La Junta de Andalucía destinará 7.212.133 euros a la realización en Córdoba, a partir de este otoño, de 116 acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE), de las que podrán beneficiarse 1.740 personas desempleadas. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo 12 de septiembre y podrá utilizarse el modelo disponible en el portal de la Junta de Andalucía. Una vez presentadas, el periodo máximo de resolución y publicación será de cuatro meses.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, explicó ayer que esta nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas se concreta en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. A las que podrán optar las entidades acreditadas e inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados. En el caso de Córdoba, matizó, se encuentran inscritas 1.670 entidades, 704 de ellas en la capital.
Carmona informó que la cuantía económica que ha recibido la provincia se ha resuelto en función del porcentaje de personas inscritas como demandantes de empleo y ha añadido que en esta convocatoria se prima el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad con los que puedan hacer valer su cualificación en todo el territorio de la Unión Europea.
"También se tendrán en cuenta las necesidades específicas de cualificación en cada territorio y las demandas de los empresarios, con especial atención a sectores productivos estratégicos para la economía andaluza, como el agroalimentario, la atención a la dependencia o las energías renovables, entre otros", apuntó Carmona, quien señaló que en Córdoba se han programado 116 especialidades.
Para poder participar en las acciones formativas, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.
La nueva convocatoria incorpora criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas.
También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 por ciento una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.
La concesión y los pagos de las ayudas estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor (en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones). Deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, explicó ayer que esta nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas se concreta en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. A las que podrán optar las entidades acreditadas e inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados. En el caso de Córdoba, matizó, se encuentran inscritas 1.670 entidades, 704 de ellas en la capital.
Carmona informó que la cuantía económica que ha recibido la provincia se ha resuelto en función del porcentaje de personas inscritas como demandantes de empleo y ha añadido que en esta convocatoria se prima el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad con los que puedan hacer valer su cualificación en todo el territorio de la Unión Europea.
"También se tendrán en cuenta las necesidades específicas de cualificación en cada territorio y las demandas de los empresarios, con especial atención a sectores productivos estratégicos para la economía andaluza, como el agroalimentario, la atención a la dependencia o las energías renovables, entre otros", apuntó Carmona, quien señaló que en Córdoba se han programado 116 especialidades.
Para poder participar en las acciones formativas, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.
La nueva convocatoria incorpora criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas.
También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 por ciento una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.
La concesión y los pagos de las ayudas estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor (en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones). Deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
