Lo grave de que en España se dé el primer contagio por virus ébola que se produce fuera de África, y el segundo que se diagnostica en el exterior de ese continente, es la arbitrariedad con la que el Gobierno y las autoridades sanitarias han actuado frente a una epidemia que –repitámoslo hasta la saciedad- carece de cura en la actualidad.
Una arbitrariedad mantenida en el tiempo y durante todas las decisiones con las que se ha afrontado el asunto: desde la primera decisión política de evacuar a nuestro país los sacerdotes contagiados en Sierra Leona, acondicionar un hospital a toda prisa con sistemas de aislamiento y tener que dotarlo con personal trasladado de otro centro, hasta confiar en conocimientos preliminares de los que se deduce que la enfermedad se transmite sólo a través del contacto directo y las secreciones del paciente.
Todas ellas son iniciativas apresuradas y, lo que es peor, sumamente imprudentes que se adoptan, no por una preocupación o necesidad sanitaria, sino por meros cálculos partidistas y electoralistas.
Como consecuencia de todo ello, ya tenemos la infección del ébola en España, como habían advertido todas las instancias que han expresado su opinión en este asunto, incluida la de esta columna, por lo que resta esperar que la alerta epidemiológica pueda controlar y erradicar el foco contagioso detectado en Madrid, no limitándose a culpabilizar a quien no es sino víctima de una cadena de negligencias políticas y sanitarias.
Alguien debería responder ante los ciudadanos por esta arbitrariedad irresponsable; alguien, desde la ministra Mato hasta el director del Carlos III, debería presentar la dimisión por su absoluta incompetencia, al exponer a la población española al gravísimo riesgo de infección de una enfermedad mortal y sin cura, de manera tan gratuita y peligrosa.
Sería lo que cabría esperar de personas con dignidad profesional, y personal, ante el cúmulo de errores cometidos y que pueden acarrear la muerte a un número indeterminado de inocentes ciudadanos. Era un riesgo anunciado.
Una arbitrariedad mantenida en el tiempo y durante todas las decisiones con las que se ha afrontado el asunto: desde la primera decisión política de evacuar a nuestro país los sacerdotes contagiados en Sierra Leona, acondicionar un hospital a toda prisa con sistemas de aislamiento y tener que dotarlo con personal trasladado de otro centro, hasta confiar en conocimientos preliminares de los que se deduce que la enfermedad se transmite sólo a través del contacto directo y las secreciones del paciente.
Todas ellas son iniciativas apresuradas y, lo que es peor, sumamente imprudentes que se adoptan, no por una preocupación o necesidad sanitaria, sino por meros cálculos partidistas y electoralistas.
Como consecuencia de todo ello, ya tenemos la infección del ébola en España, como habían advertido todas las instancias que han expresado su opinión en este asunto, incluida la de esta columna, por lo que resta esperar que la alerta epidemiológica pueda controlar y erradicar el foco contagioso detectado en Madrid, no limitándose a culpabilizar a quien no es sino víctima de una cadena de negligencias políticas y sanitarias.
Alguien debería responder ante los ciudadanos por esta arbitrariedad irresponsable; alguien, desde la ministra Mato hasta el director del Carlos III, debería presentar la dimisión por su absoluta incompetencia, al exponer a la población española al gravísimo riesgo de infección de una enfermedad mortal y sin cura, de manera tan gratuita y peligrosa.
Sería lo que cabría esperar de personas con dignidad profesional, y personal, ante el cúmulo de errores cometidos y que pueden acarrear la muerte a un número indeterminado de inocentes ciudadanos. Era un riesgo anunciado.
DANIEL GUERRERO
