Esporádicamente y cuando no hallan otro argumento al que recurrir para responder a las críticas de sus adversarios políticos o para eludir explicaciones ante sus simpatizantes y votantes por cualquier iniciativa controvertida, la derecha española y la nacionalista no dudan en proferir ofensas a otros territorios y sus poblaciones, tachándolos de vagos, no pagar impuestos y lo contrario, pagar demasiados, de ser poco productivos y vivir de las subvenciones a costa de regiones más ricas y, por ende, más contributivas fiscalmente de España.
Para ellas, para las derechas de Madrid y Barcelona, los andaluces simbolizan lo peor en gobernabilidad y desarrollo de España, y su atraso económico e industrial no se debe a condiciones seculares en las que ambas regiones han contribuido de buen grado, manteniendo un subdesarrollo andaluz sólo parcialmente amortiguado por la reinstauración de la democracia y la nada fácil adquisición de autogobierno como Comunidad Autónoma, sino a la actitud indolente de los andaluces, que prefieren vivir de las ayudas del PER (paro agrícola) y las subvenciones públicas a trabajar.
La última representante de esa derecha lenguaraz en ampararse en este tipo de ofensas y mentiras para defenderse en el Parlamento autonómico ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha afirmado que su comunidad financia la sanidad y la educación de Andalucía porque la Junta, en manos de los socialistas, es incapaz de obtener los recursos propios suficientes para prestar estos servicios a los ciudadanos andaluces.
Se ha valido de ofensas y mentiras para hacer crítica política contra el Gobierno socialista de Andalucía, con esa actitud tan despreciativa y faltona propia de la derecha arrogante cuando atiende sólo sus intereses y privilegios. Para ello, ha seguido el guión de un argumentarlo antiguo pero recurrente y con el que no importa faltar a la verdad y enfrentar a unas comunidades con otras, fomentando división y desigualdad entre los ciudadanos, por réditos políticos, partidistas y electorales. No es la primera vez.
El Gobierno de la Comunidad andaluza y hasta la manera de ser de los andaluces, incluido su habla diferenciado del castellano, han sido motivos de agravios por parte de una derecha que no tolera no haber podido arrebatar a los socialista el poder en la región durante todo el actual período democrático y a pesar de los escándalos en que se han visto envueltos aquellos. Y una de las maneras que tienen de hacer oposición y cuestionar la labor de la Junta de Andalucía es infamar, no sólo al Gobierno de la región, sino también a los andaluces.
Existen precedentes: Ana Mato, compañera de Cifuentes y exministra de Sanidad que tuvo que dimitir por su participación a título lucrativo en el caso Gürtel de corrupción, llegó afirmar que los niños andaluces eran “prácticamente analfabetos”. Años más tarde, esta misma señora volvió a infamar el sistema educativo andaluz al decir que los niños tenían que sentarse “en el suelo de las escuelas”, por carecer de pupitres, se supone.
Otra “líder en ofensas” del mismo partido, Esperanza Aguirre, cuando ocupó el cargo que ahora detenta Cristina Cifuentes, espetó que los socialistas en Andalucía sólo utilizan “el dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas…” a la gente, refiriéndose a que la “alimentaban” como las gallinas, a base de subsidios y ayudas. Por si había alguna duda, remachó: “La gente del campo sabe a qué me refiero”.
Una exdirigente del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, Monserrat Nebrera, no se le ocurrió mejor crítica que mofarse del acento de la entonces ministra Magdalena Álvarez, de cerrado acento andaluz, lamentándose, además, de que cuando llamaba a hoteles de esta región no se enteraba de lo que decían.
Y es que la derecha catalana, sea nacionalista o no, acude al tópico cada vez que quiere preservar sus privilegios y denostar los impedimentos que, a su juicio, no dejan que Cataluña, como Madrid, retenga sin contribuir toda la riqueza que genera. Lo dejó muy claro el antiguo portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, cuando contestó que sólo “defiendo lo nuestro” al ser criticado por atacar en un mitin a los jornaleros andaluces y extremeños que se benefician del Plan de Empleo Rural (PER).
Los acusaba de pasarse el día en el bar gracias al PER, mientras el payés no puede recoger la fruta en Cataluña porque no hay dinero. Hasta el mismísimo expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, recurrió en su día, en un debate sobre la inmersión lingüística en Cataluña, a la burla despreciativa con Andalucía al comparar que los niños catalanes, a pesar de todo, sacan las mismas notas de castellano que los de Salamanca, Valladolid o Burgos, cuando los de Sevilla, Málaga, etcétera, a veces no se les entiende. Ofensas gratuitas y mentiras vergonzantes.
Son ofensas para distraer y ocultar mentiras. Ni los payés catalanes ni las comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares financian a Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, por ejemplo. Son las personas y no los territorios los que aportan los recursos con los que se financian los servicios públicos que se prestan a todos los ciudadanos, independientemente sus recursos económicos y donde vivan. Esas necesidades de financiación se establecen en función de la población de cada Comunidad y teniendo en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión de los habitantes, la insularidad y otros factores.
La capacidad de recaudación de cada región depende, fundamentalmente, de los contribuyentes que viven en ella y su nivel de renta. Cuanto más ricos, más recaudación, por ese sistema de fiscalidad progresiva que obliga a pagar más a quien más tiene.
Es evidente que Madrid, Cataluña y Baleares, por razones diversas (capitalidad, burguesía emprendedora, turismo, industrialización, prioridad inversión pública, etc.), concentran más ricos que otras regiones de España, por lo que son esas comunidades las que aportan más recursos a la financiación autonómica, mientras el resto recibe aportaciones del Fondo de Garantía Autonómico que completan las necesidades de financiación con los que se sufragan los servicios públicos que prestan todas ellas.
Del mismo modo que un rico no le paga a un pobre la educación de su hijo, sino que entre todos los contribuyentes lo hacemos en proporción a nuestros niveles de renta, tampoco Madrid financia la Sanidad o la Educación en Andalucía, como afirmaba la presidenta de aquella Comunidad, mintiendo consciente y descaradamente y con voluntad de ofender.
Y como lo hicieron otros antes que ella, comulgando todos ellos con esa ideología de derechas que está en contra de contribuir a la redistribución de la riqueza para posibilitar la igualdad de oportunidades y derechos a todos los españoles, sin distinción.
Una derecha, nacionalista o constitucionalista –como gustan ahora definirse los partidos conservadores de ámbito estatal-, que arremete con infundios, mentiras y ofensas contra poblaciones y gobiernos autonómicos ajenos a su influencia para desprestigiarlos, erosionar su apoyo popular y confrontar sus políticas, aun poniendo en peligro la convivencia entre regiones y entre ciudadanos.
Con ofensas gratuitas y mentiras descaradas se pretende socavar, en defensa de intereses espurios y privilegios inconfesables, la solidaridad que el sistema tributario y la financiación autonómica permite a cualquier ciudadano, sin discriminación, acceder a los servicios públicos esenciales que garantiza la Constitución como derechos y conforman el llamado Estado de Bienestar.
Quien no le importa mentir ni ofender persigue siempre objetivos ocultos más allá de expresar una `posverdad´ (una mentira que emociona a la opinión pública más que la verdad) y denigrar a los insultados. Es alguien rastrero.
Para ellas, para las derechas de Madrid y Barcelona, los andaluces simbolizan lo peor en gobernabilidad y desarrollo de España, y su atraso económico e industrial no se debe a condiciones seculares en las que ambas regiones han contribuido de buen grado, manteniendo un subdesarrollo andaluz sólo parcialmente amortiguado por la reinstauración de la democracia y la nada fácil adquisición de autogobierno como Comunidad Autónoma, sino a la actitud indolente de los andaluces, que prefieren vivir de las ayudas del PER (paro agrícola) y las subvenciones públicas a trabajar.
La última representante de esa derecha lenguaraz en ampararse en este tipo de ofensas y mentiras para defenderse en el Parlamento autonómico ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha afirmado que su comunidad financia la sanidad y la educación de Andalucía porque la Junta, en manos de los socialistas, es incapaz de obtener los recursos propios suficientes para prestar estos servicios a los ciudadanos andaluces.
Se ha valido de ofensas y mentiras para hacer crítica política contra el Gobierno socialista de Andalucía, con esa actitud tan despreciativa y faltona propia de la derecha arrogante cuando atiende sólo sus intereses y privilegios. Para ello, ha seguido el guión de un argumentarlo antiguo pero recurrente y con el que no importa faltar a la verdad y enfrentar a unas comunidades con otras, fomentando división y desigualdad entre los ciudadanos, por réditos políticos, partidistas y electorales. No es la primera vez.
El Gobierno de la Comunidad andaluza y hasta la manera de ser de los andaluces, incluido su habla diferenciado del castellano, han sido motivos de agravios por parte de una derecha que no tolera no haber podido arrebatar a los socialista el poder en la región durante todo el actual período democrático y a pesar de los escándalos en que se han visto envueltos aquellos. Y una de las maneras que tienen de hacer oposición y cuestionar la labor de la Junta de Andalucía es infamar, no sólo al Gobierno de la región, sino también a los andaluces.
Existen precedentes: Ana Mato, compañera de Cifuentes y exministra de Sanidad que tuvo que dimitir por su participación a título lucrativo en el caso Gürtel de corrupción, llegó afirmar que los niños andaluces eran “prácticamente analfabetos”. Años más tarde, esta misma señora volvió a infamar el sistema educativo andaluz al decir que los niños tenían que sentarse “en el suelo de las escuelas”, por carecer de pupitres, se supone.
Otra “líder en ofensas” del mismo partido, Esperanza Aguirre, cuando ocupó el cargo que ahora detenta Cristina Cifuentes, espetó que los socialistas en Andalucía sólo utilizan “el dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas…” a la gente, refiriéndose a que la “alimentaban” como las gallinas, a base de subsidios y ayudas. Por si había alguna duda, remachó: “La gente del campo sabe a qué me refiero”.
Una exdirigente del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, Monserrat Nebrera, no se le ocurrió mejor crítica que mofarse del acento de la entonces ministra Magdalena Álvarez, de cerrado acento andaluz, lamentándose, además, de que cuando llamaba a hoteles de esta región no se enteraba de lo que decían.
Y es que la derecha catalana, sea nacionalista o no, acude al tópico cada vez que quiere preservar sus privilegios y denostar los impedimentos que, a su juicio, no dejan que Cataluña, como Madrid, retenga sin contribuir toda la riqueza que genera. Lo dejó muy claro el antiguo portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, cuando contestó que sólo “defiendo lo nuestro” al ser criticado por atacar en un mitin a los jornaleros andaluces y extremeños que se benefician del Plan de Empleo Rural (PER).
Los acusaba de pasarse el día en el bar gracias al PER, mientras el payés no puede recoger la fruta en Cataluña porque no hay dinero. Hasta el mismísimo expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, recurrió en su día, en un debate sobre la inmersión lingüística en Cataluña, a la burla despreciativa con Andalucía al comparar que los niños catalanes, a pesar de todo, sacan las mismas notas de castellano que los de Salamanca, Valladolid o Burgos, cuando los de Sevilla, Málaga, etcétera, a veces no se les entiende. Ofensas gratuitas y mentiras vergonzantes.
Son ofensas para distraer y ocultar mentiras. Ni los payés catalanes ni las comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares financian a Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, por ejemplo. Son las personas y no los territorios los que aportan los recursos con los que se financian los servicios públicos que se prestan a todos los ciudadanos, independientemente sus recursos económicos y donde vivan. Esas necesidades de financiación se establecen en función de la población de cada Comunidad y teniendo en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión de los habitantes, la insularidad y otros factores.
La capacidad de recaudación de cada región depende, fundamentalmente, de los contribuyentes que viven en ella y su nivel de renta. Cuanto más ricos, más recaudación, por ese sistema de fiscalidad progresiva que obliga a pagar más a quien más tiene.
Es evidente que Madrid, Cataluña y Baleares, por razones diversas (capitalidad, burguesía emprendedora, turismo, industrialización, prioridad inversión pública, etc.), concentran más ricos que otras regiones de España, por lo que son esas comunidades las que aportan más recursos a la financiación autonómica, mientras el resto recibe aportaciones del Fondo de Garantía Autonómico que completan las necesidades de financiación con los que se sufragan los servicios públicos que prestan todas ellas.
Del mismo modo que un rico no le paga a un pobre la educación de su hijo, sino que entre todos los contribuyentes lo hacemos en proporción a nuestros niveles de renta, tampoco Madrid financia la Sanidad o la Educación en Andalucía, como afirmaba la presidenta de aquella Comunidad, mintiendo consciente y descaradamente y con voluntad de ofender.
Y como lo hicieron otros antes que ella, comulgando todos ellos con esa ideología de derechas que está en contra de contribuir a la redistribución de la riqueza para posibilitar la igualdad de oportunidades y derechos a todos los españoles, sin distinción.
Una derecha, nacionalista o constitucionalista –como gustan ahora definirse los partidos conservadores de ámbito estatal-, que arremete con infundios, mentiras y ofensas contra poblaciones y gobiernos autonómicos ajenos a su influencia para desprestigiarlos, erosionar su apoyo popular y confrontar sus políticas, aun poniendo en peligro la convivencia entre regiones y entre ciudadanos.
Con ofensas gratuitas y mentiras descaradas se pretende socavar, en defensa de intereses espurios y privilegios inconfesables, la solidaridad que el sistema tributario y la financiación autonómica permite a cualquier ciudadano, sin discriminación, acceder a los servicios públicos esenciales que garantiza la Constitución como derechos y conforman el llamado Estado de Bienestar.
Quien no le importa mentir ni ofender persigue siempre objetivos ocultos más allá de expresar una `posverdad´ (una mentira que emociona a la opinión pública más que la verdad) y denigrar a los insultados. Es alguien rastrero.
DANIEL GUERRERO
