Antes de nada, avisarte, anónimo lector, de que esta breve reflexión trata sobre política. Me veo en el deber de anunciarlo de antemano por si tienes algunos prejuicios sobre el tema, que yo también los tengo, y así estar los dos a la par, evitando ventajas de uno respecto a otro.
Dada la materia, el título elegido bien podría corresponder al de alguna pretenciosa tesis sobre ciencia política ideada por algún no menos pretencioso politólogo, de esos que ahora están vislumbrando ciertas salidas laborales a sus estudios universitarios, pues parece que la política ha entrado en ese mercado de consumo informativo que hasta el momento estaba reservado al papel cuché y a la prensa deportiva. Y es que, en política, la incoherencia está cargada de lógica.
Esta idea me asaltó hace poco, cuando leí la noticia de que ciertos líderes de un partido político que defiende en su programa electoral eliminar la figura del indulto, por considerarla una injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial, han emprendido una campaña de recogida de firmas para que el Gobierno indulte a un compañero de filas condenado a prisión por agredir a un concejal de un partido distinto al suyo, alegando que propinar patadas y puñetazos a un contrincante político es una forma legítima de ejercer la libertad de expresión. La lógica de los argumentos esgrimidos para tal petición era aplastante, al tiempo que compatible con su absoluta incoherencia.
Incoherencia como la contenida en la afirmación de que, en nuestra querida España, las elecciones las gana el partido que más votos recibe y que, por lo tanto, tal partido está legitimado para gobernar, aunque sea con un 23 por ciento de sufragios frente a un 77 por ciento de votos contrarios. Esta afirmación, además de incoherente es falsa de solemnidad, pues, según nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, las elecciones las gana el partido que logra sumar la mayoría suficiente de diputados, si hablamos del Parlamento, o de concejales cuando se habla de ayuntamientos. Ésta, y no otra, es la razón que explica la lógica de que el Partido Popular, después de las elecciones del pasado 20 de diciembre, se vea incapacitado para formar gobierno. En algún momento, el señor Rajoy tendrá que asumir que, según la vigente ley electoral, no ha ganado las últimas elecciones.
Pero, en este asunto de la política, la gran incoherencia cargada de lógica podría estar en el hecho de que los ciudadanos asumamos con total normalidad que, para ser gobernante, es decir, responsable, por ejemplo, de la sanidad, de la educación, de la seguridad, de la economía, del urbanismo o de las obras públicas de nuestro país, nuestra región o nuestro municipio, basta con ser político, o sea, tener una profesión para la que no se requiere titulación académica, no se precisa formación específica alguna ni tampoco acreditar capacidades concretas. Posiblemente, si en este país se exigiesen las mismas garantías profesionales para ejercer, por ejemplo, de cirujano, de instalador electricista o de auxiliar administrativo, el caos sería supino.
Al final, la lógica de que, en una democracia, el Parlamento ha de ser un fiel reflejo de la sociedad a la que representa, nos podría llevar a la incoherencia y al absurdo de tener que reservar la correspondiente cuota de escaños para evasores de impuestos, corruptos, malversadores de fondos públicos y un completo etcétera de ejemplos nada deseables de lo que, por desgracia, también está en nuestro tejido social. Quizá, lo coherente sería desear que en nuestro Parlamento esté representado solo lo que nos gustaría que fuese España, pero sospecho que muchos opondrían sus lógicas objeciones al respecto.
Querido lector, no quiero alargar más esta reflexión, poniendo a prueba tu paciencia y, lo que más me preocupa, arriesgándome a escribir más de lo debido e incurrir en lógicas incoherencias no deseadas. A partir de esta línea, continuar en la reflexión está, lógicamente, en tu mano.
Dada la materia, el título elegido bien podría corresponder al de alguna pretenciosa tesis sobre ciencia política ideada por algún no menos pretencioso politólogo, de esos que ahora están vislumbrando ciertas salidas laborales a sus estudios universitarios, pues parece que la política ha entrado en ese mercado de consumo informativo que hasta el momento estaba reservado al papel cuché y a la prensa deportiva. Y es que, en política, la incoherencia está cargada de lógica.
Esta idea me asaltó hace poco, cuando leí la noticia de que ciertos líderes de un partido político que defiende en su programa electoral eliminar la figura del indulto, por considerarla una injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial, han emprendido una campaña de recogida de firmas para que el Gobierno indulte a un compañero de filas condenado a prisión por agredir a un concejal de un partido distinto al suyo, alegando que propinar patadas y puñetazos a un contrincante político es una forma legítima de ejercer la libertad de expresión. La lógica de los argumentos esgrimidos para tal petición era aplastante, al tiempo que compatible con su absoluta incoherencia.
Incoherencia como la contenida en la afirmación de que, en nuestra querida España, las elecciones las gana el partido que más votos recibe y que, por lo tanto, tal partido está legitimado para gobernar, aunque sea con un 23 por ciento de sufragios frente a un 77 por ciento de votos contrarios. Esta afirmación, además de incoherente es falsa de solemnidad, pues, según nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, las elecciones las gana el partido que logra sumar la mayoría suficiente de diputados, si hablamos del Parlamento, o de concejales cuando se habla de ayuntamientos. Ésta, y no otra, es la razón que explica la lógica de que el Partido Popular, después de las elecciones del pasado 20 de diciembre, se vea incapacitado para formar gobierno. En algún momento, el señor Rajoy tendrá que asumir que, según la vigente ley electoral, no ha ganado las últimas elecciones.
Pero, en este asunto de la política, la gran incoherencia cargada de lógica podría estar en el hecho de que los ciudadanos asumamos con total normalidad que, para ser gobernante, es decir, responsable, por ejemplo, de la sanidad, de la educación, de la seguridad, de la economía, del urbanismo o de las obras públicas de nuestro país, nuestra región o nuestro municipio, basta con ser político, o sea, tener una profesión para la que no se requiere titulación académica, no se precisa formación específica alguna ni tampoco acreditar capacidades concretas. Posiblemente, si en este país se exigiesen las mismas garantías profesionales para ejercer, por ejemplo, de cirujano, de instalador electricista o de auxiliar administrativo, el caos sería supino.
Al final, la lógica de que, en una democracia, el Parlamento ha de ser un fiel reflejo de la sociedad a la que representa, nos podría llevar a la incoherencia y al absurdo de tener que reservar la correspondiente cuota de escaños para evasores de impuestos, corruptos, malversadores de fondos públicos y un completo etcétera de ejemplos nada deseables de lo que, por desgracia, también está en nuestro tejido social. Quizá, lo coherente sería desear que en nuestro Parlamento esté representado solo lo que nos gustaría que fuese España, pero sospecho que muchos opondrían sus lógicas objeciones al respecto.
Querido lector, no quiero alargar más esta reflexión, poniendo a prueba tu paciencia y, lo que más me preocupa, arriesgándome a escribir más de lo debido e incurrir en lógicas incoherencias no deseadas. A partir de esta línea, continuar en la reflexión está, lógicamente, en tu mano.
ANTONIO SALAS TEJADA
