A veces, cada vez con más frecuencia, empresas gigantes con apariencia sólida, enorme prestigio y líderes en su sector demuestran tener los pies de barro y se vienen abajo para sorpresa de propios y extraños. Es lo que ha pasado con Abengoa, un holding industrial sevillano dedicado a la ingeniería y las energías renovables que, de buenas a primeras, tras una concatenación de hechos desafortunados que han culminado con la huida del último socio (Gestamp) que podía aportar cierta liquidez financiera, se ha visto en la necesidad de presentar un preconcurso de acreedores.
Es decir, la empresa anuncia que tiene más deudas que ingresos por lo que, ante la posibilidad de quiebra, se acoge a una figura de la nueva Ley Concursal que le permite durante un plazo de tres meses, ampliable a cuatro, negociar con sus acreedores (bancos privados y públicos y proveedores) un acuerdo de refinanciación y/o la búsqueda de un nuevo socio que inyecte recursos para salvar la empresa y evitar el concurso definitivo de acreedores, es decir, declararse en quiebra y proceder al desguace para vender los restos más rentables de la empresa al mejor postor.
Una vez producida esta indeseable situación, todos los analistas económicos y empresariales se lanzan a elaborar sesudos estudios que explican a posteriori lo que nadie supo prever y descubrir las dificultades de financiación y una gestión cuestionable que fueron causa, según los expertos, de la asfixia de una Abengoa que, hasta ayer, era empresa puntera a nivel mundial en tecnología termosolar y orgullo industrial de Andalucía.
Hoy “explican” tales expertos, y evidencian las cuentas, que Abengoa tiene una deuda de 6.283 millones de euros y un pasivo total que supera los 27.000 millones de euros, cuando su cifra de negocio, en los tres primeros trimestres de este año, fue de 4.872 millones de euros. Y lo que es aún más grave: ha empujado a un sinvivir a un número de trabajadores que sólo en Sevilla supera las 2.000 personas y 28.000 más repartidos por España y el resto del mundo.
Todo un drama empresarial, económico y social para una región en la que el paro alcanza cotas de vergüenza y cuyo tejido industrial dista de ser el mínimo requerido para el desarrollo y modernización de la región. En ese contexto se produce el “tropiezo” de Abengoa.
Desde que en la década de los cuarenta del siglo pasado se fundara en Sevilla esta empresa, con la intención de fabricar contadores monofásicos para la entonces Compañía Sevillana de Electricidad, hasta hoy, en que desarrolla su negocio en los sectores de la energía y el medioambiente, posicionándose como líder mundial en la tecnología termosolar, Abengoa ha experimentado un crecimiento constante que le ha permitido convertirse en un holding que está presente en más de 80 países.
Reflejo de esa envergadura y complejidad industrial es su sede en Palmas Altas (Sevilla), obra del arquitecto británico Richard Rogers e inaugurado en 2009 como el primer parque tecnológico empresarial dedicado a la innovación de Andalucía y el mayor de carácter privado del sur de España, con una superficie de más de 42.000 metros cuadrados.
Perder, por los motivos que sean, una empresa así sería una desgracia desde el punto de vista económico, tecnológico, industrial, económico, laboral y hasta de imagen para España a escala internacional. Evidentemente, no se pueden soslayar los errores de gestión cometidos ni las posibles responsabilidades de su cúpula ejecutiva por la grave situación a la que han conducido a la empresa.
Pero tampoco se pueden ignorar lo que esta empresa pionera representa en el campo de las energías renovables, en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías medioambientales y para el empleo, por los miles de puestos de trabajo que genera, directa e indirectamente, en España y otros países, todo lo cual está abocado a desaparecer si no consigue refinanciar sus deudas.
Unas deudas que obedecen, en parte, a factores ajenos a la gestión de la empresa, como son el bajo precio coyuntural del petróleo, que desmotiva la inversión en energías renovables, al principio mucho más costosas aunque más respetuosas con el medio ambiente y más sostenibles que la convencional, y la drástica e inesperada reducción de la subvención estatal a las renovables, las denominadas primas de producción, que el Gobierno decidió recortar, sin establecer ningún período de adaptación, para controlar el “déficit de tarifa” eléctrica.
Aunque más del 80 por ciento del negocio de Abengoa se produce fuera de España, la compañía ha visto afectada su cuenta de resultados por estos motivos, máxime cuando la construcción y puesta en marcha de las centrales termosolares, por ejemplo, suponen inversiones iniciales muy cuantiosas y la recuperación de lo invertido es a largo plazo.
Para ello, necesita financiación externa. Y esa financiación la proporcionan los bancos de inversión industrial. De ahí que los principales acreedores de Abengoa sean los bancos de Santander, CaixaBank, Unicaja, Kutxa, BBVA y Bankia, entre la banca española, y el Federal Financing Bank (EE.UU), el Banco Nacional de Desenvolvimiento (Brasil), el HSBC (Suiza) y el francés Crédit Agrícole, entre otros.
Las obligaciones de pago por todos estos créditos son crecientes en el corto y medio plazo e inasumibles sin ingresos en cuantía suficiente para poder afrontarlos o sin la ayuda de un “socio” capitalista que invierta recursos financieros para asumir dicha deuda. Una situación extremadamente difícil que pone en cuestión el mantenimiento de los puestos de trabajo en una empresa que ya ha dejado de pagar a proveedores.
Los trabajadores temen por su estabilidad laboral y su futuro, transitando desde la incertidumbre y el malestar para acabar en la preocupación y la desconfianza ante una multinacional que era la envidia del sector y que, de súbito, está a punto de desaparecer. Desconfianza, sobre todo, porque desde la dirección de la multinacional no se informa a la plantilla y lo que se conoce procede de los medios de comunicación.
Si finalmente Abengoa no encuentra salida al concurso de acreedores, supondrá la mayor quiebra empresarial en la historia de España. Buscar alguna solución, desde la legalidad pero también con voluntad de intentar salvarla, debiera ser una prioridad nacional, no sólo por el número de puestos de trabajo que se destruirían, sino sobre todo por no perder la capacidad de liderazgo mundial en investigación tecnológica en energías renovables que esta empresa representa y a la que hasta el presidente de EE.UU. ha alabado.
El Gobierno debería asegurar las condiciones para que un negocio, en el que España marca el rumbo a nivel mundial, siga siendo viable y conquiste nuevos mercados. Las entidades financieras deberían posibilitar, con todos los controles que estimen convenientes, que la actividad de la empresa se mantenga a medio plazo hasta solventar las actuales dificultades. Y las exigencias de responsabilidad deberían circunscribirse quirúrgicamente a los principales causantes de las dificultades, obligando a cambios en la cúpula directiva y aplicando el código penal, si fuera el caso.
Ha de hacerse así porque la garantía del empleo pasa por la supervivencia de la empresa, y ésta descansa en la viabilidad de su negocio. Que el futuro de las energías depende del acceso a fuentes renovables y sostenibles no lo discute nadie, aún cuando coyunturalmente convenga apurar las producidas por procedimientos convencionales. Y una empresa pionera en ese sector con futuro garantizado es Abengoa.
Ayudarla a mantener la posición de liderazgo industrial que asegure la mayor rentabilidad, en beneficios, conocimientos y penetración sectorial, debería ser objetivo estatal: por la empresa, por el trabajo y por el prestigio del país, como hacen otros países con sus empresas más importantes y estratégicas. Porque no hay nada más estratégico para un país que asegurarse las fuentes de energía. No es cuestión de “regalar” dinero como a Bankia, sino de facilitar la viabilidad de una empresa viable. ¿La vamos a dejar hundir para que otros exploten la energía del sol? Mal negocio haríamos si lo permitiéramos.
Es decir, la empresa anuncia que tiene más deudas que ingresos por lo que, ante la posibilidad de quiebra, se acoge a una figura de la nueva Ley Concursal que le permite durante un plazo de tres meses, ampliable a cuatro, negociar con sus acreedores (bancos privados y públicos y proveedores) un acuerdo de refinanciación y/o la búsqueda de un nuevo socio que inyecte recursos para salvar la empresa y evitar el concurso definitivo de acreedores, es decir, declararse en quiebra y proceder al desguace para vender los restos más rentables de la empresa al mejor postor.
Una vez producida esta indeseable situación, todos los analistas económicos y empresariales se lanzan a elaborar sesudos estudios que explican a posteriori lo que nadie supo prever y descubrir las dificultades de financiación y una gestión cuestionable que fueron causa, según los expertos, de la asfixia de una Abengoa que, hasta ayer, era empresa puntera a nivel mundial en tecnología termosolar y orgullo industrial de Andalucía.
Hoy “explican” tales expertos, y evidencian las cuentas, que Abengoa tiene una deuda de 6.283 millones de euros y un pasivo total que supera los 27.000 millones de euros, cuando su cifra de negocio, en los tres primeros trimestres de este año, fue de 4.872 millones de euros. Y lo que es aún más grave: ha empujado a un sinvivir a un número de trabajadores que sólo en Sevilla supera las 2.000 personas y 28.000 más repartidos por España y el resto del mundo.
Todo un drama empresarial, económico y social para una región en la que el paro alcanza cotas de vergüenza y cuyo tejido industrial dista de ser el mínimo requerido para el desarrollo y modernización de la región. En ese contexto se produce el “tropiezo” de Abengoa.
Desde que en la década de los cuarenta del siglo pasado se fundara en Sevilla esta empresa, con la intención de fabricar contadores monofásicos para la entonces Compañía Sevillana de Electricidad, hasta hoy, en que desarrolla su negocio en los sectores de la energía y el medioambiente, posicionándose como líder mundial en la tecnología termosolar, Abengoa ha experimentado un crecimiento constante que le ha permitido convertirse en un holding que está presente en más de 80 países.
Reflejo de esa envergadura y complejidad industrial es su sede en Palmas Altas (Sevilla), obra del arquitecto británico Richard Rogers e inaugurado en 2009 como el primer parque tecnológico empresarial dedicado a la innovación de Andalucía y el mayor de carácter privado del sur de España, con una superficie de más de 42.000 metros cuadrados.
Perder, por los motivos que sean, una empresa así sería una desgracia desde el punto de vista económico, tecnológico, industrial, económico, laboral y hasta de imagen para España a escala internacional. Evidentemente, no se pueden soslayar los errores de gestión cometidos ni las posibles responsabilidades de su cúpula ejecutiva por la grave situación a la que han conducido a la empresa.
Pero tampoco se pueden ignorar lo que esta empresa pionera representa en el campo de las energías renovables, en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías medioambientales y para el empleo, por los miles de puestos de trabajo que genera, directa e indirectamente, en España y otros países, todo lo cual está abocado a desaparecer si no consigue refinanciar sus deudas.
Unas deudas que obedecen, en parte, a factores ajenos a la gestión de la empresa, como son el bajo precio coyuntural del petróleo, que desmotiva la inversión en energías renovables, al principio mucho más costosas aunque más respetuosas con el medio ambiente y más sostenibles que la convencional, y la drástica e inesperada reducción de la subvención estatal a las renovables, las denominadas primas de producción, que el Gobierno decidió recortar, sin establecer ningún período de adaptación, para controlar el “déficit de tarifa” eléctrica.
Aunque más del 80 por ciento del negocio de Abengoa se produce fuera de España, la compañía ha visto afectada su cuenta de resultados por estos motivos, máxime cuando la construcción y puesta en marcha de las centrales termosolares, por ejemplo, suponen inversiones iniciales muy cuantiosas y la recuperación de lo invertido es a largo plazo.
Para ello, necesita financiación externa. Y esa financiación la proporcionan los bancos de inversión industrial. De ahí que los principales acreedores de Abengoa sean los bancos de Santander, CaixaBank, Unicaja, Kutxa, BBVA y Bankia, entre la banca española, y el Federal Financing Bank (EE.UU), el Banco Nacional de Desenvolvimiento (Brasil), el HSBC (Suiza) y el francés Crédit Agrícole, entre otros.
Las obligaciones de pago por todos estos créditos son crecientes en el corto y medio plazo e inasumibles sin ingresos en cuantía suficiente para poder afrontarlos o sin la ayuda de un “socio” capitalista que invierta recursos financieros para asumir dicha deuda. Una situación extremadamente difícil que pone en cuestión el mantenimiento de los puestos de trabajo en una empresa que ya ha dejado de pagar a proveedores.
Los trabajadores temen por su estabilidad laboral y su futuro, transitando desde la incertidumbre y el malestar para acabar en la preocupación y la desconfianza ante una multinacional que era la envidia del sector y que, de súbito, está a punto de desaparecer. Desconfianza, sobre todo, porque desde la dirección de la multinacional no se informa a la plantilla y lo que se conoce procede de los medios de comunicación.
Si finalmente Abengoa no encuentra salida al concurso de acreedores, supondrá la mayor quiebra empresarial en la historia de España. Buscar alguna solución, desde la legalidad pero también con voluntad de intentar salvarla, debiera ser una prioridad nacional, no sólo por el número de puestos de trabajo que se destruirían, sino sobre todo por no perder la capacidad de liderazgo mundial en investigación tecnológica en energías renovables que esta empresa representa y a la que hasta el presidente de EE.UU. ha alabado.
El Gobierno debería asegurar las condiciones para que un negocio, en el que España marca el rumbo a nivel mundial, siga siendo viable y conquiste nuevos mercados. Las entidades financieras deberían posibilitar, con todos los controles que estimen convenientes, que la actividad de la empresa se mantenga a medio plazo hasta solventar las actuales dificultades. Y las exigencias de responsabilidad deberían circunscribirse quirúrgicamente a los principales causantes de las dificultades, obligando a cambios en la cúpula directiva y aplicando el código penal, si fuera el caso.
Ha de hacerse así porque la garantía del empleo pasa por la supervivencia de la empresa, y ésta descansa en la viabilidad de su negocio. Que el futuro de las energías depende del acceso a fuentes renovables y sostenibles no lo discute nadie, aún cuando coyunturalmente convenga apurar las producidas por procedimientos convencionales. Y una empresa pionera en ese sector con futuro garantizado es Abengoa.
Ayudarla a mantener la posición de liderazgo industrial que asegure la mayor rentabilidad, en beneficios, conocimientos y penetración sectorial, debería ser objetivo estatal: por la empresa, por el trabajo y por el prestigio del país, como hacen otros países con sus empresas más importantes y estratégicas. Porque no hay nada más estratégico para un país que asegurarse las fuentes de energía. No es cuestión de “regalar” dinero como a Bankia, sino de facilitar la viabilidad de una empresa viable. ¿La vamos a dejar hundir para que otros exploten la energía del sol? Mal negocio haríamos si lo permitiéramos.
DANIEL GUERRERO
