El Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA) mostró ayer su "profunda decepción e indignación" por la aprobación de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. A juicio de la entidad, el Congreso de los Diputados cerró ayer con esta votación "un proceso de más de un año de mentiras por parte del Gobierno de España hacia las organizaciones juveniles".
La Ley es el resultado de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA). "Basándose en afirmaciones falsas, como ya ha demostrado el propio CJE y dictámenes de prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo, se quiso suprimir sin más el único espacio de participación juvenil que desarrolla el Artículo 48 de la Constitución", indicaron desde la entidad, para añadir que "después vinieron los intentos de camuflar su supresión y la resignación del Ejecutivo de mantener una estructura de mínimos por la presión europea, probablemente, ya que hasta el propio presidente del Parlamento Europeo llamó la atención a Rajoy al respecto".
A juicio del CJA, "la alternativa que el Gobierno ha impuesto, sin escuchar siquiera a las organizaciones juveniles, plantea un CJE absolutamente doblegado a la voluntad del Ejecutivo para definir su estructura, fines, composición y funcionamiento".
En ese sentido, la entidad denunció ayer que "todo lo que el futuro CJE sea vendrá definido por el Gobierno y no por las organizaciones juveniles, haciendo de España una excepción en Europa".
Para el organismo que preside Lorena Rodríguez, la ley prevé un Consejo de la Juventud que no garantiza ni la “eficacia” ni la “libertad” que exigen la Constitución para la participación de la juventud en la vida social, económica, política y cultural.
"Ignora también todas las recomendaciones internacionales sobre los Consejos de Juventud que han emitido desde las Naciones Unidas hasta la Unión Europea (Parlamento, Comisión, Consejo, Comité de las Regiones...), pasando por el Consejo de Europa", aseguran.
El Consejo de la Juventud de España logró en el Senado, antes del verano, pactar con la mayoría de grupos políticos unas enmiendas transaccionales que permitieran sostener una figura de mínimos. Uno de los requisitos irrenunciables por parte de las organizaciones juveniles del actual CJE era que se respetara la composición vigente, de más de 80 entidades, y entre ellas la de los Consejos autonómicos de juventud.
Para ello se logró pactar una enmienda transaccional al texto con casi todos los grupos parlamentarios del Senado, y entre ellos el propio Grupo Parlamentario Popular. "Al parecer, un supuesto error del presidente del Senado hizo que la transaccional ni siquiera llegara a votarse, según consta en el Diario de Sesiones", apuntaron ayer.
El CJA anunció que pedirá explicaciones a los diputados y senadores andaluces, y en especial a los del Grupo Parlamentario Popular, por esta situación. "El resultado de este proceso hace que se cierren las puertas a la interlocución estatal y europea para todas las organizaciones juveniles de ámbito autonómico o local", comentaron.
“Nos impiden llegar a Europa, cerrando las puertas a la participación de la juventud”, dijo la presidenta del CJA, Lorena Rodríguez, quien denunció que "más de un centenar de asociaciones juveniles andaluzas, que reúnen a miles de jóvenes, se quedarán sin voz propia que defienda sus derechos ante el Gobierno de España y ante las instituciones europeas".
Según Lorena Rodríguez, “esta decisión significa un desamparo a la juventud andaluza, una expulsión ilógica de numerosos órganos de participación y sobre todo, un rechazo a nuestra continuidad en Europa, donde nacen por ejemplo, las principales políticas de empleo y el presupuesto que se destinará para ellas a España y a Andalucía”.
La presidenta del CJA añadió que “es una ley que ni racionaliza ni ahorra en este tema, solamente coarta la participación juvenil. Y miente, miente en cifras y argumentos”. Por lo tanto, consideró que es “profundamente arbitraria, basada únicamente en formas de hacer política, y que incluso algunos expertos en derecho, de reconocido prestigio en España, califican de inconstitucional”.
Ahora queda por delante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la promulgación de un Real Decreto que desarrolle “prácticamente todo, porque la Ley no dice nada”, según declaró Rodríguez. La presidenta del Consejo de la Juventud de Andalucía aspira a ser recibida por el director general del INJUVE, junto al resto de Consejos autonómicos, para buscar una solución a esta situación.
La Ley es el resultado de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA). "Basándose en afirmaciones falsas, como ya ha demostrado el propio CJE y dictámenes de prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo, se quiso suprimir sin más el único espacio de participación juvenil que desarrolla el Artículo 48 de la Constitución", indicaron desde la entidad, para añadir que "después vinieron los intentos de camuflar su supresión y la resignación del Ejecutivo de mantener una estructura de mínimos por la presión europea, probablemente, ya que hasta el propio presidente del Parlamento Europeo llamó la atención a Rajoy al respecto".
A juicio del CJA, "la alternativa que el Gobierno ha impuesto, sin escuchar siquiera a las organizaciones juveniles, plantea un CJE absolutamente doblegado a la voluntad del Ejecutivo para definir su estructura, fines, composición y funcionamiento".
En ese sentido, la entidad denunció ayer que "todo lo que el futuro CJE sea vendrá definido por el Gobierno y no por las organizaciones juveniles, haciendo de España una excepción en Europa".
Para el organismo que preside Lorena Rodríguez, la ley prevé un Consejo de la Juventud que no garantiza ni la “eficacia” ni la “libertad” que exigen la Constitución para la participación de la juventud en la vida social, económica, política y cultural.
"Ignora también todas las recomendaciones internacionales sobre los Consejos de Juventud que han emitido desde las Naciones Unidas hasta la Unión Europea (Parlamento, Comisión, Consejo, Comité de las Regiones...), pasando por el Consejo de Europa", aseguran.
El Consejo de la Juventud de España logró en el Senado, antes del verano, pactar con la mayoría de grupos políticos unas enmiendas transaccionales que permitieran sostener una figura de mínimos. Uno de los requisitos irrenunciables por parte de las organizaciones juveniles del actual CJE era que se respetara la composición vigente, de más de 80 entidades, y entre ellas la de los Consejos autonómicos de juventud.
Para ello se logró pactar una enmienda transaccional al texto con casi todos los grupos parlamentarios del Senado, y entre ellos el propio Grupo Parlamentario Popular. "Al parecer, un supuesto error del presidente del Senado hizo que la transaccional ni siquiera llegara a votarse, según consta en el Diario de Sesiones", apuntaron ayer.
El CJA anunció que pedirá explicaciones a los diputados y senadores andaluces, y en especial a los del Grupo Parlamentario Popular, por esta situación. "El resultado de este proceso hace que se cierren las puertas a la interlocución estatal y europea para todas las organizaciones juveniles de ámbito autonómico o local", comentaron.
“Nos impiden llegar a Europa, cerrando las puertas a la participación de la juventud”, dijo la presidenta del CJA, Lorena Rodríguez, quien denunció que "más de un centenar de asociaciones juveniles andaluzas, que reúnen a miles de jóvenes, se quedarán sin voz propia que defienda sus derechos ante el Gobierno de España y ante las instituciones europeas".
Según Lorena Rodríguez, “esta decisión significa un desamparo a la juventud andaluza, una expulsión ilógica de numerosos órganos de participación y sobre todo, un rechazo a nuestra continuidad en Europa, donde nacen por ejemplo, las principales políticas de empleo y el presupuesto que se destinará para ellas a España y a Andalucía”.
La presidenta del CJA añadió que “es una ley que ni racionaliza ni ahorra en este tema, solamente coarta la participación juvenil. Y miente, miente en cifras y argumentos”. Por lo tanto, consideró que es “profundamente arbitraria, basada únicamente en formas de hacer política, y que incluso algunos expertos en derecho, de reconocido prestigio en España, califican de inconstitucional”.
Ahora queda por delante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la promulgación de un Real Decreto que desarrolle “prácticamente todo, porque la Ley no dice nada”, según declaró Rodríguez. La presidenta del Consejo de la Juventud de Andalucía aspira a ser recibida por el director general del INJUVE, junto al resto de Consejos autonómicos, para buscar una solución a esta situación.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
