El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha expresado esta semana el “rechazo unánime y petición de derogación” por parte de las diputaciones andaluzas de Jaén, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva y de la propia institución cordobesa de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Así lo ha señalado Ruiz en un encuentro de trabajo y coordinación mantenido con su homólogo de Jaén, Francisco Reyes; la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello; el vicepresidente de la institución provincial gaditana, Juan Carlos Ruiz; el presidente de la de Granada, José Entrena y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo.
Antonio Ruiz ha manifestado que “la Ley de Reforma de los ayuntamientos ni es racional ni es sostenible porque no se le puede pedir a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos, que sus principales problemas no son de nuestra incumbencia”.
“Cómo se puede pedir a los ayuntamientos que no solucionen el problema del empleo y que no articulen políticas y planes municipales, cómo se les puede decir que las políticas de igualdad de oportunidades son competencias impropias de ellos”, ha subrayado.
El presidente de la Diputación cordobesa ha hecho hincapié en el efecto de la ley en las políticas sociales, “desde las cuales se articulan respuestas a todas esas nuevas demandas que con motivo de la crisis las familias andaluzas tienen en relación a la pobreza energética y los nuevos riesgos de exclusión social”.
Ruiz ha reivindicado que “los ayuntamientos siempre hemos demandado que se nos dote de la suficiente financiación para poder atender todas las demandas de los vecinos porque, además, la Administración local sólo representa el 12% del gasto público y podemos atender muchas necesidades con muy pocos recursos”.
“Esta ley atenta y maniata la autonomía local y lo que hace es confundir a los ayuntamientos porque es tan difusa y ambigua que depende de la interpretación de interventores y secretarios en cada municipio”, ha destacado.
Pacto de Estado contra la violencia de género
Por otro lado, los máximos representantes de las diputaciones andaluzas reunidas en Córdoba han planteado la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género ante la situación actual, con más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año.
En este sentido, Antonio Ruiz ha indicado que “esta lacra y esta vergüenza social necesita algo más que nuestro compromiso, todos los grupos políticos manifestamos nuestra repulsa unánime ante la violencia machista pero hace falta algo más, dar un nuevo paso y hacer de esta cuestión un Pacto de Estado que conlleve no recortar fondos en materia de prevención y lucha, sino una campaña eficaz de prevención, de educación y formación entre los más jóvenes y políticas efectivas de ayuda a las víctimas”.
Finalmente, la reunión de coordinación ha servido para tratar cuestiones que afectan a todas las administraciones provinciales, como son la situación del olivar, la reforma de la PAC, las políticas de concertación con los municipios y diversas inversiones.
Así lo ha señalado Ruiz en un encuentro de trabajo y coordinación mantenido con su homólogo de Jaén, Francisco Reyes; la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello; el vicepresidente de la institución provincial gaditana, Juan Carlos Ruiz; el presidente de la de Granada, José Entrena y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo.
Antonio Ruiz ha manifestado que “la Ley de Reforma de los ayuntamientos ni es racional ni es sostenible porque no se le puede pedir a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos, que sus principales problemas no son de nuestra incumbencia”.
“Cómo se puede pedir a los ayuntamientos que no solucionen el problema del empleo y que no articulen políticas y planes municipales, cómo se les puede decir que las políticas de igualdad de oportunidades son competencias impropias de ellos”, ha subrayado.
El presidente de la Diputación cordobesa ha hecho hincapié en el efecto de la ley en las políticas sociales, “desde las cuales se articulan respuestas a todas esas nuevas demandas que con motivo de la crisis las familias andaluzas tienen en relación a la pobreza energética y los nuevos riesgos de exclusión social”.
Ruiz ha reivindicado que “los ayuntamientos siempre hemos demandado que se nos dote de la suficiente financiación para poder atender todas las demandas de los vecinos porque, además, la Administración local sólo representa el 12% del gasto público y podemos atender muchas necesidades con muy pocos recursos”.
“Esta ley atenta y maniata la autonomía local y lo que hace es confundir a los ayuntamientos porque es tan difusa y ambigua que depende de la interpretación de interventores y secretarios en cada municipio”, ha destacado.
Pacto de Estado contra la violencia de género
Por otro lado, los máximos representantes de las diputaciones andaluzas reunidas en Córdoba han planteado la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género ante la situación actual, con más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año.
En este sentido, Antonio Ruiz ha indicado que “esta lacra y esta vergüenza social necesita algo más que nuestro compromiso, todos los grupos políticos manifestamos nuestra repulsa unánime ante la violencia machista pero hace falta algo más, dar un nuevo paso y hacer de esta cuestión un Pacto de Estado que conlleve no recortar fondos en materia de prevención y lucha, sino una campaña eficaz de prevención, de educación y formación entre los más jóvenes y políticas efectivas de ayuda a las víctimas”.
Finalmente, la reunión de coordinación ha servido para tratar cuestiones que afectan a todas las administraciones provinciales, como son la situación del olivar, la reforma de la PAC, las políticas de concertación con los municipios y diversas inversiones.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
