El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha mostrado su respaldo a Raúl Solís, colaborador del grupo Andalucía Digital, editor de este periódico, que fue multado con 150 euros mientras cubría una protesta ciudadana que tuvo lugar a finales del pasado mes de marzo frente al Palacio de San Telmo en Sevilla.
Según la notificación recibida hace unos días por Raúl Solís desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la sanción se deriva de un supuesto incumplimiento del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como Ley Mordaza– que califica de “leves” las “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”.
El periodista, que estaba cubriendo informativamente una protesta ciudadana contra el autobús de Hazte Oír a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, rechaza haberse dirigido “de forma despectiva” a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encontraban en el lugar de los hechos, tal y como consta en el expediente sancionador, y asegura que en todo momento se dirigió a los agentes “de forma respetuosa”.
"La Policía retuvo a empujones a un adolescente de no más de 16 años, al que metieron detrás de dos furgonetas policiales durante un buen rato", explica Raúl Solís que, preocupado por la tardanza del menor, se acercó a los agentes para preguntarles las razones por las que seguía retenido el joven.
"El agente me espetó que a mí qué me importaba, con un tono chulesco inapropiado para un funcionario público que cobra de los impuestos de los españoles y que ejerce una función de protección de los derechos y libertades de la ciudadanía", recuerda Solís, que le respondió: "Me importa mucho porque soy periodista y mi trabajo consiste en informar".
"Se ve que al agente policial no le gustó mi respuesta y me recordó que estaba trabajando y que no lo molestara, a lo que yo le contesté que yo también me encontraba trabajando y que ni su trabajo era más importante que el mío, ni el mío era más importante que el suyo", añade Raúl Solís, que fue requerido entonces por el policía para que se acreditara.
"Les facilité mi DNI y mi acreditación de periodista de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y, con muy malos modos, me tomaron los datos", explica Solís que, varios meses más tarde, recibió la notificación de apertura de un expediente sancionador.
"Me piden 150 euros, pero no es cuestión de dinero. Yo los puedo pagar, pero no me da la gana de pagarlos y no lo voy a hacer porque es manifiestamente injusto, ya que por lo que me denuncian es por ejercer mi profesión y mi derecho fundamental a la libertad de prensa, al derecho a la información y al libre ejercicio de la profesión periodística, consagrados como derechos fundamentales en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978", anuncia Raúl Solís, que reitera que "jamás me salté ningún cordón policial porque no lo había; o, si lo había, no estaba delimitado por ninguna señalización visual. Tampoco me dirigí a la Policía en tono despectivo".
El CPPA reitera su rechazo contra la 'Ley Mordaza'
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha vuelto a expresar su preocupación por el futuro informativo que se vislumbra en España como consecuencia de la Ley Mordaza e insiste en la necesidad de tener muy presente que el derecho a la información corresponde a la ciudadanía a través, precisamente, de los medios de comunicación y de los profesionales del periodismo.
De igual modo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha mostrado nuevamente su rechazo a la Ley Mordaza por considerar que atenta gravemente contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y, de manera especial, contra la libertad de información y de expresión, pilares esenciales en el ejercicio del periodismo.
“Los profesionales de la información pertenecientes al Colegio de Periodistas nos posicionamos en contra de la denominada Ley Mordaza, ya que contamos con medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos deontológicos, así como por la propia legislación vigente, que hacen absolutamente innecesaria esa Ley”, ha destacado la decana del CPPA, Eva B. Navarrete.
Igualmente ha reiterado el compromiso de la corporación por propiciar la derogación de los artículos de la norma que afectan al derecho constitucional a informar y anima a los grupos políticos a avanzar lo antes posible en la reforma de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana o su derogación, agilizando el trámite de enmiendas iniciado el pasado mes de marzo.
Según la notificación recibida hace unos días por Raúl Solís desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la sanción se deriva de un supuesto incumplimiento del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como Ley Mordaza– que califica de “leves” las “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”.
El periodista, que estaba cubriendo informativamente una protesta ciudadana contra el autobús de Hazte Oír a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, rechaza haberse dirigido “de forma despectiva” a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encontraban en el lugar de los hechos, tal y como consta en el expediente sancionador, y asegura que en todo momento se dirigió a los agentes “de forma respetuosa”.
"La Policía retuvo a empujones a un adolescente de no más de 16 años, al que metieron detrás de dos furgonetas policiales durante un buen rato", explica Raúl Solís que, preocupado por la tardanza del menor, se acercó a los agentes para preguntarles las razones por las que seguía retenido el joven.
"El agente me espetó que a mí qué me importaba, con un tono chulesco inapropiado para un funcionario público que cobra de los impuestos de los españoles y que ejerce una función de protección de los derechos y libertades de la ciudadanía", recuerda Solís, que le respondió: "Me importa mucho porque soy periodista y mi trabajo consiste en informar".
"Se ve que al agente policial no le gustó mi respuesta y me recordó que estaba trabajando y que no lo molestara, a lo que yo le contesté que yo también me encontraba trabajando y que ni su trabajo era más importante que el mío, ni el mío era más importante que el suyo", añade Raúl Solís, que fue requerido entonces por el policía para que se acreditara.
"Les facilité mi DNI y mi acreditación de periodista de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y, con muy malos modos, me tomaron los datos", explica Solís que, varios meses más tarde, recibió la notificación de apertura de un expediente sancionador.
"Me piden 150 euros, pero no es cuestión de dinero. Yo los puedo pagar, pero no me da la gana de pagarlos y no lo voy a hacer porque es manifiestamente injusto, ya que por lo que me denuncian es por ejercer mi profesión y mi derecho fundamental a la libertad de prensa, al derecho a la información y al libre ejercicio de la profesión periodística, consagrados como derechos fundamentales en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978", anuncia Raúl Solís, que reitera que "jamás me salté ningún cordón policial porque no lo había; o, si lo había, no estaba delimitado por ninguna señalización visual. Tampoco me dirigí a la Policía en tono despectivo".
El CPPA reitera su rechazo contra la 'Ley Mordaza'
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha vuelto a expresar su preocupación por el futuro informativo que se vislumbra en España como consecuencia de la Ley Mordaza e insiste en la necesidad de tener muy presente que el derecho a la información corresponde a la ciudadanía a través, precisamente, de los medios de comunicación y de los profesionales del periodismo.
De igual modo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha mostrado nuevamente su rechazo a la Ley Mordaza por considerar que atenta gravemente contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y, de manera especial, contra la libertad de información y de expresión, pilares esenciales en el ejercicio del periodismo.
“Los profesionales de la información pertenecientes al Colegio de Periodistas nos posicionamos en contra de la denominada Ley Mordaza, ya que contamos con medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos deontológicos, así como por la propia legislación vigente, que hacen absolutamente innecesaria esa Ley”, ha destacado la decana del CPPA, Eva B. Navarrete.
Igualmente ha reiterado el compromiso de la corporación por propiciar la derogación de los artículos de la norma que afectan al derecho constitucional a informar y anima a los grupos políticos a avanzar lo antes posible en la reforma de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana o su derogación, agilizando el trámite de enmiendas iniciado el pasado mes de marzo.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: RAÚL SOLÍS
FOTOGRAFÍA: RAÚL SOLÍS
