La nueva realidad política española, que ha mutado de un bipartidismo que alternaba mayorías para auparse al poder a un multipartidismo que ha fragmentado el Parlamento en minorías incapaces por sí solas de acceder siquiera a los aledaños del mismo, obliga a establecer pactos y acuerdos que posibiliten los apoyos suficientes para formar gobierno. El tiempo de los gobiernos monocolor, que imponían su santa voluntad y aplicaban el “rodillo” parlamentario sobre cualquier pretensión de la oposición por controlarlos, parece superado.
Ahora se abre otro en el que hay que negociar, escuchar, dialogar y pactar, aceptando puntos de vista ajenos y formas distintas de encarar los problemas, hasta converger en un acuerdo de mínimos que concite el refrendo de una mayoría suficiente para investir a un presidente de Gobierno. Es, por tanto, la hora de los pactos y las coaliciones, una forma de gobernar inédita en España y, por lo que se ve, con la que no estamos acostumbrados, dado la cantidad de vetos que se ponen unos a otros.
En principio, en un sistema parlamentario como el nuestro, todas combinaciones posibles que alcancen las formaciones que ocupan escaños en el Congreso para aglutinar una mayoría son legítimas, independientemente de las diferencias o afinidades ideológicas que puedan existir entre ellas.
La posibilidad de acuerdos entre los miembros del arco parlamentario no es infinita, pero sí diversa. Todo depende de la voluntad de formalizarlos. Y pertenece a la estrategia por conseguirlos o impedirlos la acusación de que unos pactos son más democráticos que otros, un infundio que persigue debilitar o favorecer las posibilidades de cada opción en función de intereses partidistas, no por escrúpulos ante una supuesta “calidad” democrática. De esta forma, de paso, se engaña a los ciudadanos para que apoyen o rechacen cualquier acuerdo que pueda estar fraguándose en la “cocina” de los partidos.
Lo que sí cabe distinguir entre pactos y coaliciones es la manera más o menos transparente de alcanzarlos, contando o no con el conocimiento de los que depositan su confianza en las urnas. Porque no es lo mismo pactar antes de unas elecciones que después de celebradas estas.
En el primer supuesto, se hace partícipe a los votantes de la existencia de un pacto o coalición para poder gobernar si así lo ratifican los ciudadanos con su voto, mientras que, en el segundo supuesto, el pacto se decide a espaldas de los votantes. Aunque ambos tipos de acuerdos son válidos, legales y legítimos, el primero es más transparente y respetuoso con la voluntad de los ciudadanos que el segundo.
En un caso, los votantes tienen conocimiento previo de las intenciones del partido al que dan su confianza, y en el otro, ignoran la utilidad que se dará a su papeleta por los acuerdos poselectorales que se acometan para poder formar gobierno. Hay que tener en cuenta que, si el único objetivo es el poder, cualquier medio legal para conquistarlo estará permitido.
Pero si lo que se busca es transformar la sociedad para que sean los ciudadanos y no los mercados o las élites los que decidan cómo convivir, no vale cualquier pacto, y menos aún con desconocimiento de los que votan. Por ello, no son bien vistos los pactos “contra natura” que, por otro lado, han sido relativamente habituales para desalojar a un adversario del sillón de mando en una alcaldía, una comunidad e, incluso, se plantean ahora también para investir a un presidente de Gobierno.
Es democrático alcanzar acuerdos que faciliten la acción de gobierno, pero es mucho más democrático formar una coalición que se presente a las elecciones y recabe el favor de los ciudadanos de manera abierta y transparente. Esta puede ser la gran diferencia que encontremos entre los comicios del pasado 20 de diciembre y su repetición en junio próximo.
Una diferencia sustancial que permitirá a los votantes decidir, con conocimiento de causa, su opción preferida y el destino y utilidad de su voto, evitando llevarse la sorpresa de que su confianza ha sido traicionada por pactos poselectorales que aúpan al poder a quien precisamente se quería alejar de él.
Claro que, también, las coaliciones pueden ser engendros tácticos, alimentados por un populismo que ambiciona exclusivamente el poder y no el interés general de la población. Es lo malo de la democracia: son los ciudadanos los que aportan las soluciones cuando votan. Por eso hay que desconfiar de los partidos y líderes que ofrecen respuestas providenciales a todos nuestros problemas, como la publicidad de cualquier producto: dice ser el mejor y más conveniente.
Ocultado por la propaganda, existen programas e ideologías que evidencian el propósito y la intención de cada formación política, el modelo económico y social que desean implantar, y los mecanismos y acciones con los que van a intentar llevarlo a cabo.
A la hora de votar, hay que pensárselo mucho para decidir si se prefiere pacto o coalición. En cualquier caso, siempre quedará defraudado. Nadie dispone de una varita mágica que arregle al gusto de todos nuestros asuntos. Así de rica y compleja es la democracia: usted decide.
Ahora se abre otro en el que hay que negociar, escuchar, dialogar y pactar, aceptando puntos de vista ajenos y formas distintas de encarar los problemas, hasta converger en un acuerdo de mínimos que concite el refrendo de una mayoría suficiente para investir a un presidente de Gobierno. Es, por tanto, la hora de los pactos y las coaliciones, una forma de gobernar inédita en España y, por lo que se ve, con la que no estamos acostumbrados, dado la cantidad de vetos que se ponen unos a otros.
En principio, en un sistema parlamentario como el nuestro, todas combinaciones posibles que alcancen las formaciones que ocupan escaños en el Congreso para aglutinar una mayoría son legítimas, independientemente de las diferencias o afinidades ideológicas que puedan existir entre ellas.
La posibilidad de acuerdos entre los miembros del arco parlamentario no es infinita, pero sí diversa. Todo depende de la voluntad de formalizarlos. Y pertenece a la estrategia por conseguirlos o impedirlos la acusación de que unos pactos son más democráticos que otros, un infundio que persigue debilitar o favorecer las posibilidades de cada opción en función de intereses partidistas, no por escrúpulos ante una supuesta “calidad” democrática. De esta forma, de paso, se engaña a los ciudadanos para que apoyen o rechacen cualquier acuerdo que pueda estar fraguándose en la “cocina” de los partidos.
Lo que sí cabe distinguir entre pactos y coaliciones es la manera más o menos transparente de alcanzarlos, contando o no con el conocimiento de los que depositan su confianza en las urnas. Porque no es lo mismo pactar antes de unas elecciones que después de celebradas estas.
En el primer supuesto, se hace partícipe a los votantes de la existencia de un pacto o coalición para poder gobernar si así lo ratifican los ciudadanos con su voto, mientras que, en el segundo supuesto, el pacto se decide a espaldas de los votantes. Aunque ambos tipos de acuerdos son válidos, legales y legítimos, el primero es más transparente y respetuoso con la voluntad de los ciudadanos que el segundo.
En un caso, los votantes tienen conocimiento previo de las intenciones del partido al que dan su confianza, y en el otro, ignoran la utilidad que se dará a su papeleta por los acuerdos poselectorales que se acometan para poder formar gobierno. Hay que tener en cuenta que, si el único objetivo es el poder, cualquier medio legal para conquistarlo estará permitido.
Pero si lo que se busca es transformar la sociedad para que sean los ciudadanos y no los mercados o las élites los que decidan cómo convivir, no vale cualquier pacto, y menos aún con desconocimiento de los que votan. Por ello, no son bien vistos los pactos “contra natura” que, por otro lado, han sido relativamente habituales para desalojar a un adversario del sillón de mando en una alcaldía, una comunidad e, incluso, se plantean ahora también para investir a un presidente de Gobierno.
Es democrático alcanzar acuerdos que faciliten la acción de gobierno, pero es mucho más democrático formar una coalición que se presente a las elecciones y recabe el favor de los ciudadanos de manera abierta y transparente. Esta puede ser la gran diferencia que encontremos entre los comicios del pasado 20 de diciembre y su repetición en junio próximo.
Una diferencia sustancial que permitirá a los votantes decidir, con conocimiento de causa, su opción preferida y el destino y utilidad de su voto, evitando llevarse la sorpresa de que su confianza ha sido traicionada por pactos poselectorales que aúpan al poder a quien precisamente se quería alejar de él.
Claro que, también, las coaliciones pueden ser engendros tácticos, alimentados por un populismo que ambiciona exclusivamente el poder y no el interés general de la población. Es lo malo de la democracia: son los ciudadanos los que aportan las soluciones cuando votan. Por eso hay que desconfiar de los partidos y líderes que ofrecen respuestas providenciales a todos nuestros problemas, como la publicidad de cualquier producto: dice ser el mejor y más conveniente.
Ocultado por la propaganda, existen programas e ideologías que evidencian el propósito y la intención de cada formación política, el modelo económico y social que desean implantar, y los mecanismos y acciones con los que van a intentar llevarlo a cabo.
A la hora de votar, hay que pensárselo mucho para decidir si se prefiere pacto o coalición. En cualquier caso, siempre quedará defraudado. Nadie dispone de una varita mágica que arregle al gusto de todos nuestros asuntos. Así de rica y compleja es la democracia: usted decide.
DANIEL GUERRERO
