Siempre me ha parecido un abuso de autoridad mentalizar a los niños con las creencias religiosas de sus padres a través del bautismo y la Primera Comunión sin que ellos sean conscientes, dada la edad y su inocencia, a lo que se comprometen con esos rituales en apariencia sociales, festivos e inofensivos.
Están siendo obligados, mediante el adoctrinamiento ritual desde que nacen y antes de que alcancen la mayoría de edad, a adoptar las creencias religiosas de sus progenitores, en las que es fácil entrar, incluso sin solicitarlo ni quererlo, pero muy difícil salir, ya que el proceso de apostasía es sumamente complejo y está estigmatizado socialmente. Se soslayan, de esta forma, los derechos del niño con tal de ganar adeptos, con la bendición del poder eclesial y el apoyo legal del Estado y del poder judicial.
Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido con una niña de la Comunidad Balear, a la que una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha obligado a hacer la Primera Comunión en contra de su voluntad pero de acuerdo con el criterio de su padre, que estaba empeñado en ello.
Se trata de un caso extremo que ha llegado a los juzgados por la discrepancia suscitada en el seno familiar entre los deseos de la niña, secundada por su madre, y los contrarios del padre, quien hizo valer su patria potestad con ayuda de la justicia.
Según la sentencia, nada salomónica, dado que los padres (divorciados) se habían casado por la Iglesia y habían bautizado a la menor, resultaba coherente que la niña, hija de creyentes, comulgara con tales creencias, a pesar de su negativa a celebrar ese rito religioso.
La coherencia valorada por el juez se impone a una menor, obviando sus derechos, pero no a unos adultos que incumplen, cuando les conviene, los dogmas de la religión que dicen profesar al romper el “indisoluble lazo del matrimonio” católico. Ejercen una coherencia “descafeinada”.
Lo grave del asunto es que un juez, presumiblemente católico, refrenda judicialmente el capricho del padre porque la ley garantiza el derecho que asiste a los padres para decidir la formación religiosa y moral de sus hijos. Del derecho de la madre y de la propia hija no dice nada ni se tiene en cuenta.
Ese derecho de los padres a que sus hijos reciban los sacramentos colisiona con la libertad del niño para creer o no creer en lo que quiera en virtud de su “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” que reconoce la Convención de los Derechos del Niño.
No parece justo, por tanto, que ante la voluntad expresa del menor de no celebrar el sacramento iniciático de la primera comunión, se le haya impuesto una decisión, en este caso judicial, que contraviene sus deseos, máxime cuando tal rito obedece a una estrategia de adoctrinamiento que la Iglesia Católica aplica en connivencia con el propio Estado y otros poderes civiles.
Porque es la Iglesia Católica la que intenta moldear la mente –un papel en blanco- de los niños con un adoctrinamiento que se inocula desde la infancia y la juventud mediante ritos de paso formales que buscan su arraigo, reforzados por la tradición y la cultura, en la mentalidad del adulto. Se trata de una carrera entre la razón y la fe con el propósito de que la creencia desplace al raciocinio antes de que éste aparezca.
Por eso, si no se respeta la voluntad del niño, por ser menor y no tener criterio, para negarse a celebrar la primera comunión, tampoco, por el mismo motivo, debería obligársele asumir un compromiso iniciático que persigue conquistar sus mentes antes de que se planteen ideas racionales que cuestionen los dogmas religiosos.
Y el Estado, ante los intereses particulares de la Iglesia y los generales de los ciudadanos, debería siempre amparar y proteger los segundos, desvinculándose de la labor proselitista y adoctrinadora que practica la Iglesia.
Sin embargo, en España el Estado no es neutral y mucho menos laico, en contra de lo que proclama la Constitución. El Estado español reconoce una preponderancia a la Iglesia Católica que se traduce en privilegios y libertades para la manipulación de esas criaturas maleables que son los niños.
Fomenta y hasta facilita económicamente el adoctrinamiento continuado de las personas que practica la Iglesia a través del bautismo del infante, la primera comunión del niño, la confirmación del adolescente, el matrimonio del adulto y hasta la extremaunción del que muere, sin olvidar las misas, cultos y demás ceremonias que tratan de reafirmar los preceptos religiosos –católicos, por supuesto- dominantes en la sociedad.
Esta contribución activa del Estado en el fomento del catolicismo se hace descaradamente evidente en la presencia de la signatura de religión en la educación, no como parte de una historia del pensamiento filosófico del hombre, sino con la finalidad catequética de señalar determinados valores morales a los que el niño ha de adherirse y las sendas predeterminadas que han de seguir para orientar su comportamiento.
Es decir, no sólo se le tolera a la Iglesia que practique el adoctrinamiento de sus fieles a través de los ritos que celebra como entidad religiosa, sino que el Estado le permite que utilice la educación pública para sembrar su ideario excluyente y manipulador. Un privilegio aún más hiriente cuando un Gobierno sectario, afín al catolicismo, prefirió eliminar la asignatura Educación para la ciudadanía, que perseguía promover valores cívicos de tolerancia, justicia, pluralismo y libertad sobre los que descansan los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, para sustituirla por la asignatura de religión con valor académico en el currículo escolar.
Que este peso asfixiante de la religión católica en la sociedad española y en la vida de los ciudadanos, desde su más tierna infancia, no haya sido suficiente para que una niña decidiera no sucumbir a ceremonias que, tras su aparente e intencionada vertiente “festiva”, son meros instrumentos de proselitismo y adoctrinamiento, es algo digno de encomio que resalta su capacidad crítica, mucho más racional que la de su padre.
Un hecho que pone de relieve, además, la intromisión de la Justicia, como uno de los poderes del Estado, en asuntos que debieran solventarse en la privacidad de las creencias individuales, sin menoscabo de los derechos y libertades que asisten a las personas, sean niños o adultos.
Todo ello evidencia la necesidad de que el Estado sea realmente laico, no sólo “aconfesional”, para que no favorezca con privilegios a ninguna confesión religiosa y deje que las creencias respetables de los ciudadanos se circunscriban al ámbito íntimo e individual de cada uno de ellos.
Y, sobre todo, que no participe en la manipulación y adoctrinamiento de los niños para que, cuando sean adultos, se conviertan en personas libres, racionales y responsables. Un Estado que no reconozca ningún derecho de adoctrinar.
Están siendo obligados, mediante el adoctrinamiento ritual desde que nacen y antes de que alcancen la mayoría de edad, a adoptar las creencias religiosas de sus progenitores, en las que es fácil entrar, incluso sin solicitarlo ni quererlo, pero muy difícil salir, ya que el proceso de apostasía es sumamente complejo y está estigmatizado socialmente. Se soslayan, de esta forma, los derechos del niño con tal de ganar adeptos, con la bendición del poder eclesial y el apoyo legal del Estado y del poder judicial.
Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido con una niña de la Comunidad Balear, a la que una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha obligado a hacer la Primera Comunión en contra de su voluntad pero de acuerdo con el criterio de su padre, que estaba empeñado en ello.
Se trata de un caso extremo que ha llegado a los juzgados por la discrepancia suscitada en el seno familiar entre los deseos de la niña, secundada por su madre, y los contrarios del padre, quien hizo valer su patria potestad con ayuda de la justicia.
Según la sentencia, nada salomónica, dado que los padres (divorciados) se habían casado por la Iglesia y habían bautizado a la menor, resultaba coherente que la niña, hija de creyentes, comulgara con tales creencias, a pesar de su negativa a celebrar ese rito religioso.
La coherencia valorada por el juez se impone a una menor, obviando sus derechos, pero no a unos adultos que incumplen, cuando les conviene, los dogmas de la religión que dicen profesar al romper el “indisoluble lazo del matrimonio” católico. Ejercen una coherencia “descafeinada”.
Lo grave del asunto es que un juez, presumiblemente católico, refrenda judicialmente el capricho del padre porque la ley garantiza el derecho que asiste a los padres para decidir la formación religiosa y moral de sus hijos. Del derecho de la madre y de la propia hija no dice nada ni se tiene en cuenta.
Ese derecho de los padres a que sus hijos reciban los sacramentos colisiona con la libertad del niño para creer o no creer en lo que quiera en virtud de su “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” que reconoce la Convención de los Derechos del Niño.
No parece justo, por tanto, que ante la voluntad expresa del menor de no celebrar el sacramento iniciático de la primera comunión, se le haya impuesto una decisión, en este caso judicial, que contraviene sus deseos, máxime cuando tal rito obedece a una estrategia de adoctrinamiento que la Iglesia Católica aplica en connivencia con el propio Estado y otros poderes civiles.
Porque es la Iglesia Católica la que intenta moldear la mente –un papel en blanco- de los niños con un adoctrinamiento que se inocula desde la infancia y la juventud mediante ritos de paso formales que buscan su arraigo, reforzados por la tradición y la cultura, en la mentalidad del adulto. Se trata de una carrera entre la razón y la fe con el propósito de que la creencia desplace al raciocinio antes de que éste aparezca.
Por eso, si no se respeta la voluntad del niño, por ser menor y no tener criterio, para negarse a celebrar la primera comunión, tampoco, por el mismo motivo, debería obligársele asumir un compromiso iniciático que persigue conquistar sus mentes antes de que se planteen ideas racionales que cuestionen los dogmas religiosos.
Y el Estado, ante los intereses particulares de la Iglesia y los generales de los ciudadanos, debería siempre amparar y proteger los segundos, desvinculándose de la labor proselitista y adoctrinadora que practica la Iglesia.
Sin embargo, en España el Estado no es neutral y mucho menos laico, en contra de lo que proclama la Constitución. El Estado español reconoce una preponderancia a la Iglesia Católica que se traduce en privilegios y libertades para la manipulación de esas criaturas maleables que son los niños.
Fomenta y hasta facilita económicamente el adoctrinamiento continuado de las personas que practica la Iglesia a través del bautismo del infante, la primera comunión del niño, la confirmación del adolescente, el matrimonio del adulto y hasta la extremaunción del que muere, sin olvidar las misas, cultos y demás ceremonias que tratan de reafirmar los preceptos religiosos –católicos, por supuesto- dominantes en la sociedad.
Esta contribución activa del Estado en el fomento del catolicismo se hace descaradamente evidente en la presencia de la signatura de religión en la educación, no como parte de una historia del pensamiento filosófico del hombre, sino con la finalidad catequética de señalar determinados valores morales a los que el niño ha de adherirse y las sendas predeterminadas que han de seguir para orientar su comportamiento.
Es decir, no sólo se le tolera a la Iglesia que practique el adoctrinamiento de sus fieles a través de los ritos que celebra como entidad religiosa, sino que el Estado le permite que utilice la educación pública para sembrar su ideario excluyente y manipulador. Un privilegio aún más hiriente cuando un Gobierno sectario, afín al catolicismo, prefirió eliminar la asignatura Educación para la ciudadanía, que perseguía promover valores cívicos de tolerancia, justicia, pluralismo y libertad sobre los que descansan los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, para sustituirla por la asignatura de religión con valor académico en el currículo escolar.
Que este peso asfixiante de la religión católica en la sociedad española y en la vida de los ciudadanos, desde su más tierna infancia, no haya sido suficiente para que una niña decidiera no sucumbir a ceremonias que, tras su aparente e intencionada vertiente “festiva”, son meros instrumentos de proselitismo y adoctrinamiento, es algo digno de encomio que resalta su capacidad crítica, mucho más racional que la de su padre.
Un hecho que pone de relieve, además, la intromisión de la Justicia, como uno de los poderes del Estado, en asuntos que debieran solventarse en la privacidad de las creencias individuales, sin menoscabo de los derechos y libertades que asisten a las personas, sean niños o adultos.
Todo ello evidencia la necesidad de que el Estado sea realmente laico, no sólo “aconfesional”, para que no favorezca con privilegios a ninguna confesión religiosa y deje que las creencias respetables de los ciudadanos se circunscriban al ámbito íntimo e individual de cada uno de ellos.
Y, sobre todo, que no participe en la manipulación y adoctrinamiento de los niños para que, cuando sean adultos, se conviertan en personas libres, racionales y responsables. Un Estado que no reconozca ningún derecho de adoctrinar.
DANIEL GUERRERO
