La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha abonado un total de 880.236 euros a los colegios de abogados y procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al segundo trimestre de este año en la provincia de Córdoba.
De esta cantidad abonada, la mayor parte (778.770 euros) se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores han recibido un total de 101.465 euros. La Consejería de Justicia e Interior que dirige Emilio de Llera cumple así el acuerdo que se alcanzó con los consejos de colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía.
La Consejería de Justicia e Interior considera que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para el Gobierno andaluz, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica.
La Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.
La asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000) y de ella se beneficiaron en 2014 un total de 338.920 personas, con una inversión de la Junta que en ese año superó los 61 millones de euros.
El consejero Emilio de Llera siempre ha valorado el esfuerzo, implicación y profesionalidad de los abogados y procuradores en la prestación de un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía, a la vez que ha elogiado el clima de diálogo y acuerdo con los consejos andaluces de estos colegios profesionales para garantizar su prestación.
Mejoras del sistema
Con el fin de mejorar la asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado ‘Temisa’, que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos”.
Esta nueva tecnología, que se puso en marcha el pasado mes de octubre, permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel. Además, se ha instalado en la web de esta Consejería un simulador económico que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
En este simulador se hace una serie de preguntas para que el usuario pueda verificar si es beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar y los ingresos económicos que percibe.
De esta cantidad abonada, la mayor parte (778.770 euros) se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores han recibido un total de 101.465 euros. La Consejería de Justicia e Interior que dirige Emilio de Llera cumple así el acuerdo que se alcanzó con los consejos de colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía.
La Consejería de Justicia e Interior considera que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para el Gobierno andaluz, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica.
La Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.
La asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000) y de ella se beneficiaron en 2014 un total de 338.920 personas, con una inversión de la Junta que en ese año superó los 61 millones de euros.
El consejero Emilio de Llera siempre ha valorado el esfuerzo, implicación y profesionalidad de los abogados y procuradores en la prestación de un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía, a la vez que ha elogiado el clima de diálogo y acuerdo con los consejos andaluces de estos colegios profesionales para garantizar su prestación.
Mejoras del sistema
Con el fin de mejorar la asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado ‘Temisa’, que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos”.
Esta nueva tecnología, que se puso en marcha el pasado mes de octubre, permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel. Además, se ha instalado en la web de esta Consejería un simulador económico que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
En este simulador se hace una serie de preguntas para que el usuario pueda verificar si es beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar y los ingresos económicos que percibe.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO
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