El nombre de Montemayor se encuentra indisolublemente unido al de su castillo, construido hacia 1340 durante el proceso de repoblación de la villa. Un monumento portentoso, que representa uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar de la provincia pero que, sin embargo, se encuentra al margen del municipio al que parece resguardar desde su atalaya del Monte Ulia.
En efecto, las relaciones entre el municipio cordobés –representado por su Ayuntamiento– y la Casa Ducal de Frías –su propietaria– no han sido precisamente fluidas en las últimas décadas, lo que ha impedido a la inmensa mayoría de sus vecinos traspasar las imponentes murallas que lo protegen.
Uno de los episodios más difíciles que se recuerdan en las últimas décadas en la localidad de la Campiña Sur fue el polémico traslado del Archivo Ducal de Frías –el tercero de carácter privado más importante de España, después de los de las casas de Medinaceli y de Alba–.
“Nosotros entendíamos –y seguimos viéndolo así– que se trataba de un patrimonio de Montemayor”, recuerda a Montemayor Digital el entonces concejal de Cultura del Ayuntamiento, Antonio García, que vivió con angustia la decisión adoptada por María Concepción Silva de Arloz y Aragón, duquesa de Frías, de ceder sus valiosos fondos al Archivo Histórico Nacional como pago a Hacienda por los derechos reales de una sucesión testamentaria.
“La noticia la conocimos en 1988 por boca de Gregorio López Martínez, gobernador civil de Córdoba, quien después de anunciarnos la concesión de un vehículo para la Policía Local, que no teníamos, nos informó de las intenciones de la duquesa”, rememora Antonio García que, años más tarde, llegaría a ser alcalde de la localidad durante tres mandatos consecutivos.
A partir de ese momento, Montemayor se movilizó para impedir que los fondos del archivo –entre los que destacaban las Capitulaciones de Santa Fe suscritas por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón o el acta original de la Paz de Westfalia– abandonasen el pueblo con destino a Madrid y, posteriormente, a Toledo.
La lucha sin cuartel que libraron los vecinos del pueblo, que llegó al Parlamento de Andalucía de la mano del dirigente comunista Ernesto Caballero, no surtió finalmente efectos. Y es que, pese a haber logrado en primera instancia que la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura suspendiera el traslado tras la celebración de un pleno extraordinario y de urgencia, la mayor parte de los documentos terminaron abandonando la fortaleza para siempre. Y de noche, como en las peores pesadillas.
“Siempre quisimos que el archivo no hubiera salido de Andalucía pero, finalmente, no fue posible”, se lamenta García, padre del actual alcalde, quien ha tomado el testigo para que los vecinos “puedan entrar a su castillo”. Precisamente por este motivo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha de una plataforma ciudadana para reivindicar que los vecinos puedan visitar una parte de la fortaleza.
Los motivos que esgrime el Ayuntamiento no son simplemente sentimentales sino que, también, cuentan con un componente económico. “La apertura al público de una parte del castillo daría un impulso económico al pueblo muy importante en los tiempos que corren”, subrayó el actual regidor, quien hizo hincapié en que “los vecinos de Montemayor sienten el castillo como suyo y merecen poder visitarlo”.
Sin embargo, las relaciones no son fluidas con la actual propietaria de la fortaleza, María Concepción Silva de Azlor y Aragón, que reside habitualmente en Madrid y que acude de manera esporádica a su impresionante residencia de la Campiña Sur cordobesa. “La dueña del castillo se niega a hablar conmigo”, aseguró Antonio García López.
“El día que tomé posesión como alcalde, lo primero que hice fue solicitarle una reunión por escrito y ella la rechazó porque supuso de lo que le quería hablar”, añadió el alcalde de Montemayor, quien relató que “incluso me advirtió que, si seguía insistiendo, me encontraría con sus servicios jurídicos”.
Según el primer edil montemayorense, el principal escollo al que se enfrenta el Ayuntamiento, junto a la “postura intransigente” de la propietaria, es una dispensa concedida en el año 2010 por parte de la Junta de Andalucía a María Concepción Silva de Azlor, que la habilita para mantener el castillo cerrado al público pese a tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).
“Es precisamente esa dispensa que, según parece, no tiene fecha de caducidad, la que nos impide acceder al castillo, ya que no se dejó ninguna puerta abierta para poderla revisar”, aclaró Antonio García, quien recordó que su equipo de gobierno, tras varias reuniones con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y con la propia Consejería, solicitó a la Administración autonómica que revisara y revocara dicha dispensa.
Y es que son muchos los vecinos de Montemayor que entienden que esta autorización concedida a la propietaria de la fortaleza por parte del Gobierno andaluz impide, de facto, el acceso a un elemento relevante del patrimonio histórico y supone, para algunos, la "privatización efectiva" de un Bien de Interés Cultural.
En efecto, las relaciones entre el municipio cordobés –representado por su Ayuntamiento– y la Casa Ducal de Frías –su propietaria– no han sido precisamente fluidas en las últimas décadas, lo que ha impedido a la inmensa mayoría de sus vecinos traspasar las imponentes murallas que lo protegen.
Uno de los episodios más difíciles que se recuerdan en las últimas décadas en la localidad de la Campiña Sur fue el polémico traslado del Archivo Ducal de Frías –el tercero de carácter privado más importante de España, después de los de las casas de Medinaceli y de Alba–.
“Nosotros entendíamos –y seguimos viéndolo así– que se trataba de un patrimonio de Montemayor”, recuerda a Montemayor Digital el entonces concejal de Cultura del Ayuntamiento, Antonio García, que vivió con angustia la decisión adoptada por María Concepción Silva de Arloz y Aragón, duquesa de Frías, de ceder sus valiosos fondos al Archivo Histórico Nacional como pago a Hacienda por los derechos reales de una sucesión testamentaria.
“La noticia la conocimos en 1988 por boca de Gregorio López Martínez, gobernador civil de Córdoba, quien después de anunciarnos la concesión de un vehículo para la Policía Local, que no teníamos, nos informó de las intenciones de la duquesa”, rememora Antonio García que, años más tarde, llegaría a ser alcalde de la localidad durante tres mandatos consecutivos.
A partir de ese momento, Montemayor se movilizó para impedir que los fondos del archivo –entre los que destacaban las Capitulaciones de Santa Fe suscritas por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón o el acta original de la Paz de Westfalia– abandonasen el pueblo con destino a Madrid y, posteriormente, a Toledo.
La lucha sin cuartel que libraron los vecinos del pueblo, que llegó al Parlamento de Andalucía de la mano del dirigente comunista Ernesto Caballero, no surtió finalmente efectos. Y es que, pese a haber logrado en primera instancia que la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura suspendiera el traslado tras la celebración de un pleno extraordinario y de urgencia, la mayor parte de los documentos terminaron abandonando la fortaleza para siempre. Y de noche, como en las peores pesadillas.
“Siempre quisimos que el archivo no hubiera salido de Andalucía pero, finalmente, no fue posible”, se lamenta García, padre del actual alcalde, quien ha tomado el testigo para que los vecinos “puedan entrar a su castillo”. Precisamente por este motivo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha de una plataforma ciudadana para reivindicar que los vecinos puedan visitar una parte de la fortaleza.
Los motivos que esgrime el Ayuntamiento no son simplemente sentimentales sino que, también, cuentan con un componente económico. “La apertura al público de una parte del castillo daría un impulso económico al pueblo muy importante en los tiempos que corren”, subrayó el actual regidor, quien hizo hincapié en que “los vecinos de Montemayor sienten el castillo como suyo y merecen poder visitarlo”.
Sin embargo, las relaciones no son fluidas con la actual propietaria de la fortaleza, María Concepción Silva de Azlor y Aragón, que reside habitualmente en Madrid y que acude de manera esporádica a su impresionante residencia de la Campiña Sur cordobesa. “La dueña del castillo se niega a hablar conmigo”, aseguró Antonio García López.
“El día que tomé posesión como alcalde, lo primero que hice fue solicitarle una reunión por escrito y ella la rechazó porque supuso de lo que le quería hablar”, añadió el alcalde de Montemayor, quien relató que “incluso me advirtió que, si seguía insistiendo, me encontraría con sus servicios jurídicos”.
Según el primer edil montemayorense, el principal escollo al que se enfrenta el Ayuntamiento, junto a la “postura intransigente” de la propietaria, es una dispensa concedida en el año 2010 por parte de la Junta de Andalucía a María Concepción Silva de Azlor, que la habilita para mantener el castillo cerrado al público pese a tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).
“Es precisamente esa dispensa que, según parece, no tiene fecha de caducidad, la que nos impide acceder al castillo, ya que no se dejó ninguna puerta abierta para poderla revisar”, aclaró Antonio García, quien recordó que su equipo de gobierno, tras varias reuniones con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y con la propia Consejería, solicitó a la Administración autonómica que revisara y revocara dicha dispensa.
Y es que son muchos los vecinos de Montemayor que entienden que esta autorización concedida a la propietaria de la fortaleza por parte del Gobierno andaluz impide, de facto, el acceso a un elemento relevante del patrimonio histórico y supone, para algunos, la "privatización efectiva" de un Bien de Interés Cultural.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
