Todos los partidos expresan su rechazo a unas terceras elecciones generales en España si ningún candidato consigue reunir la mayoría suficiente para formar Gobierno pero, al mismo tiempo, descartan tácitamente, sin especificar cómo, revalidar en el Ejecutivo al Partido Popular, formación que ha logrado la minoría mayoritaria, con 137 escaños, de un Congreso de 350 diputados.
Ambas posturas –impedir que gobierne el PP y descartar nuevas elecciones– son contradictorias: o se favorece siquiera indirectamente que Mariano Rajoy consiga la investidura o nos vemos abocados a acudir por tercera vez a las urnas, posibilidad indeseable donde las haya.
El país lleva medio año con un Gobierno en funciones que no puede tomar iniciativas y se limita a gestionar el día a día en la Administración del Estado, aplazando, por consiguiente, asuntos de una relevancia capital para los intereses nacionales.
Si hubiera que convocar nuevos comicios, no daría tiempo de elaborar ni tramitar, antes de finalizar el año, la ley más importante del país, la de los Presupuestos Generales del Estado, lo que obligaría, en unas circunstancias realmente difíciles, a prorrogar los actuales para el próximo curso.
Ello acarrearía la congelación del gasto (salarios de funcionarios, pensiones, etc.) y la parálisis de nuevas inversiones (obra pública, contratación de personal, etc.), todo lo cual afectaría negativamente a la incipiente recuperación que parece percibirse en nuestra economía.
Todas las formaciones políticas son conscientes del peligro que entrañan nuevas elecciones, de ahí esas constantes promesas de que harán lo posible por evitarlas. Pero, ¿cómo resolver la paradoja de no verse en la necesidad de nuevas elecciones y negar, simultáneamente, todo apoyo a la formación de Gobierno?
Los líderes de los partidos guardan sus cartas para la negociación que Rajoy ha de entablar necesariamente con todos y cada uno de ellos. El juego y los “faroles” que se marcan los jugadores no han hecho más que empezar.
Lo cierto es que la aritmética parlamentaria deja pocas opciones y todas son malas, por lo que no habría más remedio que adoptar y aceptar la menos mala de ellas. Lo lógico sería que el PP consiguiera el apoyo de las formaciones afines ideológicamente (Ciudadanos y partidos nacionalistas) para aglutinar una mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario o en coalición.
Pero si, tal como se plantea en el inicio de las conversaciones, sólo obtiene la abstención de Ciudadanos y el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, Mariano Rajoy no podrá ser presidente de Gobierno. Por otra parte, puede que, ofreciendo la luna y apurando hasta el infarto los tiempos, consiga sumar la abstención del PSOE a la de Ciudadanos, lo que posibilitaría al Partido Popular aglutinar una mayoría simple con la que formar un Gobierno en minoría y dependiente de acuerdos parlamentarios para cada iniciativa que pretenda impulsar.
Tal parece la única solución factible. Aunque no lo ha reconocido explícitamente aún, parece decidido que el PSOE se abstenga en la segunda votación de investidura del candidato conservador en vez de explorar algún acuerdo de Gobierno con Podemos, la formación emergente que le negó tal posibilidad en diciembre pasado.
En tal caso, actuaría con coherencia y responsabilidad, pero lo tendría que explicar pedagógicamente a sus votantes y rebatir constantemente la lluvia de críticas que recibirá desde la izquierda demagógica que ansía fagocitarlo. La responsabilidad de los partidos pasa en estos momentos por buscar la fórmula que evite una tercera repetición de las urnas.
Aparte de las consecuencias desastrosas ya apuntadas, nuevos comicios no harían más que retrasar y profundizar este embrollo, endosando a los ciudadanos una solución que no atiende a lo ya expresado en las urnas por dos veces consecutivas: fragmentación parlamentaria, hartazgo de la población, medible por la abstención, y parálisis institucional. Caldo de cultivo ideal para los populismos de derechas e izquierdas y motivo para una mayor desafección política de los ciudadanos.
Por si fuera poco, todo ello conllevaría que la democracia como sistema también acabara viéndose deteriorada por una situación que se produce, realmente, por la falta de entendimiento de las fuerzas políticas y su deplorable incapacidad para acatar la voluntad ratificada en las urnas de los ciudadanos.
Un deterioro en la calidad de nuestra democracia que se percibe sobre todo en un Parlamento que no puede controlar al Gobierno, como debía ser su función, por cuanto no hay gobierno que controlar, y en que el que continúa provisionalmente en funciones se niega a reconocer la legitimidad de un legislativo que no es el que lo ha investido. Esta confrontación entre poderes del Estado socava la credibilidad de la democracia y la confianza en las instituciones.
La actual situación de impasse brinda, de esta manera, munición a los enemigos del sistema, facilita las actitudes demagógicas y populistas de los que son expertos en pescar en río revuelto para asaltar el Estado de Derecho con fines espurios, e irradia incertidumbre a unos mercados y poderes económicos que aprovechan cualquier circunstancia para imponer nuevas restricciones que favorezcan sus ganancias. No queda, pues, más salida que formalizar de una vez un Gobierno que, aún en minoría, suponga estabilidad política y fijación del rumbo a seguir para los próximos años por nuestro país.
No son aconsejables, por tanto, nuevas elecciones ni necesariamente estamos abocados a ellas si los actores que han de resolver el asunto actúan con responsabilidad. Tienen que ponerse a negociar, pactar y acordar ese compromiso menos malo para España y los intereses de los españoles. Todo lo demás es monserga irresponsable que no se comprende en partidos, viejos o nuevos, que dicen perseguir el beneficio conjunto de los españoles y el bien común. Es hora de que lo demuestren de una vez.
Ambas posturas –impedir que gobierne el PP y descartar nuevas elecciones– son contradictorias: o se favorece siquiera indirectamente que Mariano Rajoy consiga la investidura o nos vemos abocados a acudir por tercera vez a las urnas, posibilidad indeseable donde las haya.
El país lleva medio año con un Gobierno en funciones que no puede tomar iniciativas y se limita a gestionar el día a día en la Administración del Estado, aplazando, por consiguiente, asuntos de una relevancia capital para los intereses nacionales.
Si hubiera que convocar nuevos comicios, no daría tiempo de elaborar ni tramitar, antes de finalizar el año, la ley más importante del país, la de los Presupuestos Generales del Estado, lo que obligaría, en unas circunstancias realmente difíciles, a prorrogar los actuales para el próximo curso.
Ello acarrearía la congelación del gasto (salarios de funcionarios, pensiones, etc.) y la parálisis de nuevas inversiones (obra pública, contratación de personal, etc.), todo lo cual afectaría negativamente a la incipiente recuperación que parece percibirse en nuestra economía.
Todas las formaciones políticas son conscientes del peligro que entrañan nuevas elecciones, de ahí esas constantes promesas de que harán lo posible por evitarlas. Pero, ¿cómo resolver la paradoja de no verse en la necesidad de nuevas elecciones y negar, simultáneamente, todo apoyo a la formación de Gobierno?
Los líderes de los partidos guardan sus cartas para la negociación que Rajoy ha de entablar necesariamente con todos y cada uno de ellos. El juego y los “faroles” que se marcan los jugadores no han hecho más que empezar.
Lo cierto es que la aritmética parlamentaria deja pocas opciones y todas son malas, por lo que no habría más remedio que adoptar y aceptar la menos mala de ellas. Lo lógico sería que el PP consiguiera el apoyo de las formaciones afines ideológicamente (Ciudadanos y partidos nacionalistas) para aglutinar una mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario o en coalición.
Pero si, tal como se plantea en el inicio de las conversaciones, sólo obtiene la abstención de Ciudadanos y el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, Mariano Rajoy no podrá ser presidente de Gobierno. Por otra parte, puede que, ofreciendo la luna y apurando hasta el infarto los tiempos, consiga sumar la abstención del PSOE a la de Ciudadanos, lo que posibilitaría al Partido Popular aglutinar una mayoría simple con la que formar un Gobierno en minoría y dependiente de acuerdos parlamentarios para cada iniciativa que pretenda impulsar.
Tal parece la única solución factible. Aunque no lo ha reconocido explícitamente aún, parece decidido que el PSOE se abstenga en la segunda votación de investidura del candidato conservador en vez de explorar algún acuerdo de Gobierno con Podemos, la formación emergente que le negó tal posibilidad en diciembre pasado.
En tal caso, actuaría con coherencia y responsabilidad, pero lo tendría que explicar pedagógicamente a sus votantes y rebatir constantemente la lluvia de críticas que recibirá desde la izquierda demagógica que ansía fagocitarlo. La responsabilidad de los partidos pasa en estos momentos por buscar la fórmula que evite una tercera repetición de las urnas.
Aparte de las consecuencias desastrosas ya apuntadas, nuevos comicios no harían más que retrasar y profundizar este embrollo, endosando a los ciudadanos una solución que no atiende a lo ya expresado en las urnas por dos veces consecutivas: fragmentación parlamentaria, hartazgo de la población, medible por la abstención, y parálisis institucional. Caldo de cultivo ideal para los populismos de derechas e izquierdas y motivo para una mayor desafección política de los ciudadanos.
Por si fuera poco, todo ello conllevaría que la democracia como sistema también acabara viéndose deteriorada por una situación que se produce, realmente, por la falta de entendimiento de las fuerzas políticas y su deplorable incapacidad para acatar la voluntad ratificada en las urnas de los ciudadanos.
Un deterioro en la calidad de nuestra democracia que se percibe sobre todo en un Parlamento que no puede controlar al Gobierno, como debía ser su función, por cuanto no hay gobierno que controlar, y en que el que continúa provisionalmente en funciones se niega a reconocer la legitimidad de un legislativo que no es el que lo ha investido. Esta confrontación entre poderes del Estado socava la credibilidad de la democracia y la confianza en las instituciones.
La actual situación de impasse brinda, de esta manera, munición a los enemigos del sistema, facilita las actitudes demagógicas y populistas de los que son expertos en pescar en río revuelto para asaltar el Estado de Derecho con fines espurios, e irradia incertidumbre a unos mercados y poderes económicos que aprovechan cualquier circunstancia para imponer nuevas restricciones que favorezcan sus ganancias. No queda, pues, más salida que formalizar de una vez un Gobierno que, aún en minoría, suponga estabilidad política y fijación del rumbo a seguir para los próximos años por nuestro país.
No son aconsejables, por tanto, nuevas elecciones ni necesariamente estamos abocados a ellas si los actores que han de resolver el asunto actúan con responsabilidad. Tienen que ponerse a negociar, pactar y acordar ese compromiso menos malo para España y los intereses de los españoles. Todo lo demás es monserga irresponsable que no se comprende en partidos, viejos o nuevos, que dicen perseguir el beneficio conjunto de los españoles y el bien común. Es hora de que lo demuestren de una vez.
DANIEL GUERRERO
