La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba ha denunciado “la pérdida de calidad de los servicios públicos” como consecuencia de la destrucción de empleo dependiente de las administraciones. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, editado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la provincia de Córdoba tenía un total de 44.953 trabajadores públicos el 1 de enero de 2014. Son 3.207 menos que en la misma fecha de 2011, lo que supone una merma del 6,6 por ciento.
Todas las administraciones han destruido empleo en el último trienio, aunque CSIF considera que es “especialmente preocupante” la situación del personal perteneciente a la Junta de Andalucía, ya que en este caso se han perdido 2.256 puestos de trabajo, quedándose el total en 23.436.
Dentro de este ámbito se incluyen áreas tan sensibles para la sociedad como la enseñanza y la sanidad. En el primero de estos servicios se han quedado por el camino casi 900 empleos desde 2011, mientras que en los hospitales y centros de salud las plantillas han menguado en más de 200 personas.
Según el citado boletín, el personal dependiente del Estado que desarrolla su labor en Córdoba se ha reducido en cerca de 250 trabajadores, mientras que los ayuntamientos cuentan con 469 empleados menos. Por último, la Universidad de Córdoba (UCO) tiene una plantilla formada por 1.846 personas, 234 menos que tres años atrás.
La presidenta provincial de CSIF Córdoba, Francisca Carretero, asegura que los “grandes perjudicados por este recorte brutal del empleo público son los ciudadanos, que ven cómo los servicios que reciben de las administraciones presentan una calidad inferior”.
Carretero pide la retirada de la tasa de reposición impuesta del 10 por ciento por el Gobierno central, por la que solo un trabajador de cada diez que se da de baja o se jubila es sustituido en su puesto. “La masificación y el aumento de las listas de espera es la consecuencia de estas equivocadas políticas de austeridad”, resalta.
La máxima responsable de CSIF Córdoba señala que la pérdida de empleo público no es el único problema que afecta al personal de las administraciones, sino que se ha detectado una precariedad creciente. "Casos como la contratación al 50 y al 75 por ciento en el Servicio Andaluz de Salud o las escasas plazas en el último concurso de traslados llevado a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para los docentes así lo atestiguan", afirma.
Todas las administraciones han destruido empleo en el último trienio, aunque CSIF considera que es “especialmente preocupante” la situación del personal perteneciente a la Junta de Andalucía, ya que en este caso se han perdido 2.256 puestos de trabajo, quedándose el total en 23.436.
Dentro de este ámbito se incluyen áreas tan sensibles para la sociedad como la enseñanza y la sanidad. En el primero de estos servicios se han quedado por el camino casi 900 empleos desde 2011, mientras que en los hospitales y centros de salud las plantillas han menguado en más de 200 personas.
Según el citado boletín, el personal dependiente del Estado que desarrolla su labor en Córdoba se ha reducido en cerca de 250 trabajadores, mientras que los ayuntamientos cuentan con 469 empleados menos. Por último, la Universidad de Córdoba (UCO) tiene una plantilla formada por 1.846 personas, 234 menos que tres años atrás.
La presidenta provincial de CSIF Córdoba, Francisca Carretero, asegura que los “grandes perjudicados por este recorte brutal del empleo público son los ciudadanos, que ven cómo los servicios que reciben de las administraciones presentan una calidad inferior”.
Carretero pide la retirada de la tasa de reposición impuesta del 10 por ciento por el Gobierno central, por la que solo un trabajador de cada diez que se da de baja o se jubila es sustituido en su puesto. “La masificación y el aumento de las listas de espera es la consecuencia de estas equivocadas políticas de austeridad”, resalta.
La máxima responsable de CSIF Córdoba señala que la pérdida de empleo público no es el único problema que afecta al personal de las administraciones, sino que se ha detectado una precariedad creciente. "Casos como la contratación al 50 y al 75 por ciento en el Servicio Andaluz de Salud o las escasas plazas en el último concurso de traslados llevado a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para los docentes así lo atestiguan", afirma.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
