El grupo parlamentario de IULV-CA ha pedido a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía que "recapacite" la decisión del Consejo de Gobierno de modificar el mapa de laboratorios de análisis y producción agroalimentarios, una medida que conllevaría el desmantelamiento de alguno de los que se encuentran actualmente en funcionamiento, como el de Montilla, que presta servicio a la mayor parte de los municipios integrados en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.
IU ha explicado que el proyecto de decreto por el que se regula la Red de Laboratorios Agrarios y Pesqueros de la Junta de Andalucía (RLAP) supondría el cierre de varios de estos laboratorios, algunos de ellos "inaugurados no hace relativamente mucho tiempo" y cuya puesta en funcionamiento "se llevó a efecto mediante la inversión de cifras nada despreciables de fondos europeos".
Según la coalición de izquierdas, de los 19 laboratorios actuales van a quedar una docena y, entre los siete que cerrarán o se trasladarán destaca el de Montilla, que está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y que cuenta con un personal altamente cualificado, así como con unas modernas instalaciones en las que la Junta de Andalucía invirtió alrededor de 500.000 euros en el año 2010.
"Si se cierran los laboratorios –han apuntado desde IU– las inversiones podrían tener que ser devueltas a la Unión Europea, de interpretarse que no cumplieron la finalidad de las subvenciones para las que fueron destinadas, y que era proporcionar apoyo al sector agrícola y ganadero andaluz, mediante la vertebración de los servicios de la Junta de Andalucía en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma".
Asimismo, la organización recuerda que, el previsible cierre por parte de la Junta de algunos laboratorios agrarios obligará a los agricultores a desplazarse a otras ciudades para el análisis de las muestras. "Con medidas como la que se pretende tomar, se dificulta de manera clara el desarrollo y mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera en el territorio afectado, y se contribuye a la despoblación y subdesarrollo de las zonas rurales", puntualizan.
En el caso de Montilla, los representantes de los trabajadores que se han puesto en contacto con Elena Cortés, parlamentaria de IULV-CA por Córdoba, manifiestan que, si bien en el proyecto de decreto se garantizan los derechos laborales de los trabajadores adscritos a los centros que se cierran o se trasladan, se oponen al cierre del laboratorio.
De hecho, como avanzó en primicia este periódico, los representantes de los trabajadores han iniciado una recogida de firmas en contra del traslado del servicio y han trasladado a IU que el 95 por ciento o más de los análisis que realiza el laboratorio de Montilla "están basados en el vino, derivados de vino y vinagres" por lo que el hecho de que se traslade fuera de la zona de mayor producción vitivinícola de la provincia ocasionará un perjuicio para los bodegueros y las cooperativas vitivinícolas de la DOP Montilla-Moriles.
Por ello, IU ha pedido a la consejera, Carmen Ortiz, que "recapacite" porque "la red de laboratorios es eficaz y fundamental para el sector" y que dé marcha atrás en una medida contra la que se han movilizado organizaciones agrarias, representantes municipales y ciudadanos que entienden que la misma será "claramente lesiva contra los intereses de los agricultores".
IU ha explicado que el proyecto de decreto por el que se regula la Red de Laboratorios Agrarios y Pesqueros de la Junta de Andalucía (RLAP) supondría el cierre de varios de estos laboratorios, algunos de ellos "inaugurados no hace relativamente mucho tiempo" y cuya puesta en funcionamiento "se llevó a efecto mediante la inversión de cifras nada despreciables de fondos europeos".
Según la coalición de izquierdas, de los 19 laboratorios actuales van a quedar una docena y, entre los siete que cerrarán o se trasladarán destaca el de Montilla, que está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y que cuenta con un personal altamente cualificado, así como con unas modernas instalaciones en las que la Junta de Andalucía invirtió alrededor de 500.000 euros en el año 2010.
"Si se cierran los laboratorios –han apuntado desde IU– las inversiones podrían tener que ser devueltas a la Unión Europea, de interpretarse que no cumplieron la finalidad de las subvenciones para las que fueron destinadas, y que era proporcionar apoyo al sector agrícola y ganadero andaluz, mediante la vertebración de los servicios de la Junta de Andalucía en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma".
Asimismo, la organización recuerda que, el previsible cierre por parte de la Junta de algunos laboratorios agrarios obligará a los agricultores a desplazarse a otras ciudades para el análisis de las muestras. "Con medidas como la que se pretende tomar, se dificulta de manera clara el desarrollo y mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera en el territorio afectado, y se contribuye a la despoblación y subdesarrollo de las zonas rurales", puntualizan.
En el caso de Montilla, los representantes de los trabajadores que se han puesto en contacto con Elena Cortés, parlamentaria de IULV-CA por Córdoba, manifiestan que, si bien en el proyecto de decreto se garantizan los derechos laborales de los trabajadores adscritos a los centros que se cierran o se trasladan, se oponen al cierre del laboratorio.
De hecho, como avanzó en primicia este periódico, los representantes de los trabajadores han iniciado una recogida de firmas en contra del traslado del servicio y han trasladado a IU que el 95 por ciento o más de los análisis que realiza el laboratorio de Montilla "están basados en el vino, derivados de vino y vinagres" por lo que el hecho de que se traslade fuera de la zona de mayor producción vitivinícola de la provincia ocasionará un perjuicio para los bodegueros y las cooperativas vitivinícolas de la DOP Montilla-Moriles.
Por ello, IU ha pedido a la consejera, Carmen Ortiz, que "recapacite" porque "la red de laboratorios es eficaz y fundamental para el sector" y que dé marcha atrás en una medida contra la que se han movilizado organizaciones agrarias, representantes municipales y ciudadanos que entienden que la misma será "claramente lesiva contra los intereses de los agricultores".
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
