España, un país afortunado por su clima soleado y líder en investigación y desarrollo en energía solar, parece estar empeñado en impedir el uso y consumo de las energías renovables. Es lo que se desprende del último Real Decreto, aprobado hace unos días por el Gobierno, que regula las condiciones del denominado “autoconsumo eléctrico”; es decir, la producción de electricidad, fundamentalmente fotovoltaica y eólica, para el propio consumo.
Nadie está contento con la nueva ley, salvo la gran industria de electricidad convencional (fósil y nuclear). Y es que, en vez de favorecer el fomento de las energías renovables, el Decreto “castiga” con un “impuesto al sol” su uso.
En contra de lo que parece razonable, la nueva regulación de las renovables, a pesar de presentarse con la intención de favorecerlas, cercena las aspiraciones de quienes pretenden producir su propia energía para ahorrarse los costos de una electricidad convencional. El Decreto contradice su propia motivación en defensa de las renovables al embarullar sobremanera su producción y consumo con registros, normas y tasas, que más que favorecer parecen desaconsejar su uso.
En principio, establece dos clases de instalaciones: las de menos de 100 kilovatios (kW) de potencia y las que superan ese límite. Las instalaciones domésticas, con potencias inferiores a los 100 kW, podrán volcar a la red el sobrante de la energía que produzcan, pero gratis, sin cobrar nada por la energía que “regalan” a la red eléctrica. Es más, tendrán que pagar por estar conectados a la red y deberán asumir un canon y los costes del sistema, los llamados “peajes” de transporte y distribución, junto a los demás conceptos que figuran en el recibo de la luz.
Puede parecer lógico repartir los gastos de mantenimiento del tendido eléctrico, pero compensando a quien colabora en producir la energía que se transporta y se vende a través de él: lo comido por lo servido. La regulación española no contempla el balance cero, que compensa el vertido gratis de electricidad a la red con la que se recibe a través de ella cuando no se puede producir energía renovable (de noche o días sin sol), como se hace en países que fomentan el autoconsumo.
Los pequeños productores para autoconsumo de electricidad, si están conectados a la red eléctrica, tendrán que soportar unos “gastos”, tanto si consumen energía como si la regalan a la red. Así, la gran industria de energía eléctrica podrá seguir beneficiándose del “monopolio” que explota en España, sin riesgo de que las renovables le disputen el mercado.
La única excepción son los pequeños consumidores, con una potencia inferior a 10 kW, (para los que esta inversión no es rentable) y las instalaciones insulares (Baleares y Canarias, que si fueran autosuficientes supondría un gran ahorro en transporte de energía), a los que se les exime de estos costes.
La otra modalidad, la de las instalaciones de más de 100 kilovatios, podrán verter el exceso de energía de autoconsumo a la red y podrán venderla al precio horario que exista en ese momento. Pero, para ello, deberán previamente estar inscritas en un registro de productores de electricidad, para conocimiento de las compañías distribuidoras y garantizar, según el Ministro del ramo, la correcta utilización del sistema.
Los partidos de la oposición, las empresas de renovables, los consumidores, los ecologistas y los sindicatos critican esta regulación de las energías renovables por parte del Gobierno, por entender que no favorece el autoconsumo de energía y atender fundamentalmente los intereses de la industria energética convencional, además de menospreciar la protección del medioambiente amparando una energía eléctrica que se sigue produciendo casi en su totalidad a partir de materias fósiles (carbón, petróleo) o nuclear (residuos contaminantes, gran peligrosidad), con una dependencia del exterior cercana al 85 por ciento.
Si este nuevo Real Decreto de Autoconsumo representa la apuesta por un futuro limpio y sostenible en relación con las energías renovables, que venga dios y lo vea. Porque lo que consigue es un presente inmutable para las compañías eléctricas tradicionales, que seguirán controlando el sector e impidiendo que las renovables compitan en un mercado, el de la electricidad, prácticamente monopolizado. Más que energías renovables, el Decreto asegura energías inmutables.
Nadie está contento con la nueva ley, salvo la gran industria de electricidad convencional (fósil y nuclear). Y es que, en vez de favorecer el fomento de las energías renovables, el Decreto “castiga” con un “impuesto al sol” su uso.
En contra de lo que parece razonable, la nueva regulación de las renovables, a pesar de presentarse con la intención de favorecerlas, cercena las aspiraciones de quienes pretenden producir su propia energía para ahorrarse los costos de una electricidad convencional. El Decreto contradice su propia motivación en defensa de las renovables al embarullar sobremanera su producción y consumo con registros, normas y tasas, que más que favorecer parecen desaconsejar su uso.
En principio, establece dos clases de instalaciones: las de menos de 100 kilovatios (kW) de potencia y las que superan ese límite. Las instalaciones domésticas, con potencias inferiores a los 100 kW, podrán volcar a la red el sobrante de la energía que produzcan, pero gratis, sin cobrar nada por la energía que “regalan” a la red eléctrica. Es más, tendrán que pagar por estar conectados a la red y deberán asumir un canon y los costes del sistema, los llamados “peajes” de transporte y distribución, junto a los demás conceptos que figuran en el recibo de la luz.
Puede parecer lógico repartir los gastos de mantenimiento del tendido eléctrico, pero compensando a quien colabora en producir la energía que se transporta y se vende a través de él: lo comido por lo servido. La regulación española no contempla el balance cero, que compensa el vertido gratis de electricidad a la red con la que se recibe a través de ella cuando no se puede producir energía renovable (de noche o días sin sol), como se hace en países que fomentan el autoconsumo.
Los pequeños productores para autoconsumo de electricidad, si están conectados a la red eléctrica, tendrán que soportar unos “gastos”, tanto si consumen energía como si la regalan a la red. Así, la gran industria de energía eléctrica podrá seguir beneficiándose del “monopolio” que explota en España, sin riesgo de que las renovables le disputen el mercado.
La única excepción son los pequeños consumidores, con una potencia inferior a 10 kW, (para los que esta inversión no es rentable) y las instalaciones insulares (Baleares y Canarias, que si fueran autosuficientes supondría un gran ahorro en transporte de energía), a los que se les exime de estos costes.
La otra modalidad, la de las instalaciones de más de 100 kilovatios, podrán verter el exceso de energía de autoconsumo a la red y podrán venderla al precio horario que exista en ese momento. Pero, para ello, deberán previamente estar inscritas en un registro de productores de electricidad, para conocimiento de las compañías distribuidoras y garantizar, según el Ministro del ramo, la correcta utilización del sistema.
Los partidos de la oposición, las empresas de renovables, los consumidores, los ecologistas y los sindicatos critican esta regulación de las energías renovables por parte del Gobierno, por entender que no favorece el autoconsumo de energía y atender fundamentalmente los intereses de la industria energética convencional, además de menospreciar la protección del medioambiente amparando una energía eléctrica que se sigue produciendo casi en su totalidad a partir de materias fósiles (carbón, petróleo) o nuclear (residuos contaminantes, gran peligrosidad), con una dependencia del exterior cercana al 85 por ciento.
Si este nuevo Real Decreto de Autoconsumo representa la apuesta por un futuro limpio y sostenible en relación con las energías renovables, que venga dios y lo vea. Porque lo que consigue es un presente inmutable para las compañías eléctricas tradicionales, que seguirán controlando el sector e impidiendo que las renovables compitan en un mercado, el de la electricidad, prácticamente monopolizado. Más que energías renovables, el Decreto asegura energías inmutables.
DANIEL GUERRERO
