En el primer trimestre de 2014, sólo un 20,3 por ciento de las personas entre 16 y 29 años de Andalucía vive de forma independiente, o lo que es lo mismo, el 79,7 por ciento sigue viviendo con sus padres. Éste es uno de los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), correspondiente al primer trimestre de 2014, que hace un seguimiento periódico, estatal y autonómico, de las condiciones sociolaborales y los procesos de transición a la vida adulta de la población joven, centrando su análisis en el empleo y la vivienda.
Empezando por el empleo, la tasa de paro de las personas menores de 30 años alcanza el 49,1 por ciento. Una de las características del empleo joven en Andalucía, como en el resto de España, es la inestabilidad laboral que destapa una intensa movilidad debido a la temporalidad de los contratos. Así, por ejemplo, el tiempo medio de permanencia en la empresa de las personas que tienen un puesto de trabajo es de 30,1 meses, el índice más bajo registrado por comunidades autónomas.
Otro dato revelador de esta situación es que la tasa de temporalidad entre la población joven andaluza es del 61,9 por ciento, la segunda más alta de España por detrás de Canarias. Íntimamente relacionado con la actividad, el Observatorio de Emancipación también analiza la capacidad adquisitiva de la población joven andaluza y los datos son igual de alarmantes.
El 70,8 por ciento de los y las jóvenes menores de 30 años no percibe ningún salario y las personas asalariadas tienen un sueldo medio de poco más de 11.000 euros anuales. Este escaso poder adquisitivo se explica, sobre todo, porque el 28,2 por ciento de los hogares formados por jóvenes no tienen ninguna persona trabajando, lo que representa el porcentaje más alto de España.
En relación al acceso a la vivienda por parte de los y las jóvenes, las cifras tampoco son muy halagüeñas: en Andalucía, una persona joven debería destinar el 54,9 por ciento de su salario para poder adquirir una vivienda en propiedad; debería cobrar un 82,86 por ciento más de lo que cobra; o que la superficie máxima a la que puede aspirar es de 43,2 metros cuadrados.
Con estos datos sobre la mesa, Lorena Rodríguez, presidenta del Consejo de la Juventud de Andalucía, ha querido denunciar “la dramática situación que viven muchos y muchas jóvenes en nuestra comunidad a causa de la exclusión del mercado laboral y de la precariedad de los empleos a los que tienen acceso”.
Por su parte, Héctor Saz, presidente del Consejo de la Juventud de España, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para que “invierta y ponga en marcha una reforma laboral que garantice derechos, calidad y condiciones dignas para el empleo de las personas jóvenes”
El Consejo de la Juventud de España es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el que están representadas más de 60 entidades juveniles de todo el Estado, entre organizaciones y los consejos de juventud autonómicos. El principal objetivo de esta plataforma, creada por ley en 1983, es dar respuesta a las demandas de los y las jóvenes para el desarrollo de sus objetivos tanto individuales como colectivos.
Empezando por el empleo, la tasa de paro de las personas menores de 30 años alcanza el 49,1 por ciento. Una de las características del empleo joven en Andalucía, como en el resto de España, es la inestabilidad laboral que destapa una intensa movilidad debido a la temporalidad de los contratos. Así, por ejemplo, el tiempo medio de permanencia en la empresa de las personas que tienen un puesto de trabajo es de 30,1 meses, el índice más bajo registrado por comunidades autónomas.
Otro dato revelador de esta situación es que la tasa de temporalidad entre la población joven andaluza es del 61,9 por ciento, la segunda más alta de España por detrás de Canarias. Íntimamente relacionado con la actividad, el Observatorio de Emancipación también analiza la capacidad adquisitiva de la población joven andaluza y los datos son igual de alarmantes.
El 70,8 por ciento de los y las jóvenes menores de 30 años no percibe ningún salario y las personas asalariadas tienen un sueldo medio de poco más de 11.000 euros anuales. Este escaso poder adquisitivo se explica, sobre todo, porque el 28,2 por ciento de los hogares formados por jóvenes no tienen ninguna persona trabajando, lo que representa el porcentaje más alto de España.
En relación al acceso a la vivienda por parte de los y las jóvenes, las cifras tampoco son muy halagüeñas: en Andalucía, una persona joven debería destinar el 54,9 por ciento de su salario para poder adquirir una vivienda en propiedad; debería cobrar un 82,86 por ciento más de lo que cobra; o que la superficie máxima a la que puede aspirar es de 43,2 metros cuadrados.
Con estos datos sobre la mesa, Lorena Rodríguez, presidenta del Consejo de la Juventud de Andalucía, ha querido denunciar “la dramática situación que viven muchos y muchas jóvenes en nuestra comunidad a causa de la exclusión del mercado laboral y de la precariedad de los empleos a los que tienen acceso”.
Por su parte, Héctor Saz, presidente del Consejo de la Juventud de España, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para que “invierta y ponga en marcha una reforma laboral que garantice derechos, calidad y condiciones dignas para el empleo de las personas jóvenes”
El Consejo de la Juventud de España es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el que están representadas más de 60 entidades juveniles de todo el Estado, entre organizaciones y los consejos de juventud autonómicos. El principal objetivo de esta plataforma, creada por ley en 1983, es dar respuesta a las demandas de los y las jóvenes para el desarrollo de sus objetivos tanto individuales como colectivos.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
