Ahora que el Ébola ha matado, en el Hospital Carlos III de Madrid, a la primera persona fuera de África –continente donde se extiende de manera incontrolada dando lugar a una pandemia que obliga a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el estado de alerta máxima mundial para intentar contener la propagación de este virus–, sería oportuno hacer algunas reflexiones sobre los mecanismos que se pusieron en marcha en España para tratar al misionero español expatriado desde Liberia y recibir en nuestro país una terapia paliativa que, desafortunada pero inevitablemente, fue ineficaz para abordar una infección mortal que no tiene cura en la actualidad, por mucho que se investiguen con sueros “milagrosos” y otros ensayos en otros países, no en el nuestro.
El cuestionamiento de la iniciativa del Gobierno español y de los responsables de la Sanidad Pública de repatriar un enfermo con Ébola a España no busca alimentar un alarmismo social injustificado, sino valorar la idoneidad de unas decisiones sanitarias que, como poco, fueron controvertidas.
Tampoco se trata de ofender los sinceros sentimientos de nadie, respetables como los de todos, cuando se discuten decisiones que deberían estar presididas por el interés general y no por comprensibles pero injustificadas razones emocionales, personales o religiosas, sin que se prevean, en primer lugar, los sistemas, protocolos o mecanismos de actuación rigurosos y comprobados que garanticen la protección de la población ante el riesgo, grave y posible, de exposición a una infección epidémica letal; y, en segundo término, la manera más eficiente, inmediata y eficaz de tratar médicamente al compatriota enfermo que se decide trasladar a España.
Este debate parece oportuno ante las manifestaciones de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en las que afirma que se “ha demostrado que el sistema de alertas funciona perfectamente y los protocolos se cumplen”, en alusión al sacerdote fallecido en Madrid, donde fue atendido durante cinco días tras ser trasladado desde Monrovia (Liberia), contagiado por el virus del Ébola.
¿Realmente estábamos preparados para abordar pandemias y enfermedades emergentes en el hospital donde fue ingresado el paciente? ¿Era más eficaz facilitar el tratamiento paliativo en suelo patrio que donde se produjo el contagio, junto a toda la comunidad de personas enfermas que el misionero atendía?
No parece que las respuestas a estas preguntas ni los datos que se van conociendo de las partes implicadas en esta “crisis del Ébola” secunden las afirmaciones de la titular de Sanidad, pese a que asegure que su Ministerio, a través de la Dirección Pública, haya estado desde el primer momento coordinado con la OMS, la Unión Europea y las comunidades autónomas, así como con los ministerios de Defensa, Exteriores, Interior y Fomento, todo lo cual permitió trasladar en breve tiempo al sacerdote infectado, aunque lamentablemente no haya servido para nada, como era previsible. Parece que la ministra considera un logro extraordinario la repatriación de un enfermo terminal de Ébola a España.
Precisamente, ese traslado es la primera decisión que genera discrepancias pues parece obedecer a criterios emotivos o presiones sectarias antes que a pautas o protocolos asistenciales de Salud Pública.
Al parecer, lo que deciden los responsables gubernamentales es socorrer a una única persona, trasladándola a España, en vez de enviar material y medios para atender directamente a los afectados y compañeros del repatriado en el propio lugar del foco infeccioso, donde fallecen monjas que trabajaban junto al misionero y donde siguen muriendo decenas de nativos locales en centros supuestamente “hospitalarios” de una precariedad inhumana.
Una decisión inaudita teniendo en cuenta que, al no existir ningún tratamiento eficaz contra la infección por el virus Ébola, en España iba a recibir la misma terapia paliativa que podría habérsele administrado, al sacerdote y al resto de afectados, en el propio lugar del contagio, sin extender el riesgo de propagación del virus a España, país aún libre del área pandémica de la infección.
Probablemente, el envío de expertos en enfermedades infecciosas emergentes y del material necesario a Liberia hubiera sido menos problemático, más eficaz y menos gravoso que la repatriación de una sola persona, en un avión especialmente habilitado y medicalizado, y teniendo que improvisar un hospital exclusivamente para él, al que hubo que dotar apresuradamente de personal sanitario no entrenado para estas emergencias y de medios y condiciones que no satisfacen las estrictas normativas exigidas.
Es decir, se privilegió a una persona, en contra de toda lógica preventiva y sanitaria, y se desdeñó precisamente lo que movía la voluntad del sacerdote: atender a los que carecen de ninguna ayuda ante el avance de una epidemia mortal, como la del Ébola.
Un doble desprecio –sanitario y cristiano– que no impidió a la ministra Mato asistir al funeral del cura fallecido para felicitarse por la “loable” gestión de las autoridades sanitarias españolas que ella dirige. Todo un éxito.
Pero si discutible fue el traslado, la improvisación de un hospital de acogida en Madrid fue de juzgado de guardia. De hecho, el personal de Enfermería de Cuidados Intensivos del Hospital La Paz elevó un escrito a los Juzgados de la plaza de Castilla denunciando las “chapuzas” y presiones que se estaban cometiendo para traer al enfermo.
Hay que señalar que, tras el cierre del Hospital Carlos III para transformarlo en un centro de estancias medias, era el Hospital La Paz el que, en otra decisión “iluminada” de los responsables sanitarios tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio, actuaría como centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento de pandemias y enfermedades emergentes.
Y era a la UCI de ese Hospital General La Paz donde en principio se pensaba ingresar al cura infectado por Ébola, sin disponer de la infraestructura adecuada para este tipo de enfermedades (habitaciones de aislamiento con presión negativa) ni de un personal entrenado ni formado para estas situaciones de especial complejidad asistencial, e ignorando, incluso, el peligro potencial de ingresar a un enfermo sumamente contagioso en un centro de las dimensiones de La Paz, por donde transitan miles de personas, entre enfermos, usuarios y trabajadores, cada día.
Tras las quejas y denuncias, el Ministerio opta por volver acondicionar el Hospital Carlos III a toda prisa y saltándose todos los protocolos, esos que la ministra dice que han funcionado tan perfectamente.
Una planta vacía del hospital tuvo que adecuarse para reconvertirla en unidad de hospitalización de enfermos crónicos, trasladando equipos y personal desde el hospital La Paz de manera improvisada y con premura de tiempo. Hasta las enfermeras de La Paz tuvieron que transportar en sus vehículos particulares el material carente en el Carlos III.
No había, pues, en Madrid ninguna Unidad de Alertas, dotada de las infraestructuras pertinentes (aislamientos, laboratorios, etc.), ni personal formado para hacerse cargo de un caso de esta naturaleza y esta gravedad.
El personal de la UCI de La Paz enviado al Carlos III denuncia la falta de formación específica en infecciones peligrosas, declaradas por la OMS como de Emergencia de Salud Pública, y la negativa de información sobre los supuestos protocolos de medidas de protección individual contra riesgos biológicos o los procedimientos de actuación frente a una enfermedad de estas características, cuyo brote africano, lejos de estar controlado, es considerado el más mortífero de la historia moderna.
Una selección arbitraria del personal, una ubicación improvisada y una gestión temeraria de la situación son las consecuencias de una decisión “política” que obliga al traslado del sacerdote afectado muy gravemente por el virus del Ébola a España, atendiendo a consideraciones que se escapan, seguramente muy importantes y poderosas, pero que no se adecuan a los imperativos y recomendaciones sanitarios y de Salud Pública que deberían orientar a los responsables de la sanidad española. Algo se ha hecho mal.
¿Qué se ha hecho mal trayendo el Ébola a España? Todo, por cuanto se ha actuado negligentemente por parte de los responsables gubernamentales del Ministerio de Sanidad, exponiendo innecesariamente a la sociedad española a un posible riesgo de contagio y propagación de una infección mortal, que no tiene tratamiento ni profilaxis disponibles, y que afortunadamente aún no cursa en nuestro país, salvo las seis alertas concretas activadas en Madrid por el virus Chikungunya, virus Ébola, Coronavirus, Gripe aviar A (H7N9), Poliovirus y Gripe aviar (H5N1).
Con el fallecimiento del sacerdote se da por solventada la situación, con la satisfacción expresada por la señora ministra. El personal que lo atendió aún espera algún tipo de seguimiento o medida epidemiológica cautelar que garantice la inexistencia de ninguna contaminación o contagio, mientras continúa atendiendo a otros pacientes, algunos de ellos inmunodeprimidos y especialmente vulnerables, en sus destinos de la UCI de La Paz. Afortunadamente, no ha pasado nada, pero no gracias a la ministra, sino a la suerte.
El cuestionamiento de la iniciativa del Gobierno español y de los responsables de la Sanidad Pública de repatriar un enfermo con Ébola a España no busca alimentar un alarmismo social injustificado, sino valorar la idoneidad de unas decisiones sanitarias que, como poco, fueron controvertidas.
Tampoco se trata de ofender los sinceros sentimientos de nadie, respetables como los de todos, cuando se discuten decisiones que deberían estar presididas por el interés general y no por comprensibles pero injustificadas razones emocionales, personales o religiosas, sin que se prevean, en primer lugar, los sistemas, protocolos o mecanismos de actuación rigurosos y comprobados que garanticen la protección de la población ante el riesgo, grave y posible, de exposición a una infección epidémica letal; y, en segundo término, la manera más eficiente, inmediata y eficaz de tratar médicamente al compatriota enfermo que se decide trasladar a España.
Este debate parece oportuno ante las manifestaciones de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en las que afirma que se “ha demostrado que el sistema de alertas funciona perfectamente y los protocolos se cumplen”, en alusión al sacerdote fallecido en Madrid, donde fue atendido durante cinco días tras ser trasladado desde Monrovia (Liberia), contagiado por el virus del Ébola.
¿Realmente estábamos preparados para abordar pandemias y enfermedades emergentes en el hospital donde fue ingresado el paciente? ¿Era más eficaz facilitar el tratamiento paliativo en suelo patrio que donde se produjo el contagio, junto a toda la comunidad de personas enfermas que el misionero atendía?
No parece que las respuestas a estas preguntas ni los datos que se van conociendo de las partes implicadas en esta “crisis del Ébola” secunden las afirmaciones de la titular de Sanidad, pese a que asegure que su Ministerio, a través de la Dirección Pública, haya estado desde el primer momento coordinado con la OMS, la Unión Europea y las comunidades autónomas, así como con los ministerios de Defensa, Exteriores, Interior y Fomento, todo lo cual permitió trasladar en breve tiempo al sacerdote infectado, aunque lamentablemente no haya servido para nada, como era previsible. Parece que la ministra considera un logro extraordinario la repatriación de un enfermo terminal de Ébola a España.
Precisamente, ese traslado es la primera decisión que genera discrepancias pues parece obedecer a criterios emotivos o presiones sectarias antes que a pautas o protocolos asistenciales de Salud Pública.
Al parecer, lo que deciden los responsables gubernamentales es socorrer a una única persona, trasladándola a España, en vez de enviar material y medios para atender directamente a los afectados y compañeros del repatriado en el propio lugar del foco infeccioso, donde fallecen monjas que trabajaban junto al misionero y donde siguen muriendo decenas de nativos locales en centros supuestamente “hospitalarios” de una precariedad inhumana.
Una decisión inaudita teniendo en cuenta que, al no existir ningún tratamiento eficaz contra la infección por el virus Ébola, en España iba a recibir la misma terapia paliativa que podría habérsele administrado, al sacerdote y al resto de afectados, en el propio lugar del contagio, sin extender el riesgo de propagación del virus a España, país aún libre del área pandémica de la infección.
Probablemente, el envío de expertos en enfermedades infecciosas emergentes y del material necesario a Liberia hubiera sido menos problemático, más eficaz y menos gravoso que la repatriación de una sola persona, en un avión especialmente habilitado y medicalizado, y teniendo que improvisar un hospital exclusivamente para él, al que hubo que dotar apresuradamente de personal sanitario no entrenado para estas emergencias y de medios y condiciones que no satisfacen las estrictas normativas exigidas.
Es decir, se privilegió a una persona, en contra de toda lógica preventiva y sanitaria, y se desdeñó precisamente lo que movía la voluntad del sacerdote: atender a los que carecen de ninguna ayuda ante el avance de una epidemia mortal, como la del Ébola.
Un doble desprecio –sanitario y cristiano– que no impidió a la ministra Mato asistir al funeral del cura fallecido para felicitarse por la “loable” gestión de las autoridades sanitarias españolas que ella dirige. Todo un éxito.
Pero si discutible fue el traslado, la improvisación de un hospital de acogida en Madrid fue de juzgado de guardia. De hecho, el personal de Enfermería de Cuidados Intensivos del Hospital La Paz elevó un escrito a los Juzgados de la plaza de Castilla denunciando las “chapuzas” y presiones que se estaban cometiendo para traer al enfermo.
Hay que señalar que, tras el cierre del Hospital Carlos III para transformarlo en un centro de estancias medias, era el Hospital La Paz el que, en otra decisión “iluminada” de los responsables sanitarios tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio, actuaría como centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento de pandemias y enfermedades emergentes.
Y era a la UCI de ese Hospital General La Paz donde en principio se pensaba ingresar al cura infectado por Ébola, sin disponer de la infraestructura adecuada para este tipo de enfermedades (habitaciones de aislamiento con presión negativa) ni de un personal entrenado ni formado para estas situaciones de especial complejidad asistencial, e ignorando, incluso, el peligro potencial de ingresar a un enfermo sumamente contagioso en un centro de las dimensiones de La Paz, por donde transitan miles de personas, entre enfermos, usuarios y trabajadores, cada día.
Tras las quejas y denuncias, el Ministerio opta por volver acondicionar el Hospital Carlos III a toda prisa y saltándose todos los protocolos, esos que la ministra dice que han funcionado tan perfectamente.
Una planta vacía del hospital tuvo que adecuarse para reconvertirla en unidad de hospitalización de enfermos crónicos, trasladando equipos y personal desde el hospital La Paz de manera improvisada y con premura de tiempo. Hasta las enfermeras de La Paz tuvieron que transportar en sus vehículos particulares el material carente en el Carlos III.
No había, pues, en Madrid ninguna Unidad de Alertas, dotada de las infraestructuras pertinentes (aislamientos, laboratorios, etc.), ni personal formado para hacerse cargo de un caso de esta naturaleza y esta gravedad.
El personal de la UCI de La Paz enviado al Carlos III denuncia la falta de formación específica en infecciones peligrosas, declaradas por la OMS como de Emergencia de Salud Pública, y la negativa de información sobre los supuestos protocolos de medidas de protección individual contra riesgos biológicos o los procedimientos de actuación frente a una enfermedad de estas características, cuyo brote africano, lejos de estar controlado, es considerado el más mortífero de la historia moderna.
Una selección arbitraria del personal, una ubicación improvisada y una gestión temeraria de la situación son las consecuencias de una decisión “política” que obliga al traslado del sacerdote afectado muy gravemente por el virus del Ébola a España, atendiendo a consideraciones que se escapan, seguramente muy importantes y poderosas, pero que no se adecuan a los imperativos y recomendaciones sanitarios y de Salud Pública que deberían orientar a los responsables de la sanidad española. Algo se ha hecho mal.
¿Qué se ha hecho mal trayendo el Ébola a España? Todo, por cuanto se ha actuado negligentemente por parte de los responsables gubernamentales del Ministerio de Sanidad, exponiendo innecesariamente a la sociedad española a un posible riesgo de contagio y propagación de una infección mortal, que no tiene tratamiento ni profilaxis disponibles, y que afortunadamente aún no cursa en nuestro país, salvo las seis alertas concretas activadas en Madrid por el virus Chikungunya, virus Ébola, Coronavirus, Gripe aviar A (H7N9), Poliovirus y Gripe aviar (H5N1).
Con el fallecimiento del sacerdote se da por solventada la situación, con la satisfacción expresada por la señora ministra. El personal que lo atendió aún espera algún tipo de seguimiento o medida epidemiológica cautelar que garantice la inexistencia de ninguna contaminación o contagio, mientras continúa atendiendo a otros pacientes, algunos de ellos inmunodeprimidos y especialmente vulnerables, en sus destinos de la UCI de La Paz. Afortunadamente, no ha pasado nada, pero no gracias a la ministra, sino a la suerte.
DANIEL GUERRERO
