobierno que puede ser cuestionado desde los medios de comunicación. Sino la deriva autoritaria que cercena la libertad de informar al legislar leyes que impiden, por ejemplo, captar imágenes y grabar vídeos de tales excesos por parte de los profesionales del periodismo e incluso de cualquier ciudadano. Es la declarada intención del proyecto de Ley antimanifestación que está tramitando el Gobierno de España.
Tener capacidad de comprobar y fijar la realidad para disentir de una versión oficial tergiversada no gusta a los manipuladores de los hechos y a un Poder que recela de las libertades. No hace falta, pues, a la hora de luchar por la libertad de prensa, esperar a que encarcelen o asesinen periodistas.
A tales extremos se llega previa desconfianza de su labor y de la necesidad social del derecho a la información en cualquier sociedad democrática. Es lamentable que, en pleno siglo XXI, haya muertos y prisioneros por informar, pero también que se pongan zancadillas legales a lo que vela precisamente por la transparencia y la calidad de una democracia: el periodismo libre e independiente. De ahí la conveniencia de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
DANIEL GUERRERO
