La vicepresidenta primera y delegada de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete, ha informado de los últimos acuerdos firmados por la Diputación de Córdoba con varios colectivos con el fin de dar continuidad a la actividad de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la institución provincial, creada “para prestar apoyo y asistencia a familias en riesgo de desahucio y, por tanto, en riesgo de exclusión social”.
Así se ha expresado Cañete, que ha anunciado que en el próximo Pleno del 13 de julio se aprobará la adenda al convenio suscrito con el Colegio de Abogados de Córdoba, un nuevo convenio con el Colegio de Abogados de Lucena, otro con la entidad BBK Cajasur y un cuarto con la asociación ANFANE (Asociación Nacional de Familias Necesitadas).
De este modo, ha detallado la vicepresidenta primera, “estos convenios vienen a culminar un proceso de negociación en defensa del derecho a la vivienda y, una vez aprobados, la Oficina contará con todas las herramientas a su alcance para prestar un asesoramiento integral en materia de vivienda e intermediación a los ciudadanos de la provincia”.
Gracias a estos acuerdos, ha explicado la responsable de Bienestar Social, “las familias podrán contar con el asesoramiento de abogados profesionales, la asistencia de una asociación que viene trabajando para garantizar los derechos básicos de las personas y, en última instancia, con un realojo provisional en algunas de las viviendas de las que ponga a disposición BBK Cajasur”.
Por otro lado, Felisa Cañete ha anunciado que “próximamente se firmará con los ayuntamientos que se han adherido al convenio de la Diputación para la asistencia supramunicipal en materia de vivienda”.
Cañete ha recordado que “la Oficina de Intermediación Hipotecaria es un compromiso de este equipo de Gobierno que desde el primer minuto ha sido consciente de esta realidad que desgraciadamente está ocurriendo en nuestro país. Por ello, desde su creación hemos estado realizando gestiones con el fin de prestar un adecuado asesoramiento a los ciudadanos y ciudadanas que lo demanden”.
Desde su puesta en funcionamiento la Oficina de Intermediación ha mediado en varios procedimientos de desahucio “con un resultado satisfactorio para las partes, quedando la vivienda a disposición de sus titulares con un alquiler social y asequible”, ha subrayado Cañete. En este sentido, la vicepresidenta primera ha animado a todos los cordobeses a solicitar los servicios de la oficina en cuestiones relativas a la vivienda.
“Entre todos podemos tratar de un modo integral el problema de la vivienda y defender este derecho universal para prevenir situaciones de exclusión social”, ha defendido.
Desde esta oficina se prestan servicios de prevención, informando a los ciudadanos en la adquisición de su vivienda y en la contratación de la hipoteca; de mediación, para informar sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas; y de protección, para realojar siempre que sea posible a personas o familias que hayan perdido su domicilio habitual.
Su actuación se centra en las personas empadronadas en los municipios de la provincia, preferentemente de menos de 20.000 habitantes, siempre y cuando las viviendas se encuentren igualmente ubicadas en algún pueblo de la provincia, de trate de la única vivienda de que dispongan las familias afectadas y existan dificultades ciertas para el pago de la cuota de préstamo y/o alquiler.
Así se ha expresado Cañete, que ha anunciado que en el próximo Pleno del 13 de julio se aprobará la adenda al convenio suscrito con el Colegio de Abogados de Córdoba, un nuevo convenio con el Colegio de Abogados de Lucena, otro con la entidad BBK Cajasur y un cuarto con la asociación ANFANE (Asociación Nacional de Familias Necesitadas).
De este modo, ha detallado la vicepresidenta primera, “estos convenios vienen a culminar un proceso de negociación en defensa del derecho a la vivienda y, una vez aprobados, la Oficina contará con todas las herramientas a su alcance para prestar un asesoramiento integral en materia de vivienda e intermediación a los ciudadanos de la provincia”.
Gracias a estos acuerdos, ha explicado la responsable de Bienestar Social, “las familias podrán contar con el asesoramiento de abogados profesionales, la asistencia de una asociación que viene trabajando para garantizar los derechos básicos de las personas y, en última instancia, con un realojo provisional en algunas de las viviendas de las que ponga a disposición BBK Cajasur”.
Por otro lado, Felisa Cañete ha anunciado que “próximamente se firmará con los ayuntamientos que se han adherido al convenio de la Diputación para la asistencia supramunicipal en materia de vivienda”.
Cañete ha recordado que “la Oficina de Intermediación Hipotecaria es un compromiso de este equipo de Gobierno que desde el primer minuto ha sido consciente de esta realidad que desgraciadamente está ocurriendo en nuestro país. Por ello, desde su creación hemos estado realizando gestiones con el fin de prestar un adecuado asesoramiento a los ciudadanos y ciudadanas que lo demanden”.
Desde su puesta en funcionamiento la Oficina de Intermediación ha mediado en varios procedimientos de desahucio “con un resultado satisfactorio para las partes, quedando la vivienda a disposición de sus titulares con un alquiler social y asequible”, ha subrayado Cañete. En este sentido, la vicepresidenta primera ha animado a todos los cordobeses a solicitar los servicios de la oficina en cuestiones relativas a la vivienda.
“Entre todos podemos tratar de un modo integral el problema de la vivienda y defender este derecho universal para prevenir situaciones de exclusión social”, ha defendido.
Desde esta oficina se prestan servicios de prevención, informando a los ciudadanos en la adquisición de su vivienda y en la contratación de la hipoteca; de mediación, para informar sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas; y de protección, para realojar siempre que sea posible a personas o familias que hayan perdido su domicilio habitual.
Su actuación se centra en las personas empadronadas en los municipios de la provincia, preferentemente de menos de 20.000 habitantes, siempre y cuando las viviendas se encuentren igualmente ubicadas en algún pueblo de la provincia, de trate de la única vivienda de que dispongan las familias afectadas y existan dificultades ciertas para el pago de la cuota de préstamo y/o alquiler.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
