La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, han suscrito un convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios, que tiene por objetivo abordar de manera coordinada el problema de muchos ciudadanos que se encuentran inmersos en procedimientos de desalojo de su vivienda, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias.
El acuerdo permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla un Protocolo de Actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.
Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.
Para el desarrollo de estas actuaciones la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial. En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.
Desde la Consejería de Justicia e Interior se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación del convenio, a fomentar la colaboración con abogados y procuradores en esta materia, y a adoptar las medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.
Finalmente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias acuerda promover la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
Función Social de la Vivienda
Desde 2012, el Gobierno andaluz ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, siendo Andalucía la única comunidad autónoma española que ha paralizado desahucios en el parque público de viviendas propiedad de la Administración autonómica para evitar situaciones de exclusión social.
Andalucía cuenta con la legislación más avanzada de España para garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna. La comunidad andaluza fue pionera en 2013 con la Ley de Función Social de la Vivienda, que considera el acceso a la vivienda como un derecho social.
El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con una dotación de 700 millones de euros, facilitará el alquiler de 78.000 viviendas a un precio asequible y prevé la rehabilitación de cerca de 63.000 viviendas públicas y privadas.
El acuerdo permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla un Protocolo de Actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.
Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.
Para el desarrollo de estas actuaciones la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial. En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.
Desde la Consejería de Justicia e Interior se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación del convenio, a fomentar la colaboración con abogados y procuradores en esta materia, y a adoptar las medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.
Finalmente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias acuerda promover la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
Función Social de la Vivienda
Desde 2012, el Gobierno andaluz ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, siendo Andalucía la única comunidad autónoma española que ha paralizado desahucios en el parque público de viviendas propiedad de la Administración autonómica para evitar situaciones de exclusión social.
Andalucía cuenta con la legislación más avanzada de España para garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna. La comunidad andaluza fue pionera en 2013 con la Ley de Función Social de la Vivienda, que considera el acceso a la vivienda como un derecho social.
El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con una dotación de 700 millones de euros, facilitará el alquiler de 78.000 viviendas a un precio asequible y prevé la rehabilitación de cerca de 63.000 viviendas públicas y privadas.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
