Visitemos el Castillo. Ese es el nombre que ha escogido el Ayuntamiento de Montemayor para la plataforma ciudadana que se constituirá a las 20.00 de esta tarde en la Casa de la Cultura con el objetivo de reivindicar la apertura a las visitas turísticas de una parte de la fortaleza, levantada hacia 1340 durante el proceso de repoblación de la villa
"Es importantísima la asistencia de cuanta más gente mejor para así poder contar con el mayor número de aportaciones posibles, así como para fijar un calendario de actuaciones", defiende en un bando municipal el alcalde de Montemayor, Antonio García López, que invita a los vecinos a sumarse a esta plataforma ciudadana.
Y es que los motivos que esgrime el Ayuntamiento no son simplemente sentimentales sino que, también, cuentan con un componente económico. “La apertura al público de una parte del castillo daría un impulso económico al pueblo muy importante en los tiempos que corren”, subrayó el regidor, quien hizo hincapié en que “los vecinos de Montemayor sienten el castillo como suyo y merecen poder visitarlo”.
Sin embargo, las relaciones no son fluidas con la actual propietaria de la fortaleza, María Concepción Silva de Azlor y Aragón, que reside habitualmente en Madrid y que acude de manera esporádica a su impresionante residencia de la Campiña Sur cordobesa. “La dueña del castillo se niega a hablar conmigo”, aseguró a este periódico Antonio García.
“El día que tomé posesión como alcalde, lo primero que hice fue solicitarle una reunión por escrito y ella la rechazó porque supuso de lo que le quería hablar”, añadió el alcalde de Montemayor, quien relató que “incluso me advirtió que, si seguía insistiendo, me encontraría con sus servicios jurídicos”.
Según el primer edil montemayorense, el principal escollo al que se enfrenta el Ayuntamiento, junto a la “postura intransigente” de la propietaria, es una dispensa concedida en el año 2010 por parte de la Junta de Andalucía a María Concepción Silva de Azlor, que la habilita para mantener el castillo cerrado al público pese a tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).
“Es precisamente esa dispensa que, según parece, no tiene fecha de caducidad, la que nos impide acceder al castillo, ya que no se dejó ninguna puerta abierta para poderla revisar”, aclaró Antonio García, quien recordó que su equipo de gobierno, tras varias reuniones con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y con la propia Consejería, solicitó a la Administración autonómica que revisara y revocara dicha dispensa.
Y es que son muchos los vecinos de Montemayor que entienden que esta autorización concedida a la propietaria de la fortaleza por parte del Gobierno andaluz impide, de facto, el acceso a un elemento relevante del patrimonio histórico y supone, para algunos, la "privatización efectiva" de un Bien de Interés Cultural.
Con todo, como recordó el padre del actual alcalde, Antonio García García, que gobernó la localidad entre 1995 y 2007, “los problemas con el castillo vienen de largo”. No en vano, su antecesor en la alcaldía, Antonio Galán, ya había tenido durante la Transición algunos enfrentamientos con la Casa Ducal de Frías a raíz de la aprobación de los nuevos convenios colectivos para los trabajadores del campo.
“Antes de ser alcalde había tenido algunos rifirrafes y la enemistad era manifiesta, de modo que cuando yo entré al Ayuntamiento en 1995 me propuse romper esa dinámica”, recordó Antonio García García en declaraciones a Montemayor Digital.
“Solicitamos a la duquesa una entrevista por escrito y se comprometió a mantener un encuentro con nosotros en cuanto mejorara su estado de salud. Pero falleció”, relató el padre del actual alcalde, quien explicó que su heredera llegó a aceptar una invitación del Ayuntamiento e, incluso, pudo estrenar el Libro de Honor del Consistorio.
“Nos invitó a tomar café en el castillo, pero sólo a cuatro concejales, y durante aquel encuentro nos explicó que para acceder a las estancias más relevantes del castillo había que pasar por dependencias privadas de la vivienda, como dormitorios o cuartos de baño, y que no estaba dispuesta a permitirlo”, concluyó.
Proposición no de ley
La parlamentaria andaluza Elena Cortés (IU), anunció en noviembre del pasado año su intención de presentar en la Comisión de Cultura de la Cámara autonómica una proposición no de ley que obligara a la dueña del castillo a “cumplir con la ley para que pueda ser visitado”.
Para Cortés, con actuaciones como la concesión de una dispensa administrativa por parte de la Junta de Andalucía, “se hurta parte de su acervo cultural al pueblo andaluz, cerrando a cal y canto un Bien de Interés Cultural que pertenece a la ciudadanía”.
Asimismo, la diputada autonómica explicó que María Concepción Silva de Azlor y Aragón demolió un enclave perteneciente al recinto, el cortijo El Navarro, que forma parte del inventario protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, a la vez que recibió 275.000 euros de una subvención otorgada en el marco de la Política Agraria Comunitaria.
"Es importantísima la asistencia de cuanta más gente mejor para así poder contar con el mayor número de aportaciones posibles, así como para fijar un calendario de actuaciones", defiende en un bando municipal el alcalde de Montemayor, Antonio García López, que invita a los vecinos a sumarse a esta plataforma ciudadana.
Y es que los motivos que esgrime el Ayuntamiento no son simplemente sentimentales sino que, también, cuentan con un componente económico. “La apertura al público de una parte del castillo daría un impulso económico al pueblo muy importante en los tiempos que corren”, subrayó el regidor, quien hizo hincapié en que “los vecinos de Montemayor sienten el castillo como suyo y merecen poder visitarlo”.
Sin embargo, las relaciones no son fluidas con la actual propietaria de la fortaleza, María Concepción Silva de Azlor y Aragón, que reside habitualmente en Madrid y que acude de manera esporádica a su impresionante residencia de la Campiña Sur cordobesa. “La dueña del castillo se niega a hablar conmigo”, aseguró a este periódico Antonio García.
“El día que tomé posesión como alcalde, lo primero que hice fue solicitarle una reunión por escrito y ella la rechazó porque supuso de lo que le quería hablar”, añadió el alcalde de Montemayor, quien relató que “incluso me advirtió que, si seguía insistiendo, me encontraría con sus servicios jurídicos”.
Según el primer edil montemayorense, el principal escollo al que se enfrenta el Ayuntamiento, junto a la “postura intransigente” de la propietaria, es una dispensa concedida en el año 2010 por parte de la Junta de Andalucía a María Concepción Silva de Azlor, que la habilita para mantener el castillo cerrado al público pese a tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).
“Es precisamente esa dispensa que, según parece, no tiene fecha de caducidad, la que nos impide acceder al castillo, ya que no se dejó ninguna puerta abierta para poderla revisar”, aclaró Antonio García, quien recordó que su equipo de gobierno, tras varias reuniones con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y con la propia Consejería, solicitó a la Administración autonómica que revisara y revocara dicha dispensa.
Y es que son muchos los vecinos de Montemayor que entienden que esta autorización concedida a la propietaria de la fortaleza por parte del Gobierno andaluz impide, de facto, el acceso a un elemento relevante del patrimonio histórico y supone, para algunos, la "privatización efectiva" de un Bien de Interés Cultural.
Con todo, como recordó el padre del actual alcalde, Antonio García García, que gobernó la localidad entre 1995 y 2007, “los problemas con el castillo vienen de largo”. No en vano, su antecesor en la alcaldía, Antonio Galán, ya había tenido durante la Transición algunos enfrentamientos con la Casa Ducal de Frías a raíz de la aprobación de los nuevos convenios colectivos para los trabajadores del campo.
“Antes de ser alcalde había tenido algunos rifirrafes y la enemistad era manifiesta, de modo que cuando yo entré al Ayuntamiento en 1995 me propuse romper esa dinámica”, recordó Antonio García García en declaraciones a Montemayor Digital.
“Solicitamos a la duquesa una entrevista por escrito y se comprometió a mantener un encuentro con nosotros en cuanto mejorara su estado de salud. Pero falleció”, relató el padre del actual alcalde, quien explicó que su heredera llegó a aceptar una invitación del Ayuntamiento e, incluso, pudo estrenar el Libro de Honor del Consistorio.
“Nos invitó a tomar café en el castillo, pero sólo a cuatro concejales, y durante aquel encuentro nos explicó que para acceder a las estancias más relevantes del castillo había que pasar por dependencias privadas de la vivienda, como dormitorios o cuartos de baño, y que no estaba dispuesta a permitirlo”, concluyó.
Proposición no de ley
La parlamentaria andaluza Elena Cortés (IU), anunció en noviembre del pasado año su intención de presentar en la Comisión de Cultura de la Cámara autonómica una proposición no de ley que obligara a la dueña del castillo a “cumplir con la ley para que pueda ser visitado”.
Para Cortés, con actuaciones como la concesión de una dispensa administrativa por parte de la Junta de Andalucía, “se hurta parte de su acervo cultural al pueblo andaluz, cerrando a cal y canto un Bien de Interés Cultural que pertenece a la ciudadanía”.
Asimismo, la diputada autonómica explicó que María Concepción Silva de Azlor y Aragón demolió un enclave perteneciente al recinto, el cortijo El Navarro, que forma parte del inventario protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, a la vez que recibió 275.000 euros de una subvención otorgada en el marco de la Política Agraria Comunitaria.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
