El 100% de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba recibirán fondos del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación. La Junta de Andalucía dotará a la provincia de Córdoba con cerca de cuatro millones de euros (3.967.098,88 euros), del total de 40 millones de presupuesto con los que cuenta el Programa a nivel regional.
Así lo ha anunciado esta mañana la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, quien ha informado sobre Programa Extraordinario de ayuda a la Contratación del Decreto por la Inclusión Social, junto a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Isabel Baena.
En Andalucía serán 765 (el 99,2 por ciento de los 771 existentes) los ayuntamientos que se adhieran al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación del Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicó el martes la relación de Ayuntamientos participantes, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en la provincia de Córdoba será el ayuntamiento de la capital el que más presupuesto perciba para reducir el paro con 1,3 millones de euros, seguido de Lucena, Puente Genil y Priego de Córdoba. Con este plan de empleo extraordinario se pretende realizar unas 2.500 contrataciones en Córdoba y que serán gestionados por los consistorios.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado con 40 millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces.
Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
Baena ha recordado que corresponde a los ayuntamientos la recogida de las solicitudes, selección de las personas y realización de las contrataciones a partir de los criterios establecidos en el programa y que todos los contratos deberán estar formalizados antes del 15 de marzo de 2015.
El objetivo de este programa es, según Baena, “favorecer la integración y la inserción sociolaboral de estas personas, ofreciéndole la oportunidad de contar con un puesto de trabajo y desarrollar habilidades laborales que les permitan mejorar su empleabilidad”.
Decreto de Inclusión
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado junio el Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que beneficiará a más de 160.000 personas, de las que cerca de 18.000 residen en Córdoba.
Este nuevo decreto destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen 8 millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.
El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas hablamos de cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social.
La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.
La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria.
Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.
Así lo ha anunciado esta mañana la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, quien ha informado sobre Programa Extraordinario de ayuda a la Contratación del Decreto por la Inclusión Social, junto a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Isabel Baena.
En Andalucía serán 765 (el 99,2 por ciento de los 771 existentes) los ayuntamientos que se adhieran al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación del Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicó el martes la relación de Ayuntamientos participantes, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en la provincia de Córdoba será el ayuntamiento de la capital el que más presupuesto perciba para reducir el paro con 1,3 millones de euros, seguido de Lucena, Puente Genil y Priego de Córdoba. Con este plan de empleo extraordinario se pretende realizar unas 2.500 contrataciones en Córdoba y que serán gestionados por los consistorios.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado con 40 millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces.
Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
Baena ha recordado que corresponde a los ayuntamientos la recogida de las solicitudes, selección de las personas y realización de las contrataciones a partir de los criterios establecidos en el programa y que todos los contratos deberán estar formalizados antes del 15 de marzo de 2015.
El objetivo de este programa es, según Baena, “favorecer la integración y la inserción sociolaboral de estas personas, ofreciéndole la oportunidad de contar con un puesto de trabajo y desarrollar habilidades laborales que les permitan mejorar su empleabilidad”.
Decreto de Inclusión
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado junio el Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que beneficiará a más de 160.000 personas, de las que cerca de 18.000 residen en Córdoba.
Este nuevo decreto destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen 8 millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.
El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas hablamos de cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social.
La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.
La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria.
Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
