El Gobierno acaba de presentar un proyecto de reforma fiscal que vende como una rebaja de impuestos que intenta compensar las enormes subidas de hace dos años. El momento no ha podido ser más oportuno, ya que la reducción impositiva entrará en vigor en el ejercicio de 2015, año electoral en que se convocarán elecciones municipales y autonómicas y en las que el Partido Popular espera revalidar los resultados que le dispensaron el poder en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos. Se trata de aflojar el lazo fiscal que asfixia a los contribuyentes cuando les toque acercarse a las urnas, con la ilusión de más calderilla en los bolsillos.
Y es que, más que una verdadera reforma fiscal, se trata de una reducción del Impuesto sobre la Renta (IRPF), eliminando algunos tramos del mismo (de siete a cinco), que favorece fundamentalmente a las rentas más altas, pues salen claramente beneficiadas al soportar una menor presión fiscal.
Ahí se produce la primera crítica de la reforma: pierde progresividad donde debía serlo con más rotundidad. Según técnicos del Ministerio de Hacienda, las rentas menores a 11.200 euros al año no gozarán de ninguna rebaja, mientras que los que perciben más de 150.000 euros conseguirán una sustancial reducción de sus impuestos.
De esta manera, aquellos contribuyentes que ganen más de 60.000 euros al año cotizarán al 47 por ciento, cuando hasta ahora lo hacían al 51 por ciento a partir de 175.000 euros, y al 52 por ciento si ganaban más de 300.000 euros.
Para esos afortunados contribuyentes (un 0,3 por ciento del total, pero con un enorme poder adquisitivo), la reducción del 52 al 47 por ciento representará un importante ahorro que podrá dedicar a especular y engordar el patrimonio, como suele ser habitual.
Ya se les premió con una amnistía fiscal que por un módico precio les permitía regularizar el dinero evadido a paraísos fiscales. Ahora, además, se les vuelve a premiar para que paguen aún menos impuestos.
Como queda dicho, las rentas más bajas de la tabla apenas detectarán ahorro alguno. Los “mileuristas” y los que cobran el salario mínimo, aunque formalmente cotizarán con un tipo menor (del 24,76 al 20 por ciento), la bajada se verá contrarrestada con los mínimos personales o con la posibilidad de no tener que presentar declaración de renta.
El grupo más numeroso de contribuyentes, los que engrosan los tramos comprendidos entre los 12.450 hasta los 60.000 euros anuales de ingresos (tres tramos), pertenecientes a esas clases medias cada vez más machacadas y empobrecidas, sólo disfrutarán de una rebaja de 1 por ciento de media.
Es más, entre los 20.200 y 33.007 euros, el tipo será igual al actual e incluso aumentará en 2015 al 31 por ciento. La gran recorte fiscal será para las rentas superiores, como hemos señalado, que verán reducir sus aportes a la Hacienda pública del 52 al 47 por ciento en 2015, y al 45 por ciento en 2016. ¡Menuda rebaja para los que más ganan!
Si ya la OCDE había advertido, precisamente el día previo a que Cristóbal Montoro presentara la reforma fiscal, sobre las desigualdades que se producen a la hora de distribuir la factura de la crisis entre los ciudadanos, situando a nuestro país como el que más desigualdades fomentaba, superando incluso a los intervenidos Grecia, Irlanda y Portugal, ahora con la nueva reforma fiscal se ahonda esa brecha que incide en castigar con mayor dureza a los que menos tienen.
Mientras aumenta el número de ricos y sus remuneraciones apenas se ven erosionadas, las clases medias y los pobres ven mermar sus ingresos progresivamente, no sólo por la falta de trabajo, la precariedad laboral y la reducción de salarios, sino también por el afán recaudatorio del Gobierno y sus políticas para mantener los ingresos a costa de las masas trabajadoras y las rentas del trabajo, fundamentalmente.
Es el IRPF el que aporta más ingresos a la Hacienda pública, mucho más que las grandes empresas. Las más importantes del Ibex 35 sólo pagan el 18 por ciento de su beneficio, un 5por ciento los bancos, y los patrimonios de muchos dígitos, un 1 por ciento si operan a través de una Sicav.
Es decir, la financiación de los servicios públicos en España corre a cuenta de los asalariados, quienes contribuyen de manera directa e indirecta al sostenimiento tantas veces esgrimido en su mantenimiento.
No sólo aportan la mayor parte de los recursos para su sostén con impuestos directos, sino que además participan a través de impuestos indirectos sumamente injustos, como el IVA, que han de pagarse sin importar el nivel de renta.
Reducir los tramos de renta en el IRPF en beneficio de las más altas evidencia la “música” de esta última reforma fiscal del Gobierno, ya que la pérdida de progresividad del impuesto reducirá la aportación de los más ricos, quienes menos necesitan de los servicios públicos y, por tanto, no se sienten concernidos a colaborar en la financiación de los mismos.
Ello incidirá en su deterioro o en un mayor coste, vía copagos y repagos, cuando no en la deseada privatización tan apetecida por la iniciativa privada, que hace cargar los gastos al usuario, a pesar de que sigan pagando simultáneamente sus impuestos.
La rebaja de impuestos queda, pues, en una mera ilusión de cara a los próximos comicios, por mucho que el Gobierno se empeñe en querer vendernos la moto. A pesar de su afición a las reformas “estructurales”, el proyecto presentado por el ministro de Hacienda dista mucho de ser una reforma fiscal en profundidad, que busque una mayor justicia fiscal y un reparto más equitativo del gasto público.
No sólo renuncia a una verdadera progresividad fiscal, sino que ni siquiera actúa sobre la economía sumergida, donde se genera la mayor bolsa de fraude fiscal (estimado en cerca del 10 por ciento del PIB), ni equilibra las cargas con una mayor fiscalidad de las rentas del Capital, que gozan de numerosas exenciones y bonificaciones.
Es bochornoso que en este país una familia soporte mayor presión fiscal que una empresa y pague mucho más, proporcionalmente a sus ingresos, que un rico. En ese contexto, hablar de rebaja de impuestos por parte del Gobierno es una ofensa a quienes de verdad pagan impuestos en España: a los que se los descuentan directamente de la nómina. Todos los demás se escaquean de sus obligaciones fiscales con la ayuda del Gobierno.
Así que el año que viene, con este caramelito, vaya usted a votar, si se deja engañar. Y prepárese para cuando vengan nuevos recortes después de las elecciones, no se vaya atragantar con el caramelito.
Y es que, más que una verdadera reforma fiscal, se trata de una reducción del Impuesto sobre la Renta (IRPF), eliminando algunos tramos del mismo (de siete a cinco), que favorece fundamentalmente a las rentas más altas, pues salen claramente beneficiadas al soportar una menor presión fiscal.
Ahí se produce la primera crítica de la reforma: pierde progresividad donde debía serlo con más rotundidad. Según técnicos del Ministerio de Hacienda, las rentas menores a 11.200 euros al año no gozarán de ninguna rebaja, mientras que los que perciben más de 150.000 euros conseguirán una sustancial reducción de sus impuestos.
De esta manera, aquellos contribuyentes que ganen más de 60.000 euros al año cotizarán al 47 por ciento, cuando hasta ahora lo hacían al 51 por ciento a partir de 175.000 euros, y al 52 por ciento si ganaban más de 300.000 euros.
Para esos afortunados contribuyentes (un 0,3 por ciento del total, pero con un enorme poder adquisitivo), la reducción del 52 al 47 por ciento representará un importante ahorro que podrá dedicar a especular y engordar el patrimonio, como suele ser habitual.
Ya se les premió con una amnistía fiscal que por un módico precio les permitía regularizar el dinero evadido a paraísos fiscales. Ahora, además, se les vuelve a premiar para que paguen aún menos impuestos.
Como queda dicho, las rentas más bajas de la tabla apenas detectarán ahorro alguno. Los “mileuristas” y los que cobran el salario mínimo, aunque formalmente cotizarán con un tipo menor (del 24,76 al 20 por ciento), la bajada se verá contrarrestada con los mínimos personales o con la posibilidad de no tener que presentar declaración de renta.
El grupo más numeroso de contribuyentes, los que engrosan los tramos comprendidos entre los 12.450 hasta los 60.000 euros anuales de ingresos (tres tramos), pertenecientes a esas clases medias cada vez más machacadas y empobrecidas, sólo disfrutarán de una rebaja de 1 por ciento de media.
Es más, entre los 20.200 y 33.007 euros, el tipo será igual al actual e incluso aumentará en 2015 al 31 por ciento. La gran recorte fiscal será para las rentas superiores, como hemos señalado, que verán reducir sus aportes a la Hacienda pública del 52 al 47 por ciento en 2015, y al 45 por ciento en 2016. ¡Menuda rebaja para los que más ganan!
Si ya la OCDE había advertido, precisamente el día previo a que Cristóbal Montoro presentara la reforma fiscal, sobre las desigualdades que se producen a la hora de distribuir la factura de la crisis entre los ciudadanos, situando a nuestro país como el que más desigualdades fomentaba, superando incluso a los intervenidos Grecia, Irlanda y Portugal, ahora con la nueva reforma fiscal se ahonda esa brecha que incide en castigar con mayor dureza a los que menos tienen.
Mientras aumenta el número de ricos y sus remuneraciones apenas se ven erosionadas, las clases medias y los pobres ven mermar sus ingresos progresivamente, no sólo por la falta de trabajo, la precariedad laboral y la reducción de salarios, sino también por el afán recaudatorio del Gobierno y sus políticas para mantener los ingresos a costa de las masas trabajadoras y las rentas del trabajo, fundamentalmente.
Es el IRPF el que aporta más ingresos a la Hacienda pública, mucho más que las grandes empresas. Las más importantes del Ibex 35 sólo pagan el 18 por ciento de su beneficio, un 5por ciento los bancos, y los patrimonios de muchos dígitos, un 1 por ciento si operan a través de una Sicav.
Es decir, la financiación de los servicios públicos en España corre a cuenta de los asalariados, quienes contribuyen de manera directa e indirecta al sostenimiento tantas veces esgrimido en su mantenimiento.
No sólo aportan la mayor parte de los recursos para su sostén con impuestos directos, sino que además participan a través de impuestos indirectos sumamente injustos, como el IVA, que han de pagarse sin importar el nivel de renta.
Reducir los tramos de renta en el IRPF en beneficio de las más altas evidencia la “música” de esta última reforma fiscal del Gobierno, ya que la pérdida de progresividad del impuesto reducirá la aportación de los más ricos, quienes menos necesitan de los servicios públicos y, por tanto, no se sienten concernidos a colaborar en la financiación de los mismos.
Ello incidirá en su deterioro o en un mayor coste, vía copagos y repagos, cuando no en la deseada privatización tan apetecida por la iniciativa privada, que hace cargar los gastos al usuario, a pesar de que sigan pagando simultáneamente sus impuestos.
La rebaja de impuestos queda, pues, en una mera ilusión de cara a los próximos comicios, por mucho que el Gobierno se empeñe en querer vendernos la moto. A pesar de su afición a las reformas “estructurales”, el proyecto presentado por el ministro de Hacienda dista mucho de ser una reforma fiscal en profundidad, que busque una mayor justicia fiscal y un reparto más equitativo del gasto público.
No sólo renuncia a una verdadera progresividad fiscal, sino que ni siquiera actúa sobre la economía sumergida, donde se genera la mayor bolsa de fraude fiscal (estimado en cerca del 10 por ciento del PIB), ni equilibra las cargas con una mayor fiscalidad de las rentas del Capital, que gozan de numerosas exenciones y bonificaciones.
Es bochornoso que en este país una familia soporte mayor presión fiscal que una empresa y pague mucho más, proporcionalmente a sus ingresos, que un rico. En ese contexto, hablar de rebaja de impuestos por parte del Gobierno es una ofensa a quienes de verdad pagan impuestos en España: a los que se los descuentan directamente de la nómina. Todos los demás se escaquean de sus obligaciones fiscales con la ayuda del Gobierno.
Así que el año que viene, con este caramelito, vaya usted a votar, si se deja engañar. Y prepárese para cuando vengan nuevos recortes después de las elecciones, no se vaya atragantar con el caramelito.
DANIEL GUERRERO
