Un total de 1.011 menores fueron atendidos durante el pasado año en Andalucía a través del Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó en comisión parlamentaria que este servicio de la Junta atendió a 685 menores en sus programas de evaluación y diagnóstico, y 326 tuvieron que recibir terapia tras comprobarse que realmente habían sido víctimas de abusos sexuales.
De los menores que recibieron tratamiento, más del 78 por ciento fueron niñas y prácticamente en la mitad de los casos atendidos hubo violencia sexual por parte de algún familiar de la víctima. En cuanto a las edades, el mayor porcentaje se registró en la franja de entre 13 y 18 años (47,6 por ciento de los casos), seguido de los menores de entre 0 y 6 años (17,5%) y los de entre 7 y 12 años (3,4%).
La consejera hizo una llamada de atención sobre la circunstancia de que el 6 por ciento de las menores atendidas presentaban alguna discapacidad, principalmente retraso intelectual, lo que confirma que "la discapacidad es un factor de vulnerabilidad en los casos de violencia sexual".
Asimismo, insistió en que, ante esta realidad, "hay que redoblar y aunar esfuerzos para ayudar y dar respuesta a estas víctimas y a sus familias". Asimismo, afirmó que este es un compromiso y una responsabilidad "que asumimos en el ejercicio profesional diario y queremos hacer extensivo a todos los ámbitos profesionales e institucionales que trabajan en Andalucía del lado de los niños y las niñas".
La consejera reiteró la necesidad de contar con "instrumentos específicos" como el citado protocolo, que ha ayudado a agilizar y mejorar las atenciones e intervenciones con las victimas. Asimismo, resaltó la asistencia especializada a las victimas a través de equipos multidisciplinares integrados por profesionales de Psicología, Derecho y Trabajo Social. En este sentido, señaló que los menores son evaluados y atendidos tras ser derivados por servicios de diferentes áreas como educación, salud, servicios sociales y comunitarios, y juzgados.
La consejera recordó que, además de asistencia, los resultados y actuaciones sirven como base para apoyar las denuncias correspondientes así como prestar colaboración en procesos judiciales. Se trata por tanto de una intervención integral dirigida a menores víctimas de violencia sexual y a su familia, ha matizado.
Otros instrumentos
Además del protocolo, la Junta cuenta con otros instrumentos como la Guía de Indicadores para la detección de casos de violencia sexual y pautas de actuación dirigidas a los centros de protección de menores, en colaboración con el Servicio de Centros de protección de Menores, para dotar a los profesionales de herramientas que ayuden a detectar casos de violencia sexual y así poder derivarlos al programa de tratamiento cuanto antes.
Igualmente, la Guía para la prevención, la detección y actuaciones en situaciones de violencia sexual para familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras, para identificar los síntomas y señales cuanto antes y prestar un tratamiento adecuado de manera inmediata.
Sánchez Rubio indicó que, con vistas a un futuro inmediato, su departamento se propone seguir trabajando en la línea de mejorar los recursos y la atención a los menores más vulnerables, con actuaciones dirigidas a la información y sensibilización de la población general para la prevención de la violencia sexual. Igualmente, se está planteando continuar y ampliar el Plan de formación dirigido a los profesionales, especialmente desde el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP) y Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
De los menores que recibieron tratamiento, más del 78 por ciento fueron niñas y prácticamente en la mitad de los casos atendidos hubo violencia sexual por parte de algún familiar de la víctima. En cuanto a las edades, el mayor porcentaje se registró en la franja de entre 13 y 18 años (47,6 por ciento de los casos), seguido de los menores de entre 0 y 6 años (17,5%) y los de entre 7 y 12 años (3,4%).
La consejera hizo una llamada de atención sobre la circunstancia de que el 6 por ciento de las menores atendidas presentaban alguna discapacidad, principalmente retraso intelectual, lo que confirma que "la discapacidad es un factor de vulnerabilidad en los casos de violencia sexual".
Asimismo, insistió en que, ante esta realidad, "hay que redoblar y aunar esfuerzos para ayudar y dar respuesta a estas víctimas y a sus familias". Asimismo, afirmó que este es un compromiso y una responsabilidad "que asumimos en el ejercicio profesional diario y queremos hacer extensivo a todos los ámbitos profesionales e institucionales que trabajan en Andalucía del lado de los niños y las niñas".
La consejera reiteró la necesidad de contar con "instrumentos específicos" como el citado protocolo, que ha ayudado a agilizar y mejorar las atenciones e intervenciones con las victimas. Asimismo, resaltó la asistencia especializada a las victimas a través de equipos multidisciplinares integrados por profesionales de Psicología, Derecho y Trabajo Social. En este sentido, señaló que los menores son evaluados y atendidos tras ser derivados por servicios de diferentes áreas como educación, salud, servicios sociales y comunitarios, y juzgados.
La consejera recordó que, además de asistencia, los resultados y actuaciones sirven como base para apoyar las denuncias correspondientes así como prestar colaboración en procesos judiciales. Se trata por tanto de una intervención integral dirigida a menores víctimas de violencia sexual y a su familia, ha matizado.
Otros instrumentos
Además del protocolo, la Junta cuenta con otros instrumentos como la Guía de Indicadores para la detección de casos de violencia sexual y pautas de actuación dirigidas a los centros de protección de menores, en colaboración con el Servicio de Centros de protección de Menores, para dotar a los profesionales de herramientas que ayuden a detectar casos de violencia sexual y así poder derivarlos al programa de tratamiento cuanto antes.
Igualmente, la Guía para la prevención, la detección y actuaciones en situaciones de violencia sexual para familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras, para identificar los síntomas y señales cuanto antes y prestar un tratamiento adecuado de manera inmediata.
Sánchez Rubio indicó que, con vistas a un futuro inmediato, su departamento se propone seguir trabajando en la línea de mejorar los recursos y la atención a los menores más vulnerables, con actuaciones dirigidas a la información y sensibilización de la población general para la prevención de la violencia sexual. Igualmente, se está planteando continuar y ampliar el Plan de formación dirigido a los profesionales, especialmente desde el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP) y Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
