La coalición valencianista Compromís presentó este martes una inteligente propuesta de gobierno plural y de cambio in extremis. Inocentemente, prometo que pensé que el sí del PSOE, a primera hora de la mañana, era sincero. Igual que pensé que Pedro Sánchez, al principio de las negociaciones, meses atrás, quería de verdad conformar un Gobierno progresista y que lucharía contra los dragones internos del PSOE que prefieren un acercamiento de su partido al PP, al estilo de las grandes coaliciones austriaca o alemana, que volver a los orígenes del PSOE.
De todos modos, gracias a la apuesta y puesta en escena de Compromís, de una inteligencia brutal, todo ha quedado en su sitio y se han mostrado las cartas verdaderas del PSOE. Los socialistas no quieren gobernar haciendo políticas de izquierdas y en gobiernos compartidos tal y como han hablado las urnas y está conformado el Congreso: 90 diputados del PSOE frente a 71 de Podemos, Compromís e Izquierda Unida.
La frase que responde al título de este artículo, expresada por Mónica Oltra en un arrebato de indignación, la pronunció el mismo martes el socialista Antonio Hernando: “Un Gobierno de socialistas con independientes”, dijo sabedor que decir “no” abiertamente es un pésimo titular para ganar esta partida de ajedrez que libramos desde diciembre y que ha consistido, en todo momento, en parecer que querían conformar un Gobierno pero sin sentarse a negociar políticas a favor de la gente sencilla.
El PSOE pretendía gobernar sólo con ministros de su partido, justo en el momento histórico en el que menos diputados tiene. La soberbia de la propuesta insulta a cualquier demócrata. La única compañía que no desagrada al PSOE, a tenor de lo expresado por los socialistas, es Ciudadanos: la derecha de toda la vida vestida de Armani que cree que aprobar el matrimonio igualitario convierte en menos reaccionario el despido libre.
El PSOE se encuentra atrapado entre la mucha gente sencilla que aún sigue votándole y el poderoso mundo del dinero que le ha hecho creer que es posible luchar contra la desigualdad sin poner en entredicho los privilegios de la bancocracia y las grandes fortunas.
No hablamos de luchar contra la corrupción o de abrir las instituciones a la transparencia, eso se da por hecho; de lo que se habla es de si salvar a la gente del acantilado de la desigualdad y la miseria por el que se despeña un tercio de la población española y si democratizamos la economía para que vuelva a ser una herramienta de los Estados para luchar contra la pobreza, la precariedad laboral y la injusticia lacerante que padecen las capas sociales más sencillas de nuestro país.
De las 30 medidas propuestas por Compromís en ese Acuerdo del Prado, el PSOE tenía objeciones a tres:
1) Cumplir con las cinco propuestas de la Plataforma Antidesahucios para frenar radicalmente los lanzamientos hipotecarios por causas sobrevenidas.
2) Derogar las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP).
3) Revisar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, aprobada por el PSOE con el PP en agosto de 2011 y que constitucionalizó el poder de los bancos sobre los derechos humanos y las necesidades vitales de los españoles.
Al PSOE se le ha terminado el tiempo. Se le terminó la posibilidad de decir que es de izquierdas y aprobar medidas económicas que van en contra de la gente sencilla. Este país no soporta ya más dolor social y necesita como el comer una opción que venga a defender lo que después de la Segunda Guerra Mundial defendían los partidos socialdemócratas: el Estado del Bienestar.
Aquellas políticas de viviendas y derechos laborales para todos, ayudas sociales para que no hubiera nadie sin nada, industrialización de la economía y mecanismos estatales para frenar el poder del mundo del dinero, capaz de aplastar a cualquier criatura sólo con mirarla. Medidas que son hoy de izquierda radical. No porque sean revolucionarias, sino porque el PSOE –y todos los partidos (ex) socialdemócratas europeos– han renunciado a defender a la gente sencilla.
Quizás lo que olvide el PSOE y que es el motivo por el que los socialistas griegos están ahora en el 4 por ciento de los votos, es que la socialdemocracia puede permitirse el lujo de renunciar a su gente, pero la gente no se puede permitir el lujo de renunciar a vivir mejor, con empleos de calidad y derechos, a conquistar espacios de igualdad para vivir en sociedades justas y a seguir votando a un PSOE insensible al sufrimiento social extremo que viven miles de personas a lo largo y ancho de la geografía española.
De todos modos, gracias a la apuesta y puesta en escena de Compromís, de una inteligencia brutal, todo ha quedado en su sitio y se han mostrado las cartas verdaderas del PSOE. Los socialistas no quieren gobernar haciendo políticas de izquierdas y en gobiernos compartidos tal y como han hablado las urnas y está conformado el Congreso: 90 diputados del PSOE frente a 71 de Podemos, Compromís e Izquierda Unida.
La frase que responde al título de este artículo, expresada por Mónica Oltra en un arrebato de indignación, la pronunció el mismo martes el socialista Antonio Hernando: “Un Gobierno de socialistas con independientes”, dijo sabedor que decir “no” abiertamente es un pésimo titular para ganar esta partida de ajedrez que libramos desde diciembre y que ha consistido, en todo momento, en parecer que querían conformar un Gobierno pero sin sentarse a negociar políticas a favor de la gente sencilla.
El PSOE pretendía gobernar sólo con ministros de su partido, justo en el momento histórico en el que menos diputados tiene. La soberbia de la propuesta insulta a cualquier demócrata. La única compañía que no desagrada al PSOE, a tenor de lo expresado por los socialistas, es Ciudadanos: la derecha de toda la vida vestida de Armani que cree que aprobar el matrimonio igualitario convierte en menos reaccionario el despido libre.
El PSOE se encuentra atrapado entre la mucha gente sencilla que aún sigue votándole y el poderoso mundo del dinero que le ha hecho creer que es posible luchar contra la desigualdad sin poner en entredicho los privilegios de la bancocracia y las grandes fortunas.
No hablamos de luchar contra la corrupción o de abrir las instituciones a la transparencia, eso se da por hecho; de lo que se habla es de si salvar a la gente del acantilado de la desigualdad y la miseria por el que se despeña un tercio de la población española y si democratizamos la economía para que vuelva a ser una herramienta de los Estados para luchar contra la pobreza, la precariedad laboral y la injusticia lacerante que padecen las capas sociales más sencillas de nuestro país.
De las 30 medidas propuestas por Compromís en ese Acuerdo del Prado, el PSOE tenía objeciones a tres:
1) Cumplir con las cinco propuestas de la Plataforma Antidesahucios para frenar radicalmente los lanzamientos hipotecarios por causas sobrevenidas.
2) Derogar las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP).
3) Revisar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, aprobada por el PSOE con el PP en agosto de 2011 y que constitucionalizó el poder de los bancos sobre los derechos humanos y las necesidades vitales de los españoles.
Al PSOE se le ha terminado el tiempo. Se le terminó la posibilidad de decir que es de izquierdas y aprobar medidas económicas que van en contra de la gente sencilla. Este país no soporta ya más dolor social y necesita como el comer una opción que venga a defender lo que después de la Segunda Guerra Mundial defendían los partidos socialdemócratas: el Estado del Bienestar.
Aquellas políticas de viviendas y derechos laborales para todos, ayudas sociales para que no hubiera nadie sin nada, industrialización de la economía y mecanismos estatales para frenar el poder del mundo del dinero, capaz de aplastar a cualquier criatura sólo con mirarla. Medidas que son hoy de izquierda radical. No porque sean revolucionarias, sino porque el PSOE –y todos los partidos (ex) socialdemócratas europeos– han renunciado a defender a la gente sencilla.
Quizás lo que olvide el PSOE y que es el motivo por el que los socialistas griegos están ahora en el 4 por ciento de los votos, es que la socialdemocracia puede permitirse el lujo de renunciar a su gente, pero la gente no se puede permitir el lujo de renunciar a vivir mejor, con empleos de calidad y derechos, a conquistar espacios de igualdad para vivir en sociedades justas y a seguir votando a un PSOE insensible al sufrimiento social extremo que viven miles de personas a lo largo y ancho de la geografía española.
RAÚL SOLÍS
