La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución por la que hace público el listado de adjudicatarios de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para 2016, según el reparto realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De esta forma se permite el acceso a este cultivo a nuevos agricultores, así como la ampliación de superficie para aquellos que así lo hayan solicitado.
Según recoge el BOJA, en esta adjudicación, de la que se han beneficiado 26 viticultores, a los jóvenes agricultores se les ha concedido el cien por cien de lo solicitado, mientras que al resto de peticionarios se les ha adjudicado un 53,01 por ciento.
Estas autorizaciones son gratuitas para los adjudicatarios, que tendrán un plazo de tres años para realizar la plantación de viñedo, debiendo cumplir lo establecido en la citada resolución, así como en la Orden de 20 de mayo de 2016 por la que se regulan determinados aspectos sobre el potencial vitícola.
Este nuevo sistema de reparto de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo surge como consecuencia del Reglamento europeo 1308/2013 de 17 de noviembre. A partir del 1 de enero de este año ha entrado en vigor el nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo, con el que desaparecen las Reservas Regionales de derechos de viñedo y las transferencias de derechos entre agricultores.
De esta forma, a partir de esa fecha el acceso a nuevas plantaciones sólo se podrá realizar mediante una solicitud a la oferta que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realice cada año. El límite máximo es de uno por ciento de la superficie de viñedo nacional calculada sobre el potencial nacional de viñedo de la campaña anterior al de la publicación.
Para el año 2016 la superficie ofertada por el Ministerio ha sido de un 0,43 por ciento de la superficie plantada a 31 de julio de 2015, lo que equivale a 4.173 hectáreas, no estando el territorio andaluz afectado por ninguna limitación adicional.
El reparto de esta superficie se realiza entre todos los solicitantes a nivel nacional, correspondiendo a las comunidades autónomas la baremación de las solicitudes que incluyan superficies ubicadas en su territorio, siempre bajo unos criterios mínimos de elegibilidad y de prioridad comunes a aplicar entre los solicitantes, descritos en la normativa de aplicación.
Según recoge el BOJA, en esta adjudicación, de la que se han beneficiado 26 viticultores, a los jóvenes agricultores se les ha concedido el cien por cien de lo solicitado, mientras que al resto de peticionarios se les ha adjudicado un 53,01 por ciento.
Estas autorizaciones son gratuitas para los adjudicatarios, que tendrán un plazo de tres años para realizar la plantación de viñedo, debiendo cumplir lo establecido en la citada resolución, así como en la Orden de 20 de mayo de 2016 por la que se regulan determinados aspectos sobre el potencial vitícola.
Este nuevo sistema de reparto de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo surge como consecuencia del Reglamento europeo 1308/2013 de 17 de noviembre. A partir del 1 de enero de este año ha entrado en vigor el nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo, con el que desaparecen las Reservas Regionales de derechos de viñedo y las transferencias de derechos entre agricultores.
De esta forma, a partir de esa fecha el acceso a nuevas plantaciones sólo se podrá realizar mediante una solicitud a la oferta que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realice cada año. El límite máximo es de uno por ciento de la superficie de viñedo nacional calculada sobre el potencial nacional de viñedo de la campaña anterior al de la publicación.
Para el año 2016 la superficie ofertada por el Ministerio ha sido de un 0,43 por ciento de la superficie plantada a 31 de julio de 2015, lo que equivale a 4.173 hectáreas, no estando el territorio andaluz afectado por ninguna limitación adicional.
El reparto de esta superficie se realiza entre todos los solicitantes a nivel nacional, correspondiendo a las comunidades autónomas la baremación de las solicitudes que incluyan superficies ubicadas en su territorio, siempre bajo unos criterios mínimos de elegibilidad y de prioridad comunes a aplicar entre los solicitantes, descritos en la normativa de aplicación.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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