Cada vez que se produce un atentado terrorista, sobre todo si es de la magnitud de los acaecidos en Francia, con más de cien muertos y otros tantos heridos, surge inevitablemente el debate sobre seguridad y libertad. Ambos términos o conceptos forman un binomio inseparable que revela una permanente dicotomía. Al parecer, según algunas interpretaciones, no es posible garantizar la seguridad sin sacrificar parcelas de libertad y viceversa.
Otras, en cambio, subordinan la seguridad a la garantía de los derechos y libertades que son consustanciales a un estado democrático y de derecho. Sin embargo, en cuanto explotan las bombas del terror, la balanza que equilibra el peso entre ambas interpretaciones tiende a inclinarse con suma facilidad hacia la preservación de la seguridad colectiva a costa de sacrificar o limitar algunos de los derechos que forman parte del valor de la libertad.
En medio de la confusión y del temor que nos infunde cualquier ataque a nuestro modelo de convivencia, basado en la toma de decisiones por acuerdo de mayorías (democracia), el respeto a las minorías (derechos), la tolerancia con el discrepante (sujeción a la ley) y el ejercicio de las libertades de forma pacífica (preservar la paz), tendemos a creer que nuestra sociedad es vulnerable y débil frente a los peligros que la acechan con extrema y gratuita violencia.
Ante el acoso del terror, máxime si se percibe como una amenaza global como la que exhibe el terrorismo de Al Qaeda o el yihadista del mal llamado Estado Islámico, inmediatamente asumimos, a instancias de los partidarios de la interpretación conservadora, sustituir los mecanismos garantistas en los que se basan nuestras libertades por procedimientos policiales que consideran a estos un lujo y los ignoran porque supuestamente resultan más eficaces y expeditivos a la hora de hacer frente a tales amenazas.
Es la interpretación que propone la seguridad como antinómica de la libertad, una disyuntiva que facilita la decisión de, si se desea más seguridad, hay que sacrificar inevitablemente ámbitos o áreas de libertad. Encausa nuestra elección frente al dilema.
François Hollande, tras los atentados de París, ha optado por la interpretación de subordinar las libertades a la seguridad al aumentar la capacidad del Estado para perseguir a los autores de actos terroristas, prevenir este tipo de violencia y proteger a la población. Para ello, no sólo ha declarado el estado de emergencia, sino que ha propuesto al Congreso francés prolongar durante tres meses su vigencia, lo que conlleva la suspensión del derecho de manifestación y la limitación de otros derechos y libertades.
Estas medidas excepcionales permiten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizar registros domiciliarios sin orden judicial, retirar la nacionalidad a los sospechosos y trasladar de lugar de residencia a las personas objeto de investigación o imputación criminal.
Paralelamente, ha incrementado los recursos humanos y materiales de las fuerzas policiales, consiguiendo que Bruselas autorice el gasto correspondiente y deje sin efecto los recortes y ajustes presupuestarios emprendidos por el Gobierno. El miedo, con o sin razón, conduce a la pérdida de libertades, pero también a un mayor endeudamiento.
En nuestra ignorancia, creíamos que era precisamente la libertad lo que nos proporcionaba seguridad. Que sin democracia era imposible la libertad y que un Estado de Derecho está comprometido precisamente con la garantía de esos derechos que preservan el disfrute de la libertad.
Pensábamos que nuestra Constitución subrayaba el carácter subsidiario de la seguridad al anteponer la libertad a los derechos reconocidos a los sujetos de la democracia, puesto que si la seguridad tiene alguna función es la de asegurar los principios constitucionales, esto es, los derechos y libertades de los ciudadanos. Así lo expresa rotundamente en su artículo 17: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Y así figura en el frontispicio de la Carta Magna al propugnar como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Sin embargo, en cuanto las bombas sacuden los cimientos de nuestras convicciones, la incertidumbre y el temor nos hacen replantear de nuevo el viejo binomio de si la libertad es compatible con la seguridad. Y con las dudas consiguen su primer triunfo los que cuestionan y combaten la democracia y nuestro modo de convivencia.
Porque a partir de la cesión de derechos y libertades y al supeditarlos a la seguridad, aparecen inmediatamente el ensanchamiento de las limitaciones de otros derechos y libertades, como los corsés a la libertad de expresión, de manifestación y hasta de participación política.
Surgen leyes de seguridad ciudadana que, más que seguridad, recortan libertades e impiden la pública pero pacífica demostración de protesta y contestación ciudadanas. Comienza la invasión sistemática y arbitraria de la intimidad de las personas y del secreto de las comunicaciones sin el oportuno control judicial. Y se dotan a las fuerzas policiales y a los gobiernos que las dirigen de instrumentos extraordinarios y poderosos, ajenos a control, que se emplean con la excusa de la seguridad para socavar el carácter garantista de nuestros derechos y cercenar nuestras libertades.
Para ser coherentes con los valores democráticos y la debida sujeción a las leyes, las medidas excepcionales con las que se afrontan actos y ataques terroristas en nuestras sociedades, aun cuando supongan limitaciones puntuales de derechos constitucionales, éstas deben ser compatibles con el respeto pleno de tales derechos para que la seguridad sea una seguridad constitucional: aquella que actúa ante problemas derivados de la quiebra de derechos constitucionales.
Las leyes y el ordenamiento jurídico ya contemplan los supuestos excepcionales que han de arbitrarse para hacer frente a delitos excepcionales y violentos, sin necesidad de crear “espacios vacíos de derecho” que dan lugar a cárceles secretas, secuestros, torturas, guerras y demás ignominias cometidas sin ningún respaldo legal.
Hay que mantener inalterable el orden de los factores del binomio libertad/ seguridad, sobre todo en tiempos de confusión y aparente vulnerabilidad. Hay que conservar la mente fría y las convicciones firmes cuando los enemigos pretenden derribar precisamente lo que nos hace fuertes y superiores a ellos: nuestras sociedades democráticas y nuestras libertades.
Hay que impedir que la seguridad sirva de coartada para cercenar derechos y mermar libertades constitucionales. Frente al caos y el oprobio del terrorismo debe erigirse el Estado de Derecho que defiende la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos, sin menoscabo de su seguridad y bienestar.
Frente a las balas, la ley; frente al terror, la democracia; frente a la barbarie, la racionalidad y las convicciones. La seguridad al servicio de la libertad es la única manera de no perder esta guerra y de conservar lo que nos distingue: ser libres.
Otras, en cambio, subordinan la seguridad a la garantía de los derechos y libertades que son consustanciales a un estado democrático y de derecho. Sin embargo, en cuanto explotan las bombas del terror, la balanza que equilibra el peso entre ambas interpretaciones tiende a inclinarse con suma facilidad hacia la preservación de la seguridad colectiva a costa de sacrificar o limitar algunos de los derechos que forman parte del valor de la libertad.
En medio de la confusión y del temor que nos infunde cualquier ataque a nuestro modelo de convivencia, basado en la toma de decisiones por acuerdo de mayorías (democracia), el respeto a las minorías (derechos), la tolerancia con el discrepante (sujeción a la ley) y el ejercicio de las libertades de forma pacífica (preservar la paz), tendemos a creer que nuestra sociedad es vulnerable y débil frente a los peligros que la acechan con extrema y gratuita violencia.
Ante el acoso del terror, máxime si se percibe como una amenaza global como la que exhibe el terrorismo de Al Qaeda o el yihadista del mal llamado Estado Islámico, inmediatamente asumimos, a instancias de los partidarios de la interpretación conservadora, sustituir los mecanismos garantistas en los que se basan nuestras libertades por procedimientos policiales que consideran a estos un lujo y los ignoran porque supuestamente resultan más eficaces y expeditivos a la hora de hacer frente a tales amenazas.
Es la interpretación que propone la seguridad como antinómica de la libertad, una disyuntiva que facilita la decisión de, si se desea más seguridad, hay que sacrificar inevitablemente ámbitos o áreas de libertad. Encausa nuestra elección frente al dilema.
François Hollande, tras los atentados de París, ha optado por la interpretación de subordinar las libertades a la seguridad al aumentar la capacidad del Estado para perseguir a los autores de actos terroristas, prevenir este tipo de violencia y proteger a la población. Para ello, no sólo ha declarado el estado de emergencia, sino que ha propuesto al Congreso francés prolongar durante tres meses su vigencia, lo que conlleva la suspensión del derecho de manifestación y la limitación de otros derechos y libertades.
Estas medidas excepcionales permiten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizar registros domiciliarios sin orden judicial, retirar la nacionalidad a los sospechosos y trasladar de lugar de residencia a las personas objeto de investigación o imputación criminal.
Paralelamente, ha incrementado los recursos humanos y materiales de las fuerzas policiales, consiguiendo que Bruselas autorice el gasto correspondiente y deje sin efecto los recortes y ajustes presupuestarios emprendidos por el Gobierno. El miedo, con o sin razón, conduce a la pérdida de libertades, pero también a un mayor endeudamiento.
En nuestra ignorancia, creíamos que era precisamente la libertad lo que nos proporcionaba seguridad. Que sin democracia era imposible la libertad y que un Estado de Derecho está comprometido precisamente con la garantía de esos derechos que preservan el disfrute de la libertad.
Pensábamos que nuestra Constitución subrayaba el carácter subsidiario de la seguridad al anteponer la libertad a los derechos reconocidos a los sujetos de la democracia, puesto que si la seguridad tiene alguna función es la de asegurar los principios constitucionales, esto es, los derechos y libertades de los ciudadanos. Así lo expresa rotundamente en su artículo 17: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Y así figura en el frontispicio de la Carta Magna al propugnar como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Sin embargo, en cuanto las bombas sacuden los cimientos de nuestras convicciones, la incertidumbre y el temor nos hacen replantear de nuevo el viejo binomio de si la libertad es compatible con la seguridad. Y con las dudas consiguen su primer triunfo los que cuestionan y combaten la democracia y nuestro modo de convivencia.
Porque a partir de la cesión de derechos y libertades y al supeditarlos a la seguridad, aparecen inmediatamente el ensanchamiento de las limitaciones de otros derechos y libertades, como los corsés a la libertad de expresión, de manifestación y hasta de participación política.
Surgen leyes de seguridad ciudadana que, más que seguridad, recortan libertades e impiden la pública pero pacífica demostración de protesta y contestación ciudadanas. Comienza la invasión sistemática y arbitraria de la intimidad de las personas y del secreto de las comunicaciones sin el oportuno control judicial. Y se dotan a las fuerzas policiales y a los gobiernos que las dirigen de instrumentos extraordinarios y poderosos, ajenos a control, que se emplean con la excusa de la seguridad para socavar el carácter garantista de nuestros derechos y cercenar nuestras libertades.
Para ser coherentes con los valores democráticos y la debida sujeción a las leyes, las medidas excepcionales con las que se afrontan actos y ataques terroristas en nuestras sociedades, aun cuando supongan limitaciones puntuales de derechos constitucionales, éstas deben ser compatibles con el respeto pleno de tales derechos para que la seguridad sea una seguridad constitucional: aquella que actúa ante problemas derivados de la quiebra de derechos constitucionales.
Las leyes y el ordenamiento jurídico ya contemplan los supuestos excepcionales que han de arbitrarse para hacer frente a delitos excepcionales y violentos, sin necesidad de crear “espacios vacíos de derecho” que dan lugar a cárceles secretas, secuestros, torturas, guerras y demás ignominias cometidas sin ningún respaldo legal.
Hay que mantener inalterable el orden de los factores del binomio libertad/ seguridad, sobre todo en tiempos de confusión y aparente vulnerabilidad. Hay que conservar la mente fría y las convicciones firmes cuando los enemigos pretenden derribar precisamente lo que nos hace fuertes y superiores a ellos: nuestras sociedades democráticas y nuestras libertades.
Hay que impedir que la seguridad sirva de coartada para cercenar derechos y mermar libertades constitucionales. Frente al caos y el oprobio del terrorismo debe erigirse el Estado de Derecho que defiende la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos, sin menoscabo de su seguridad y bienestar.
Frente a las balas, la ley; frente al terror, la democracia; frente a la barbarie, la racionalidad y las convicciones. La seguridad al servicio de la libertad es la única manera de no perder esta guerra y de conservar lo que nos distingue: ser libres.
DANIEL GUERRERO
