Nadie duda que las Incapacidades Laborales Transitorias (ILT) representan en nuestro país una clara vía de absentismo laboral, tanto por la causa sobre las que se establecen como por la duración en el tiempo de las mismas. Sin embargo, en los últimos años se viene llevando a cabo un mayor control y vigilancia sobre las mismas, tanto a nivel de las consultas de Atención Primaria como a través de las unidades de inspección, tanto autonómicas como nacionales.
Sin embargo, parece que el Gobierno pretende ajustar un poco más las clavijas a través de un Real Decreto que se aprobará en julio, por el que se establecerán unas tablas con la duración media de las bajas de enfermedad, en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.
Ya en el siglo V a. de C., Hipócrates, padre de la medicina occidental, afirmaba, en su intención de individualizar cualquier proceso de enfermedad, que "no existen enfermedades sino enfermos". Veinticinco siglos después, el profesor Gregorio Marañón hacía suyo el pensamiento hipocrático, dando al mismo el valor de su actualidad aún con el paso del tiempo.
Por eso que someter a unas tablas, supongo que con todas las garantías estadísticas, la duración del proceso de enfermedad, basándolo solo en tres premisas de las múltiples que pueden incidir en la evolución de un paciente, me parezca, al margen de mercantilista, por el ahorro económico que se pretende, de un pragmatismo empírico que choca frontalmente con el principio que establece la clara diferenciación de cada enfermo, incluso ante una misma enfermedad.
Pero no sólo eso, el Real Decreto vendría a vulnerar la libertad individual de los facultativos, ya sean asistenciales como en las áreas de inspección, a la hora de determinar cuándo un enfermo está en disposición de reincorporarse a su vida cotidiana, tanto laboral como social.
Es cierto que, con cinco minutos de consulta con el enfermo, resulta muy difícil realizar una historia clínica completa que contenga los suficientes elementos de juicio, tanto físicos como psíquicos, para individualizar el proceso de enfermedad.
Ante ello, no es de extrañar que planteada la duda por parte del enfermo, con una patología real o ficticia, el médico de cabecera opte por conceder o mantener una situación de baja por temor a equivocarse, dejando en manos de los servicios de inspección la decisión final.
Ello provoca, evidentemente, que en algunos casos se dilaten sin soporte clínico situaciones de incapacidad que generan un sobrecoste económico y, no lo olvidemos, con las políticas de personal que se vienen siguiendo en muchas empresas –no digamos ya la Administración–, al no proceder a la sustitución del trabajador enfermo por otro activo, también una disminución de la calidad de los servicios y una mayor presión laboral hacia el resto de trabajadores activos que ven cómo tienen que realizar un doble trabajo, el propio y el del trabajador ausente sin, por otra parte, compensación económica u horaria alguna.
No creo que la solución a este problema, que no dudo que sea real porque convivo en un medio laboral con abundante plantilla, haya que buscarla en la rigidez y el formulismo de unas tablas sino en la calidad del estudio al enfermo, que va muy unida a la disponibilidad horaria de los facultativos para evaluar a sus pacientes y a un mayor apoyo hacia aquellos en la toma de decisiones, de forma que la consulta médica no se convierta en un foco de conflictividad entre los enfermos y los médicos que los atienden.
Por supuesto, también, en una más fluida atención a la hora de realizar ciertas pruebas complementarias y no digamos para acceder a las consultas de Medicina especializada, que en muchos casos ofrecerán un diagnóstico de mucha mayor precisión con el que valorar si el paciente está o no capacitado para su reincorporación al trabajo.
Si en 2.500 años no se ha modificado la premisa de que cada enfermo es un mundo diferente al que hay que tratar de manera individualizada, introducirnos a todos en una mera gráfica supondrá –a todas luces– intentar burocratizar la salud con resultados de los que dudo.
Es el médico y sólo el médico quien debe ostentar la capacidad y, desde luego, la responsabilidad, para determinar el estado de salud de su paciente, valorando del mismo todas sus variables. Ello iría en el sentido de humanizar la Sanidad frente al proceso deshumanizador que hoy vive apoyado en criterios economicistas de difícil justificación a veces.
Sin embargo, parece que el Gobierno pretende ajustar un poco más las clavijas a través de un Real Decreto que se aprobará en julio, por el que se establecerán unas tablas con la duración media de las bajas de enfermedad, en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.
Ya en el siglo V a. de C., Hipócrates, padre de la medicina occidental, afirmaba, en su intención de individualizar cualquier proceso de enfermedad, que "no existen enfermedades sino enfermos". Veinticinco siglos después, el profesor Gregorio Marañón hacía suyo el pensamiento hipocrático, dando al mismo el valor de su actualidad aún con el paso del tiempo.
Por eso que someter a unas tablas, supongo que con todas las garantías estadísticas, la duración del proceso de enfermedad, basándolo solo en tres premisas de las múltiples que pueden incidir en la evolución de un paciente, me parezca, al margen de mercantilista, por el ahorro económico que se pretende, de un pragmatismo empírico que choca frontalmente con el principio que establece la clara diferenciación de cada enfermo, incluso ante una misma enfermedad.
Pero no sólo eso, el Real Decreto vendría a vulnerar la libertad individual de los facultativos, ya sean asistenciales como en las áreas de inspección, a la hora de determinar cuándo un enfermo está en disposición de reincorporarse a su vida cotidiana, tanto laboral como social.
Es cierto que, con cinco minutos de consulta con el enfermo, resulta muy difícil realizar una historia clínica completa que contenga los suficientes elementos de juicio, tanto físicos como psíquicos, para individualizar el proceso de enfermedad.
Ante ello, no es de extrañar que planteada la duda por parte del enfermo, con una patología real o ficticia, el médico de cabecera opte por conceder o mantener una situación de baja por temor a equivocarse, dejando en manos de los servicios de inspección la decisión final.
Ello provoca, evidentemente, que en algunos casos se dilaten sin soporte clínico situaciones de incapacidad que generan un sobrecoste económico y, no lo olvidemos, con las políticas de personal que se vienen siguiendo en muchas empresas –no digamos ya la Administración–, al no proceder a la sustitución del trabajador enfermo por otro activo, también una disminución de la calidad de los servicios y una mayor presión laboral hacia el resto de trabajadores activos que ven cómo tienen que realizar un doble trabajo, el propio y el del trabajador ausente sin, por otra parte, compensación económica u horaria alguna.
No creo que la solución a este problema, que no dudo que sea real porque convivo en un medio laboral con abundante plantilla, haya que buscarla en la rigidez y el formulismo de unas tablas sino en la calidad del estudio al enfermo, que va muy unida a la disponibilidad horaria de los facultativos para evaluar a sus pacientes y a un mayor apoyo hacia aquellos en la toma de decisiones, de forma que la consulta médica no se convierta en un foco de conflictividad entre los enfermos y los médicos que los atienden.
Por supuesto, también, en una más fluida atención a la hora de realizar ciertas pruebas complementarias y no digamos para acceder a las consultas de Medicina especializada, que en muchos casos ofrecerán un diagnóstico de mucha mayor precisión con el que valorar si el paciente está o no capacitado para su reincorporación al trabajo.
Si en 2.500 años no se ha modificado la premisa de que cada enfermo es un mundo diferente al que hay que tratar de manera individualizada, introducirnos a todos en una mera gráfica supondrá –a todas luces– intentar burocratizar la salud con resultados de los que dudo.
Es el médico y sólo el médico quien debe ostentar la capacidad y, desde luego, la responsabilidad, para determinar el estado de salud de su paciente, valorando del mismo todas sus variables. Ello iría en el sentido de humanizar la Sanidad frente al proceso deshumanizador que hoy vive apoyado en criterios economicistas de difícil justificación a veces.
ENRIQUE BELLIDO
